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2ª Denuncia: La adjudicación sin concurso del Festival de Mérida de 2012 a 2015 a Jesús Cimarro

Los millonarios contratos (3,5 millones de euros por año) fueron adjudicados a dedo por la Junta de Extremadura presidida por José Antonio Monago

Por PROPRONews

18 marzo, 2022

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Monago y Nogales Basarrate, responsables de la Junta y de Cultura entre 2012 y 2015. JUNTAEX

La explotación del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida fue adjudicada a dedo, obviando el preceptivo concurso público, por la Junta de Extremadura presidida por José Antonio Monago Terraza y con Trinidad Nogales Basarrate como consejera del ramo, a Jesús Cimarro/Pentación, durante las cuatro ediciones de aquel mandato entre 2012 a 2015. El importe del contrato en cada edición ascendió a 3,5 millones de euros incluida la taquilla (14 millones de euros de dinero público en total). Estos hechos, primero publicados y luego denunciados por el director de este medio, el periodista José Mª Pagador, están ya en manos de la Fiscalía de Mérida (Texto íntegro de la 2ª Denuncia por la adjudicación a dedo de la explotación del Festival de Mérida 2012 a 2015), que ha abierto las Diligencias de Investigación Penal 3/2022, por presunto delito de Prevaricación Administrativa del artículo 404 del Código Penal.

Mérida.-

En 2012, y con la excusa de poner fin a las irregularidades y presuntos delitos cometidos en la administración del Festival de Mérida en mandatos anteriores por responsables del Consorcio y de la Junta de Extremadura presidida por Guillermo Fernández Vara (hechos que han sido juzgados en parte, con las consiguientes condenas a alguno de sus responsables), el nuevo presidente, José Antonio Monago Terraza, y bajo los auspicios de su todopoderoso jefe de Gabinete, Iván Redondo Bacaicoa, decidió conceder a dedo, sin el preceptivo concurso público, la organización y explotación de dicho Festival al empresario teatral Jesús Cimarro (Pentación Espectáculos).

La Fiscalía de Mérida ha abierto las Diligencias de Investigación Penal 3/2022 por presunto delito de prevaricación administrativa.

La decisión, aun siendo ilegal, hubiese tenido alguna justificación, dada la urgencia de la medida, si se hubiese limitado al año 2012 y si hubiese respetado la legalidad, ya con tiempo suficiente, en los tres años siguientes, convocando la correspondiente licitación pública en las sucesivas ediciones. Pero no fue así. Por el contrario, los responsables del Consorcio Patronato y de la Junta de Extremadura persistieron reiteradamente en dicha ilegalidad en todos los años de aquel mandato, pese a la extraordinaria cuantía del presupuesto de la actividad, 3,5 millones de euros por edición, incluida la taquilla, es decir, alrededor de 14 millones de euros de dinero público en total.

No fue una excepcional medida de urgencia en 2012 para salvar el Festival, sino una ilegalidad reiterada durante todo el cuatrienio.

Desde el principio, José Mª Pagador solicitó a la Junta de Extremadura una explicación de estos hechos, que, junto a otras presuntas ilegalidades cometidas por dicha institución en ese período, como el desvío millonario de fondos de la Publicidad Institucional del gobierno autonómico (13,4 millones de euros) a los medios de menor difusión, y el despilfarro (más de 3 millones de euros), sobrecoste y adjudicación también sin concurso de los Premios Ceres al señor Cimarro, el periodista ha venido publicando reiteradamente en este medio -como se puede comprobar en el largo hilo de enlaces al final de esta información-, sin que en ningún momento fuesen atendidas sus incontables solicitudes de información.

Sobre dichas ilegalidades, el periodista solicitó reiteradamente información -por teléfono, correo electrónico, whatsapp e incluso a través de abogado- a las instituciones, cargos, empresas y personas responsables, a fin de contrastarla y poder informar con la mayor veracidad posible, sin obtener jamás respuesta.

Cuatro Festivales sin concurso, pero ellos se apuntaron a un triunfalismo falso. JUNTAEX

DENUNCIAS

José Mª Pagador, ante la gravedad de estos hechos y la persistente ausencia de respuesta o reacción de los responsables, pese a su difusión pública a través de PROPRONews, y dada la elevada cuantía del dinero público objeto de estas irregularidades e ilegalidades (30 millones de euros en total, en adjudicaciones a dedo, desvíos millonarios, despilfarros y sobrecostes) consideró que no bastaba con su mera publicación, dada su posible trascendencia legal y las posibles responsabilidades penales y civiles que de ello podían derivarse. Por eso tomó la decisión de formular tres denuncias ante la Fiscalía de Mérida (José María Pagador lleva a Fiscalía el despilfarro y el desvío de fondos públicos, las adjudicaciones sin concurso y las irregularidades en la publicidad institucional, el cambio a GOBEX, los Premios Ceres y el Festival de Mérida 2011-2015), la primera de las cuales, sobre el desvío de fondos de la publicidad institucional, hizo efectiva el pasado 11 de enero (1ª Denuncia: El desvío millonario de la publicidad institucional de Monago e Iván Redondo); la segunda, sobre la adjudicación a dedo de las cuatro ediciones del Festival de Mérida, que es objeto de esta información, fue presentada el 19 de enero pasado.

