Festival de Mérida 2012-2015: contundente querella de la Fiscalía por no haberse sacado a concurso esos cuatro años

La acción de la acusación pública es consecuencia de la fundada denuncia del periodista José María Pagador

7 julio, 2022

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Monago y Nogales eran los máximos responsables entre 2011 y 2015. MONTAJE PROPRONews

El texto de la querella de la Fiscalía de Mérida presentada recientemente en los Juzgados correspondientes, sobre la adjudicación a dedo del festival de Mérida en el cuatrienio 2012-2015 (14 millones de euros) a Jesús Cimarro/Pentación -cuyo texto íntegro original reproducimos junto a esta información-, es claro y contundente y no deja lugar a duda. A expensas de lo que decida el juez, la Fiscalía denuncia, como mínimo, un posible delito de Prevaricación Administrativa (artículo 404 del Código Penal) y propone se realicen diversas diligencias, entre ellas, y como primera providencia, tomar declaración “en calidad de investigado”, a Pedro Blanco Vivas, director-gerente del Consorcio Patronato de dicho Festival. Dicha querella es consecuencia de la denuncia presentada en enero de este año por el director de PROPRONews, José María Pagador. El pasado 2 de julio este periódico publicó el siguiente adelanto sobre el asunto: Tras la denuncia de José María Pagador: querella de la Fiscalía contra los responsables del Festival de Mérida 2012-2015

Mérida.-

La querella de la Fiscalía de Mérida, firmada por la Fiscal María de la Montaña Lobato Cambero y dirigida al JUZGADO DECANO DE LOS DE MÉRIDA, para su adjudicación en reparto al que corresponda, empieza diciendo:

“EL FISCAL, en la condición de garante de la legalidad que le reconoce el artículo 124 de la Constitución Española, y de las atribuciones que le confieren los artículos 105 y 271 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tras la incoación de las presentes Diligencias Informativas por la presentación de denuncia (ex art. 262 Lecrim) ante la Fiscalía por parte de D. José Mª Pagador Otero, periodista de profesión, visto el contenido de las actuaciones, formula el siguiente escrito con valor de DENUNCIA por posible delito de Prevaricación Administrativa tipificado en el artículo 404 del Código Penal expresando los siguientes hechos:

PRIMERO: Los hechos denunciados hacen referencia a una presunta omisión de la normativa aplicable sobre adjudicación de concursos públicos en relación a la adjudicación a la entidad PENTACIÓN S.A. de la explotación del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida durante las ediciones de 2012 a 2015.

(…/…)

SEGUNDO: Los hechos descritos podrían ser constitutivos de un delito de Prevaricación Administrativa del artículo 404 del C.P., sin perjuicio de una posterior calificación jurídico penal de los hechos anteriormente enumerados a la vista de las diligencias de investigación que, en su caso, se practiquen”.

TEXTO ORIGINAL DE LA QUERELLA DE FISCALÍA

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INVESTIGACIÓN PENAL DE LA FISCALÍA

Entre ambos puntos, la Querella detalla las Diligencias de Investigación Penal llevadas a cabo por la Fiscalía desde enero hasta el 23 de junio, y que son las siguientes:

1.- Oficio de 9 de febrero dirigido a la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura.

2.- Oficio de 3 de marzo dirigido al Servicio de Promoción Cultural, dependiente de la Secretaría General de Cultura, Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

3.- Oficio de 3 de marzo dirigido a la Consejería de Presidencia de la Junta.

En los tres casos, “interesando que, por quien correspondiese, se informase sobre el procedimiento seguido para la adjudicación de la explotación del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida durante las ediciones 2012-2015, ambas inclusive, solicitando expresamente la remisión de los correspondientes expedientes administrativos, así como para que informasen sobre el procedimiento seguido para las ediciones 2016 y siguientes y las razones para el caso de que se hubiese seguido procedimiento diferente”. Como es público y notorio, en 2016, después de haber ganado de nuevo las elecciones en Extremadura el actual presidente, Guillermo Fernández Vara, el procedimiento de adjudicación volvió a la legalidad, convocándose el correspondiente concurso a partir de ese año inclusive.

Además del de Prevaricación Administrativa, podría haber otros posibles delitos.

El procedimiento se negoció sin publicidad, no hubo licitación y ni siquiera se invitó a otras tres empresas a presentar ofertas, como era obligado si había urgencia.

No existe resolución de adjudicación ni de delegación de la decisión de contratar, ni los documentos claves llevan firma.

Un simple funcionario, por alto que fuese su rango en el Patronato, no podía tomar la decisión de dar a dedo un contrato por un monto total de 14 millones de euros a una sola empresa.

