Demanda contra el Patronato del Festival de Mérida por la adjudicación a dedo a Cimarro de la edición de 2020

El mismo despacho de abogados que ya tumbó el concurso de adjudicación, anulado por la Comisión Jurídica de Extremadura, ha presentado el nuevo procedimiento en representación de una de las empresas afectadas

Por José María Pagador

9 mayo, 2020

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Cimarro y los responsables políticos del Festival, pendientes de la demanda de SEDA. JUNTAEX

El Consorcio del Patronato del Festival de Teatro Clásico de Mérida ha sido demandado por SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN DISTRIBUCIÓN ARTÍSTICA, S.L. (SEDA), una de las empresas optantes al nuevo concurso de adjudicación del Festival para otros cuatro años, que actúa en su nombre pero que también sirve de punta de lanza y cuenta con el apoyo de un sector del empresariado teatral español legítimamente interesado en la limpieza del procedimiento de Mérida, como de otros festivales, y en la igualdad de oportunidades para todos. Dicho concurso ya fue tumbado por la Comisión Jurídica de Extremadura en respuesta al recurso de otra empresa licitante, Klemark, a causa de las numerosas irregularidades contenidas en el pliego de condiciones. Medios teatrales extremeños y españoles creían unánimemente que el concurso estaba presuntamente amañado en favor de su actual adjudicatario, Jesús Cimarro, como así parece confirmarlo el hecho de que, tras la anulación del concurso, le fuese adjudicada nuevamente a dedo, sin respetar los procedimientos legales, la edición de 2020.

En los primeros meses de 2019, el Consorcio del Patronato del Festival de Teatro Clásico de Mérida, dependiente de la Junta de Extremadura y del que su presidente, Guillermo Fernández Vara, es el máximo responsable, sacó a concurso la explotación del Festival para el cuatrienio 2020-2023, dado que, terminada la edición de 2019, había expirado el contrato vigente hasta entonces con el empresario vasco/madrileño Jesús Cimarro. Dicho empresario venía explotando el Festival, con pingües beneficios, como ya ha publicado este periódico (Cimarro se forra con el Festival de Mérida), desde 2012, fecha en que le fue adjudicado a dedo durante cuatro años por el entonces presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago Terraza, contrato que le fue prorrogado por el nuevo presidente Fernández Vara en 2016 mediante un concurso que también suscitó alguna sospecha de parcialidad.

Las sospechas de que el contrato de explotación del Festival 2020-2023 estaba dado a dedo de antemano a Cimarro se generalizaron en el sector teatral español tras la prórroga de 2020.

Vencido el contrato en 2019, a principios de ese año el Consorcio sacó de nuevo el contrato a concurso, con un pliego de condiciones repleto de irregularidades que, como publicó este periódico, parecía amañado en favor de Cimarro (Escándalo en el Festival de Mérida: “amañado el contrato (15 millones de euros) en favor de Cimarro”). Como consecuencia de ello, las otras empresas licitantes recurrieron ante la Comisión Jurídica de Extremadura, lo que motivó la suspensión de la Mesa de Contratación (Continúa el escándalo: suspensión fulminante de la Mesa de Contratación del Festival de Mérida).

SOSPECHAS GENERALIZADAS

Las sospechas de que el contrato estaba dado a dedo de antemano a Cimarro se generalizaron, como publicó también este periódico (El nuevo contrato del Festival de Teatro de Mérida (15 millones) parece estar dado a dedo a Jesús Cimarro de antemano) que, por cierto, es el único que se atrevió a denunciarlo. Pronto, el recurso de las otras empresas licitantes tuvo los efectos que todo el mundo esperaba y la Comisión Jurídica de Extremadura anuló el concurso (La Comisión Jurídica tumba el concurso del Festival de Mérida 2020-2023).

La demanda destaca la ilegalidad de conceder a dedo, saltándose todos los procedimientos legales, una nueva prórroga a Cimarro por quinto año.

Y cuando se confiaba en que la Junta de Extremadura volvería al juego limpio y convocaría de inmediato el nuevo concurso para 2020-2023, desde el principio de igualdad de oportunidades para todos y con un nuevo pliego de condiciones libre de trucos y sospechas, en lugar de hacerlo con la mayor diligencia para posibilitar los plazos, con la excusa de salvaguardar el bien mayor de que el Festival de este año pudiese celebrarse dada la premura de fechas, volvió a adjudicar a dedo a Cimarro la edición de 2020 (ahora en el alero también por el coronavirus).

