Cada año las numerosas instituciones españolas –Jefatura del Estado, Gobierno, Comunidades Autónomas, Diputaciones, Ayuntamientos, etc.- gastan centenares de millones de euros en publicidad institucional que en muchas ocasiones se distribuyen de manera arbitraria, según el trato que el medio da al político de turno. Otras veces ese dinero se destina a medios inviables que sobreviven a costa del erario público. Instituciones como la Junta de Extremadura cuando estaba Monago al frente, “premian” al medio afín y ocultan la distribución que hacen del dinero entre los diferentes medios. Muchas otras actúan de modo similar. Y buena parte de ese dinero es un verdadero despilfarro.
Solo el Gobierno, es decir, la Administración General del Estado y las empresas dependientes, gastará este año más de 200 millones de euros en publicidad institucional (https://dircomfidencial.com/). Del conjunto de las administraciones públicas –juntas y gobiernos autonómicos, empresas y agencias públicas dependientes, asambleas y parlamentos regionales, diputaciones provinciales, mancomunidades, ayuntamientos etc.- se puede calcular que gastan, como mínimo, el doble. Estaríamos hablando, pues, de una cifra posiblemente en torno a los 500 o 600 millones de euros, es decir, 100.000 millones de las antiguas pesetas. Eso, solo en lo relativo a la publicidad y los patrocinios, es decir, sin contar las subvenciones y ayudas concedidas por diferentes conceptos. Para muestra, un botón: solo la Comunidad de Madrid gobernada por Esperanza Aguirre gastó en publicidad 220 millones de euros entre 2008 y 2011, más de la mitad de lo que invirtió el Estado central en el mismo período.
Cataluña amenaza con quitar subvenciones a los medios que no admitan publicidad del referendum ilegal.
Según la normativa, esta publicidad ha de distribuirse entre los diferentes medios de acuerdo a cuestiones puramente técnicas, de manera equitativa y en función de la difusión de cada uno. Este principio sin embargo no se respeta muchas veces y el gobierno o el político “responsable” distribuye la publicidad, los patrocinios y las ayudas de forma arbitraria, premiando a los medios afines y promoviendo bien la información laudatoria o las campañas encubiertas de lavado de imagen, bien la omisión de noticias y cuestiones negativas para al político-anunciante. Un ejemplo clarísimo de lo que decimos es la reciente moción que Junts pel Sí y la CUP han aprobado en el Parlamento catalán para negar subvenciones a los medios que no admitan publicidad del referendum ilegal.
EL CASO DE EXTREMADURA
Otro caso paradigmático es el de la Junta de Extremadura y, por ejemplo, el apoyo injustificado prestado por el anterior presidente, José Antonio Monago, a El Periódico Extremadura, perteneciente al Grupo Zeta. La historia es así. A comienzos de la segunda década de este siglo, el entonces director de El Periódico Extremadura, Antonio Tinoco Ardila, cesaba en su cargo. El periodista se marchó del medio, según confesión propia, para no tener que liderar un ERE impuesto por la empresa, por el que se iba a la calle un grupo de profesionales de dicho medio. Poco después, sin embargo, El Periódico Extremadura contrató como comentarista político al periodista Antonio Cid de Rivera, en paro a la sazón y proveniente de HOY, el periódico de la competencia en la región. La contratación de un nuevo periodista por un medio de escasísima difusión y que acababa de hacer un ERE sorprende y extraña en la región. Gobernaba entonces en Extremadura José Antonio Monago Terraza, del PP. Si se leen los artículos del señor Cid de Rivera desde los primeros que publica en abril de 2014 hasta que Monago pierde las elecciones, se verá el sesgo favorable a los intereses del entonces dirigente autonómico y luego otra vez candidato del PP. En uno de aquellos primeros artículos titulado “A un año vista”, pronosticando los resultados de las elecciones autonómicas que tendrían lugar en 2015, Cid de Rivera decía que “a un año vista las encuestas que se manejan son favorables a Monago” y añadía “el PSOE por su parte no acaba de encontrar su sitio en la oposición”. Y al final de ese período, un año después de aquel temprano vaticinio, días antes de las elecciones de 2015 que ganó el PSOE, el agudo periodista pronosticaba que el PP revalidaría la mayoría en Extremadura y el PSOE caería 13 puntos en relación con las de 2011.
