La actitud del productor teatral Jesús Cimarro, dueño de la empresa Pentación Espectáculos, en relación con el Festival Internacional de Teatro Clásico (Grecolatino) de Mérida, “no es ética por dos conceptos, primero, por aceptar sin el menor escrúpulo un concurso que le beneficia claramente a él y, segundo, por no haber recurrido esa condición irregular que solo le beneficia a él, en lugar de velar por los intereses de todas las empresas del sector al que representa como presidente de las asociaciones empresariales del ramo”. Esta es la opinión de diferentes empresas teatrales de España consultadas por este periódico.
Jesús Cimarro Olabarri, productor teatral y dueño de Pentación Espectáculos, director y organizador del Festival Internacional de Teatro Clásico (Grecolatino) de Mérida –del que, por razones de interesado gancho populachero lamentablemente se ha caído el apellido Grecolatino- lleva ya, con esta edición de 2019, nada menos que ocho años al frente de este evento-negocio millonario (30 millones de euros para el período 2020/2023) que le reporta pingües beneficios directos e indirectos –también a través de sus teatros de Madrid y de sus intereses fuera de Extremadura que asimismo se ven beneficiados por el “efecto Festival de Mérida”-, y que desde 2012 le viene siendo concedido primero a dedo por los presidentes de la Junta de Extremadura José Antonio Monago y Guillermo Fernández Vara, y luego, a partir de 2016, mediante concurso sobre el que también recaen sospechas de parcialidad, como han recaído en el nuevo convocado para el próximo cuatrienio, cuyo plazo de presentación de proyectos terminó el pasado día 22, que ha sido recurrido por dos de las empresas licitadoras y cuya Mesa de Contratación ha sido suspendida fulminantemente por esta causa. Un escándalo destapado en exclusiva por este periódico los pasados días 20 (Escándalo en el Festival de Mérida: “amañado el contrato (15 millones de euros) en favor de Cimarro”) y 24 de junio (Continúa el escándalo: suspensión fulminante de la Mesa de Contratación del Festival de Mérida), y del que, al cabo de una semana, han empezado a hacerse eco también los medios convencionales.
Doble incumplimiento ético del presidente por aceptar un concurso presuntamente amañado y por no defender los intereses del resto de asociados del sector.
Como los lectores saben ya por nuestras informaciones anteriores, los recursos –que tienen muchas posibilidades de prosperar, según fuentes jurídicas solventes- y la consiguiente suspensión de la Mesa de Contratación que iba a adjudicar el concurso, convocada para ayer día 25 de junio –por el momento ha sido aplazada sine die hasta que el órgano correspondiente resuelva- se basan en la irregularidad contenida en el pliego de condiciones que exige que la “solvencia económica” de los licitadores se ciña a la experiencia y ámbito de la “organización de un Festival de Teatro Clásico en un recinto monumental”, algo que jamás se había exigido antes cuando Cimarro aún no tenía esta experiencia y “requisito” que ahora solo “cumple” él, lo cual rompe de manera manifiesta el principio de igualdad de oportunidades y de libre concurrencia. De hecho, el pliego de condiciones en este punto “parece expresamente diseñado para adjudicar el concurso directamente a Cimarro”, según fuentes jurídicas consultadas por nuestro periódico.
NO DEFIENDE AL SECTOR
Para otras empresas del sector del teatro de España, que por el momento prefieren guardar el anonimato, la aceptación de este “requisito” abusivo y excluyente afecta seriamente a la reputación de Jesús Cimarro como empresario teatral, dado que un profesional de su nivel no debería aceptar un “enjuague tan burdo en su favor”. Pero es que, además de empresario teatral, Cimarro es el máximo representante del sector tanto en Madrid como a nivel nacional.
Empresas del sector que él preside señalan que debería dimitir de sus cargos patronales puesto que no defiende el principio de igualdad de oportunidades para los demás.
Jesús Cimarro es, en efecto, presidente de la Asociación de Productores y Teatros de Madrid (APTEM https://www.aptem.es/), presidente de la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza (FAETEDA https://www.faeteda.org/es/) que agrupa a los empresarios españoles del ramo, y presidente de la Academia de las Artes Escénicas de España (https://academiadelasartesescenicas.es/listado_academicos.php). Es decir, el señor Cimarro es el presidente de la patronal madrileña y española del sector de los teatros la producción teatral y, como tal, “está obligado a defender los intereses del conjunto de los asociados y, por tanto, a impugnar cualquier anomalía que pudiera detectarse en la contratación, concesión o concurso que beneficie a unos asociados en detrimento de los demás, como ocurre en este caso, en el que, además, la tacha ética es doble, por ser él el directo beneficiado del chanchullo y por no haberlo recurrido en defensa de todos los demás”, señalan empresas del sector, que consideran que, aparte de que el concurso de Mérida debería ser anulado y convocado de nuevo respetando el principio de igualdad y de libre concurrencia, “el señor Cimarro debería dimitir de sus cargos al frente del sector, puesto que con su actuación en este caso ha quedado desacreditado a efectos de defender los intereses generales del mismo”.
(PRÓXIMAMENTE seguiremos informando sobre otros aspectos oscuros del Festival).
(José Mª Pagador es periodista y escritor, y fundador y director de PROPRONews. Su último libro publicado es la novela El Viaje del Tiburón – Caligrama Penguin Random House).
SOBRE EL AUTOR
José Mª Pagador y Rosa Puch, casi 100 años de periodismo
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