SILENCIO Y RESPUESTAS NO ACORDE CON LO PEDIDO

Quien responde a estas peticiones de la Fiscalía es únicamente el Consorcio Patronato del Festival, pero sin que dicha respuesta se corresponda “con lo interesado por esta Fiscalía en cuanto únicamente se remitía el contrato finalmente formalizado con la entidad PENTACIÓN S.A.” en 2012, y prórrogas de 2013, 2014 y 2015, por lo que la Fiscalía volvió a enviar:

4.- Oficio de 8 de abril dirigido directamente al Consorcio Patronato, “a fin de que remitiese el EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO COMPLETO (al respecto se especificó los informes y documentos en concreto solicitados)”.

5.- Oficio de 8 de abril dirigido al Servicio de Régimen Jurídico y Tramitación, Secretaría General de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, para que “informase sobre el órgano competente para la contratación objeto de Autos y aportase el acuerdo de delegación”.

Ninguno de los órganos e instituciones requeridas contestó a los requerimientos de la Fiscalía, obviamente porque no existió procedimiento legal alguno para la adjudicación de la explotación del Festival durante dicho cuatrienio, ya que se adjudicó a dedo y sin concurso.

PROCEDIMIENTO NO AJUSTADO A DERECHO

El único que respondió a la Fiscalía, porque no le quedaba otra, ha sido el Consorcio Patronato del Festival, pero sin remitir tampoco lo solicitado por la Fiscal, por la misma razón.

Lo que ha aportado (o no) el Consorcio es:

a).- “Memoria explicativa” de la necesidad, en un “documento no firmado” de dos folios.

b).- “…lo que parece ser un modelo de solicitud de ofertas que” conforme a la normativa vigente “debía ser remitida al menos a tres empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato…”.

c).- “…el pliego de cláusulas administrativas particulares” detalladas en un folio, pero “se omite toda información y documentación relativa al grueso del procedimiento de licitación, pues no consta se haya dejado constancia en el expediente de las invitaciones cursadas a las distintas empresas”, ni “las ofertas recibidas (solo consta la remitida por PENTACIÓN (folios 81 a 83) como tampoco las valoraciones de las mismas y las razones para su aceptación o rechazo”.

d).- “Tampoco consta incorporada ninguna resolución de adjudicación”.

e).- “…tan solo se remite un informe presuntamente elaborado por don Pedro Blanco Vivas en fecha 22 de marzo de 2012 (no consta firma, folios 96 a 100), dirigido a la Consejera de Educación y Cultura y Presidenta del Consejo Rector -en aquellos años, Trinidad Nogales Basarrate-, en el que se describe el proceso de contratación seguido hasta su culminación con la adjudicación del contrato a PENTACIÓN S.A., pero sin ningún tipo de justificación documental acreditativa de lo referido en el mismo.”

MÚLTIPLES IRREGULARIDADES

De lo dicho y solicitado por la Fiscalía a los responsables se desprenden, además de la infracción de la normativa que obligaba al preceptivo concurso, una serie de graves irregularidades como:

1.- El procedimiento se negoció sin publicidad.

2.- No hubo licitación.

3.- Los documentos pertinentes son muy breves para la complejidad de contratos por importe total de 14 millones de euros y ni siquiera llevan firma.

4.- No se invitó a otras tres empresas a presentar ofertas, como era obligado por ley si la urgencia de la acción administrativa obligaba a obviar la convocatoria de concurso, aunque esto solo podría entenderse en la edición de 2012, ya que para las de los tres años siguientes había tiempo más que de sobra para convocar licitación pública.

5.- No existe resolución de adjudicación ni de delegación de la decisión de contratar, por lo que, por el momento, se ignora quién o quiénes dieron la orden expresa para que la explotación del Festival se adjudicara a dedo a Cimarro.

POSIBLES DELITOS ADEMÁS DE LA PREVARICACIÓN

La Fiscalía ya ha calificado inicialmente los hechos como un presunto delito de Prevaricación Administrativa del artículo 404 del Código Penal, norma que establece que se da dicho delito cuando “la autoridad o funcionario público, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo” y establece una “pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años”.

Pero, en su escrito, la Fiscalía dice textualmente, además, “sin perjuicio de una posterior calificación jurídico penal de los hechos anteriormente enumerados a la vista de las diligencias de investigación que, en su caso, se practiquen”.

La querella de la acusación pública insta al Juzgado a incoar “diligencias previas y se acuerde la práctica de las siguientes diligencias (tomar declaración como investigado a Pedro Blanco) y “las derivadas y complementarias”, “sin perjuicio de las que pudieran resultar ulteriormente pertinentes, además de las que por Ssª se pudieran acordar”. Es decir, que “se practiquen las diligencias solicitadas y aquellas otras que pudieran derivarse”, solicitud que la Fiscalía hace de manera reiterada en su escrito.

De todo ello podría deducirse -sin perjuicio de otras interpretaciones- que, además de la prevaricación, podrían aparecer otros ilícitos penales, tales como malversación de caudales públicos (de haber habido concurso y haber ganado una oferta más ventajosa, el erario público extremeño se habría ahorrado una buena cantidad de dinero) o tráfico de influencias, entre otros.

