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Todos los ciudadanos somos responsables de nuestros actos, no solo por lo que atañe a nuestra esfera personal, sino también -y sobre todo- por la influencia y el efecto que nuestra conducta pueda tener en los demás. Entre todos los ciudadanos, hay dos grupos cuya responsabilidad es mayor: los políticos y los periodistas. A los políticos les exigimos todos los días, y con todo el derecho, que ejerzan su responsabilidad y sean justos, eficaces y prudentes, y más en una situación como la actual. Los periodistas no solo debemos ser responsables, críticos y veraces al máximo, sino también completamente rigurosos con lo que escribimos y publicamos y, desde luego, críticos, ante todo, con nosotros mismos. Hoy hago mi propia crítica y reconozco ante todos mis lectores y lectoras que yo también me equivoqué, que menosprecié públicamente la letalidad del coronavirus, corrí riesgos ciertos y publiqué informaciones que no debieron ver la luz.

El coronavirus y las medidas económicas, fiscales y sociales que ha tomado el Gobierno para paliar el brutal desempleo generado, unidas a los cierres de empresas, los ERTES y los ERES, la avalancha de solicitudes de prestaciones, las dificultades para aplicar una normativa de emergencia surgida en cuestión de días y el inicio de la campaña de la Renta 2019 junto con el plazo de IVA y retenciones del primer trimestre, todo ello representa un enorme reto para los profesionales encargados de gestionarlo y resolver dudas y trámites de todo tipo, que se ven absolutamente desbordados por la avalancha de trabajo, con la dificultad de que todo ha de hacerse telefónicamente, en modo online o por correo postal.