Terminado el mandato del señor Monago Terraza con la pérdida de las elecciones autonómicas en la primera oportunidad que tuvo de revalidarlo, el nuevo presidente, Guillermo Fernández Vara, tras un primer amago de volver a darlo a dedo al señor Cimarro, y asesorado seguramente por los servicios jurídicos de la institución, que debieron de advertirle de las posibles responsabilidades, decidió convocar finalmente el preceptivo concurso, poniendo fin al abuso de legalidad de los cuatro años anteriores.

DILIGENCIAS PENALES

El día 7 de febrero pasado, tres semanas después de presentada la denuncia, José Mª Pagador recibió, por correo electrónico, un Decreto de la Fiscalía emeritense, requiriéndole para que aportase información oficial de la Junta de Extremadura sobre la no convocatoria de concurso público para la adjudicación del Festival de Mérida entre 2012 y 2015, documento que, por error, el periodista había sugerido poseer en su denuncia, cuando en realidad se refería a la documentación oficial que la Presidencia de la Junta le remitió sobre la distribución de la Publicidad Institucional durante el período y sobre el derroche de los Premios Ceres (ya remitida con las restantes denuncias), dado que el formato de las tres era común en su parte general.

El periodista excusó su error ante la Fiscalía ese mismo día, expuso que la no convocatoria del concurso para el Festival 2012/2015, aunque no podía documentarla por ser algo que no sucedió, era un hecho de dominio público y, de todas formas, esa misma tarde telefoneó al presidente Fernández Vara, solicitándole un documento oficial sobre la ausencia de licitación pública. El presidente de la Junta respondió al periodista que, por cuestión de economía administrativa, no tenía sentido enviarle a él dicho documento, y manifestando su disposición a enviarlo a la propia Fiscalía en cuanto esta lo requiriera, indicando incluso que se le pidiera “directamente a la Junta y no al Patronato”, para mayor rapidez y eficacia, extremos que José Mª Pagador trasladó a Fiscalía por correo electrónico esa misma tarde, en cumplimentación de su Decreto.

José Mª Pagador reitera lo ya manifestado con ocasión de su primera denuncia sobre el desvío de fondos de la Publicidad Institucional a los medios de menor difusión:

“Cuando se producen hechos de esta naturaleza, en los que los políticos actúan al margen de toda razón y legalidad, no basta con que los periodistas los publiquemos. Comprendo que es difícil pedir a un profesional de la información que actúe de esta manera, pero, en mi caso, no podría dormir tranquilo si hubiese dejado estos hechos en el estricto ámbito de la información. Porque un periodista es, ante todo, un ser humano y un ciudadano, y, en mi criterio, y por encima de su deber profesional, está obligado a actuar, en defensa del interés general, como lo estoy haciendo yo. Nosotros hemos publicado reiteradamente estos hechos graves y escandalosos en PROPRONews según nuestras investigaciones avanzaban, a pesar de las incontables trabas, silencio y negativas de información de los cargos involucrados. Pero a los políticos (ir)responsables eso les da igual, incluso se ríen si el asunto no pasa del estricto ámbito informativo. Sin embargo, aquí hay posibles responsabilidades penales por presuntos delitos, y responsabilidades civiles por las grandes cuantías del dinero desviado y derrochado, daño que los presuntos responsables deberían, si así lo estima la Justicia, reparar también. Por eso, la vía legal es imprescindible para que hechos como estos no queden en agua de borrajas, para que sus autores respondan como deben si la Justicia así lo considera, y para que hechos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse.”

(PRÓXIMA INFORMACIÓN: 3ª Denuncia: El despilfarro, el sobrecoste y la ilegal adjudicación sin concurso de los Premios Ceres 2012-2015 a Jesús Cimarro. Texto íntegro de la 3ª Denuncia).

(NOTA: En la información aneja de esta misma fecha se reproduce el texto íntegro de esta segunda denuncia.

A continuación, los lectores encontrarán el largo hilo de las informaciones publicadas por PROPRONews sobre estos hechos y otros similares).