Fue esta decisión la que ha motivado la demanda que SEDA ha interpuesto con fecha 9 de marzo pasado, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Mérida. La demanda lleva la firma del mismo prestigioso bufete de abogados de Madrid que ya consiguió, en primer lugar, la suspensión de la Mesa de Contratación del Concurso, y en segundo lugar, la anulación del citado concurso habida cuenta de las numerosas irregularidades del mismo. Curiosamente, ningún otro medio se ha hecho eco de esta noticia hasta ahora, como tampoco antes publicaron las denunciadas irregularidades más que a posteriori, cuando ya PROPRONews las había difundido.

LA DEMANDA

Empresarios teatrales, compañías, directores y actores extremeños y españoles, según hemos podido sondear desde este periódico, en la sospecha unánime de que en el Consorcio del Festival de Mérida todo estaba decidido para seguir adjudicando su explotación a Cimarro, esperaban que las empresas licitantes perjudicadas reaccionarían de alguna manera. Y la reacción ha sido la fundamentada demanda de casi 40 folios sobre la que ahora tendrá que pronunciarse la Justicia.

La demanda de Recurso Contencioso Administrativo se ha formulado contra el “Acuerdo del Consejo Rector del Consorcio del Patronato del Festival Internacional de Teatro de Mérida de 30 de septiembre de 2019, por el que se aprobó la continuación de la gestión del servicio público del expediente de contratación 1/2016 Gestión de servicios públicos: “Dirección, organización, programación, realización artística y técnica, gestión, ejecución y liquidación de todas las actividades a realizar para la celebración del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida”, una vez vencido el plazo establecido en el contrato, para la realización de la anualidad del Festival de Teatro Clásico en la anualidad 2020, hasta la formalización del nuevo contrato de gestión de servicio público”. Los demandantes entienden que la prórroga por un quinto año a Cimarro es ilegal, entre otras cosas porque el contrato contemplaba únicamente una duración de dos años prorrogables por otros dos, prórroga que expiró al terminar la edición del Festival de 2019.

Otros expertos en materia de este tipo de contrataciones, consultados por este periódico, señalan que, dado que había tiempo desde el 16 de septiembre de 2019 (fecha en que la Comisión Jurídica de Extremadura comunicó a las partes la anulación del irregular concurso) para convocar el nuevo concurso para el cuatrienio 2020-2023 sin poner en peligro la edición de 2020, no se puede alegar, como hizo la Junta de Extremadura, la extrema necesidad o emergencia, para prorrogar a Cimarro por un quinto año.

Los términos de la demanda son contundentes, pidiendo la nulidad del presuntamente arbitrario acuerdo, “por dictarse prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. Adjudicación, sin procedimiento previo de licitación, del contrato de Concesión de Servicios de “Dirección, organización, programación, realización artística y técnica, gestión, ejecución y liquidación de todas las actividades a realizar para la celebración del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida”, una vez vencido el plazo establecido en el contrato anterior, para la realización de la anualidad del Festival de Teatro Clásico en la anualidad 2020. Vulneración de los principios de igualdad, publicidad, transparencia, libre concurrencia y defensa de la competencia. Infracción de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP)”.

Por todo ello, y después de una amplia y fundamentada argumentación jurídica, la demandante solicita al Tribunal la “nulidad (de la adjudicación a dedo para 2020), por haberse prescindido totalmente del procedimiento legalmente para la adjudicación y formalización de contratos del sector público o, subsidiariamente a su anulación, por incumplir la normativa de Contratos del Sector Público y los principios generales de la contratación pública y condenando en costas a la demandada”.

Según fuentes jurídicas consultadas por nuestro periódico, de ganar la demanda presentada y celebrarse el Festival explotado por Cimarro en 2020, la empresa demandante tendría incluso derecho a solicitar daños y perjuicios. PROPRONews ya adelantó en su momento esta y otras posibilidades de reclamaciones civiles (El Consorcio del Festival de Teatro de Mérida está cometiendo una ilegalidad que puede tener graves consecuencias). Si eso ocurriera, nuestro periódico solicitaría que la posible indemnización, al ser dinero público, saliese del bolsillo particular de los responsables políticos y administrativos.

(José Mª Pagador es periodista y escritor, y fundador y director de PROPRONews. Sus últimos libros publicados son 74 sonetos (poesía, Fundación Academia Europea de Yuste), Los pecados increíbles (novela, De la Luna Libros), Susana y los hombres (relatos, Editora Regional de Extremadura) y El Viaje del Tiburón (novela, Caligrama Penguin Random House).