Por aquellas fechas, quien esto escribe comentó con el entonces candidato socialista, Fernández Vara, la parcialidad de los artículos del colega. “Antonio Cid de Rivera –me dijo Vara- ha sido fichado por El Periódico Extremadura mediante un contrato de prestación de servicios, (es decir, como periodista externo), gracias a una subvención o ayuda de la Junta de Extremadura concedida por Monago”.
EL SILENCIO DE LA JUNTA
Este periodista solicitó por aquellas fechas al entonces presidente de la Junta, José Antonio Monago, información sobre este extremo y sobre la distribución de publicidad entre los diferentes medios extremeños. Medios como el periódico HOY o la Cadena SER, con una difusión que triplicaba y cuadruplicaba la de El Periódico Extremadura, se veían perjudicados porque, según se quejaban sus directivos en privado y en público, la parte del león de la publicidad institucional de la Junta de Extremadura se la llevaba El Periódico Extremadura –entonces claramente proclive a Monago, hasta el punto de que a este periodista le censuró Miguel Ángel Muñoz, su entonces director, artículos críticos con el entonces presidente, lo que motivó mi inmediata renuncia a seguir colaborando en dicho periódico-. El Periódico Extremadura, con una difusión media de poco más de 3.000 ejemplares, sobrevive con muchas dificultades a pesar de ese trato privilegiado de la Junta, que, al parecer –no hemos podido averiguar aún las cifras por la negativa de la institución a facilitárnoslas- destinaba a ese medio una cantidad desorbitada de dinero para su difusión real, en detrimento, por ejemplo, de HOY, cuya difusión triplica a la de aquel.
Ante estos hechos, y antes de las elecciones autonómicas de 2015, el entonces candidato del PSOE, Guillermo Fernández Vara, se comprometió con quien esto escribe a facilitarme la distribución de la publicidad institucional y de las subvenciones y ayudas a los medios efectuada por Monago durante la legislatura que gobernó, a fin de poder elaborar nosotros y hacer pública la información correspondiente. Pero fue ganar las elecciones Vara y el contagio de silencio le afectó de inmediato a él.
Desde 2015 este periodista ha solicitado reiteradamente a la Junta de Extremadura gobernada por Vara -tanto por correo electrónico a su Gabinete y al departamento de comunicación de la Junta, como por teléfono y por whatsapps enviados a él y a su jefe de Prensa, José Damián Morcillo González, quien curiosamente trabajó con anterioridad para El Periódico Extremadura, del que llegó a ser subdirector- dichos datos, sin que ni uno ni otro hayan respondido a nuestros requerimientos.
DINERO PÚBLICO SIN ESPECIFICAR PARA MEDIOS PRIVADOS
La Junta, para denegarnos esa información, ha alegado que tiene el amparo de la normativa sobre protección de datos. Pero ¿en qué cabeza cabe que los ciudadanos no puedan saber la distribución del dinero de sus impuestos entre los medios de comunicación de una región cualquiera, en este caso Extremadura, máxime cuando hay sospechas de que esa distribución es arbitraria y busca comprar voluntades? ¿Y en qué cabeza cabe que se oculten datos públicos relativos a entes, como los medios de comunicación, cuya finalidad es precisamente hacer públicos los datos y los chanchullos de los demás e informar sobre todo lo que se ponga por delante?
Pero se da la circunstancia, además, de que Antonio Cid de Rivera, el periodista contratado entonces por El Periódico Extremadura, según Vara gracias a una subvención de la Junta presidida por Monago, ha sido luego nombrado director de dicho medio con el socialista ya en el cargo. Y se da la circunstancia también de que Vara y Cid de Rivera son los dos de Olivenza, se conocen de siempre y ahora se llevan muy bien, como antes se llevó el colega con Monago.