A Pedro Blanco 'le gusta' la información de PROPRONews sobre la querella que le afecta a él en primer lugar. CAPTURA DE TWITTER — A Pedro Blanco ‘le gusta’ la información de PROPRONews sobre la querella que le afecta a él en primer lugar. CAPTURA DE TWITTER

¿PEDRO BLANCO, CABEZA DE TURCO?

De momento, únicamente aparece en el escrito de la Fiscalía el nombre del Director Gerente del Patronato, Pedro Blanco Vivas, del que la querella solicita se le “reciba declaración en calidad de investigado”.

Es evidente que un simple funcionario, por alto que fuese su rango en el Patronato, como el director gerente, no podía tomar la decisión de dar a dedo un contrato por un monto total de 14 millones de euros a una sola empresa, de forma reiterada año tras año desde 2012 a 2015. No hay duda de que, de sus declaraciones, una vez sea requerido por el Juzgado -y como investigado no podrá mentir- surgirá el hilo de decisiones que, claramente, debieron de salir de lo más alto -presidente Monago y consejera Nogales-, sin contar el papel que jugaron (o no) la Intervención General y los Servicios Jurídicos de la Junta de Extremadura de entonces.

Se sospecha, asimismo, que en tales decisiones pudo participar de forma decisiva el entonces asesor y jefe de Gabinete de Monago primero en el PP y luego en la Presidencia de la Junta de Extremadura, Iván Redondo Bacaicoa, que parece ser la persona que introdujo a Jesús Cimarro en las instituciones autonómicas extremeñas, sin que este periódico haya podido confirmar nunca dicho extremo por la negativa de todos los nombrados, incluido el señor Redondo, a informar.

De no ser así, de reducirse estos hechos a la posible autoría exclusiva del director gerente -cosa inimaginable- Pedro Blanco se convertiría en el cabeza de turco de todo el asunto.

Por el momento, el señor Blanco, del que nos consta que sigue atentamente las informaciones de PROPRONews sobre el caso, ha clicado un “me gusta” en nuestra primera información sobre la querella compartida en Twitter, una de las redes sociales donde nuestro community manager administra y comparte nuestros contenidos. Interpretamos que, o bien al señor Blanco le hace gracia el asunto, o bien no le importa lo más mínimo, o bien quiere confesar tácitamente su acuerdo con lo que publicamos en nuestra anterior noticia sobre el caso, respecto a que él era “un mandado” y la responsabilidad real corresponde a sus jefes políticos y administrativos. Hemos querido averiguar de su boca tal extremo, así como la posible participación de dichos jefes políticos y administrativos en el abuso y las órdenes que le dieron, pero no hemos conseguido hablar con él. De todos modos, como siempre, estamos abiertos a publicar íntegra su versión de los hechos y su opinión sobre la querella de Fiscalía, si tiene a bien comunicárnoslas.

LA ACCIÓN DEL JUZGADO

Ahora corresponde al Juzgado de Mérida encargado del asunto seguir con las diligencias que la Fiscalía ha apuntado y con aquellas otras que el propio juez estime oportunas. De ahí se derivará la decisión o bien de archivar el caso -en el supuesto de que no viese materia penal, algo también inimaginable habida cuenta la gravedad de los hechos y la contundencia de la querella de la Fiscalía-, o bien de abrir el correspondiente proceso, que en principio podría afectar a personas no aforadas, como los señores Blanco, Nogales y otros, o remitirlo al Tribunal Supremo, dado que José Antonio Monago, por ser senador, goza del privilegio del aforamiento.

En cualquier caso, el escrito de la Fiscalía, fechado en Mérida el 23 de junio pasado, termina de la misma contundente manera como empezó:

“Por lo expuesto, EL FISCAL solicita se tenga por admitida la presente Querella, se incoen Diligencias Previas ante el Juzgado que por turno resulte competente, y se practiquen las diligencias solicitadas y aquellas otras que pudieran derivarse”.

Por nuestra parte, hemos solicitado al Juzgado Decano de Mérida información acerca de a cuál de los Juzgados de esa demarcación ha correspondido en reparto la querella de la Fiscalía, para seguir los pasos que se vayan dando e informar oportunamente de ello a nuestras lectoras y lectores.

(NOTAS:
Entre 2012 y 2022, hemos solicitado reiteradamente información sobre estos hechos a los señores Monago, Nogales Basarrate, Blanco Vivas, Cimarro, y al Consorcio del Festival, a fin de contrastar nuestras informaciones con dichas fuentes, sin que jamás hayamos tenido respuesta.
A continuación, los lectores encontrarán el largo hilo de las informaciones publicadas por PROPRONews sobre estos hechos y otros similares).