Cientos de millones de euros cuesta cada año la publicidad de las instituciones españolas.
Extremadura sigue siendo de las comunidades más restrictivas en materia de dar este tipo de información. Mientras que el Gobierno nacional del PP publica sin tapujos la distribución de la publicidad gubernamental entre los diferentes medios de prensa escrita, radio y televisión, en el caso de Extremadura eso no es posible ni con el PP ni con el PSOE. Extremadura tiene una ley de transparencia autonómica que en algunos aspectos, como este de la publicidad institucional en los medios, es ocultista y antidemocrática. Esta ley obliga a hacer público el total del dinero destinado a publicidad institucional, pero sin más detalles. Al contrario, por ejemplo, de Cataluña o Valencia, donde se está obligado a especificar los pormenores del gasto destinado a cada medio.
TAPAR BOCAS
Además de la publicidad gubernamental o autonómica, las instituciones disponen de otra amplia panoplia de ayudas a los medios de comunicación que, en ocasiones, también sirven para tapar bocas o comprar voluntades. Dichas ayudas pueden ser directas –en forma de subvenciones para la adquisición de papel-prensa, renovación tecnológica, nuevos productos o actividades, por ejemplares difundidos, por participación en objetivos o campañas políticas, etc- e indirectas –exoneración de impuestos, reducción de tarifas oficiales, créditos oficiales privilegiados y otras muchas más-. Es decir, el poder –corrupto en tantas cosas y sospechoso también en ésta- dispone de un variado abanico de opciones para influir en los medios afines y atraer a los díscolos. De modo que hay medios que silencian o aminoran ciertas informaciones negativas para determinadas instituciones o dirigentes políticos, o loan cuestiones secundarias alusivas a los mismos, haciendo la pelota de manera vergonzante e indigna.
De hecho, no pocos medios –sobre todo los de papel- sobreviven gracias a la publicidad y a las ayudas institucionales, capítulo que tiene una importancia capital para su cuenta de resultados.
Por nuestra parte, seguiremos insistiendo para que la Junta de Extremadura nos facilite la información que le hemos solicitado reiteradamente al propio presidente Vara en persona y a su jefe de comunicación. Los lectores, los ciudadanos, tienen derecho a conocer la distribución de publicidad por medios y por años durante la legislatura que gobernó Monago y durante los dos años que lleva Vara presidiendo la comunidad en este período; como lo tienen en el resto de las comunidades autónomas. Si siguen sin contestar, nos plantearemos recurrir a los tribunales. Desde aquí instamos ya al fiscal superior de Extremadura para que actúe de oficio y exija la entrega de dichos datos, que tienen y deben tener carácter público. Por nuestra parte, abundamos nuevamente en la sospecha de que esta connivencia en diferido de Vara con la arbitrariedad de Monago durante su presidencia en materia de publicidad institucional, obedece al apoyo que el PP le ofrece en la Asamblea de Extremadura cuando Vara no quiere la ayuda de Podemos, pese a que la izquierda tiene mayoría absoluta en dicha institución. De este modo, y gracias a la abstención del PP, Vara ha conseguido sacar adelante los presupuestos de 2016 y 2017, que podrían haber sido mucho más avanzados y sociales de haber pactado con el partido morado.
(NOTAS: 1.- Durante los últimos seis años –cuatro con Monago y dos con Vara de presidentes- la Junta de Extremadura nos ha negado sistemáticamente la información sobre la distribución de la publicidad institucional entre los medios, a pesar de las reiteradas peticiones cursadas por nosotros en este sentido por email y whatsapp.
Asimismo, el 17 de julio hemos recabado también por email a El Periódico Extremadura su versión de los hechos que ofrecemos en esta información, a fin de contrastarlos con dicho medio, sin que a fecha de hoy se haya dignado contestar.
2.- PROPRONews no admite publicidad pública ni privada ni subvenciones o ayudas de ninguna clase. Nuestra independencia es lo primero).