El pasado 19 de enero, el periodista y director de este periódico, José Mª Pagador, denunció ante la Fiscalía de Área de Mérida la adjudicación a dedo a Jesús Cimarro/Pentación, sin el preceptivo concurso público, del Festival de Mérida en sus cuatro ediciones de 2012 a 2015, por parte del Consorcio Patronato de dicho Festival y de la Junta de Extremadura, bajo el mandato de su presidente, José Antonio Monago Terraza, y su consejera de Educación y Cultura, Trinidad Nogales Basarrate. Reproducimos a continuación el texto íntegro de la denuncia.
Mérida.-
A LA FISCALÍA DE ÁREA DE MÉRIDA
SOBRE POSIBLES DELITOS EN LA ADJUDICACIÓN DIRECTA Y SIN CONCURSO POR PARTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y SU ORGANISMO DEPENDIENTE, EL CONSORCIO DEL PATRONATO, DE LA EXPLOTACIÓN DEL
FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO CLÁSICO
DE MÉRIDA
EN LAS CUATRO EDICIONES DE 2012 A 2015 (EN TORNO A 3,5 MILLONES DE EUROS POR EDICIÓN O 14 MILLONES DE EUROS EN TOTAL, INCLUIDA LA TAQUILLA) AL EMPRESARIO TEATRAL D. JESÚS CIMARRO Y SU EMPRESA PENTACIÓN ESPECTÁCULOS, BAJO EL MANDATO DE D. JOSÉ ANTONIO MONAGO TERRAZA, COMO PRESIDENTE DEL EJECUTIVO EXTREMEÑO, Y Dª TRINIDAD NOGALES BASARRATE, COMO TITULAR DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO, LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
JOSÉ MARÍA PAGADOR OTERO, DNI ………., periodista, director del periódico digital PROPRONews, en su triple calidad de profesional de la información, ciudadano y contribuyente de Extremadura, en su afán de salvaguardia del interés público y de respeto a la norma que obliga a poner en conocimiento de la autoridad correspondiente aquellos posibles delitos de los que se tenga constancia, se dirige a esa Fiscalía de Área de Mérida para exponer lo que sigue a continuación.

ACLARACIÓN PREVIA SOBRE EL RETRASO DE ESTA COMUNICACIÓN
Como profesional de la información en ejercicio, y ante la evidencia de que durante el mandato de D. José Antonio Monago Terraza como presidente de la Junta de Extremadura se adjudicó directamente a D. Jesús Cimarro/Pentación Espectáculos, sin el preceptivo concurso público, la explotación del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida durante las ediciones de 2012 a 2015, ambas inclusive (a razón de unos 3,5 millones de euros por edición o 14 millones de euros en total incluida la taquilla, sin contar los llamados Premios Ceres de Teatro, organizados también dentro de la programación del Festival por importe de otros casi 3 millones de euros y concedidos igualmente al mismo adjudicatario sin el preceptivo concurso público, asunto con entidad propia relacionado por el que suscribe en otra comunicación a esa Fiscalía), con palmaria infracción de los procedimientos sobre adjudicación de contratos que obligan a las Administraciones Públicas y grave menoscabo del interés general, impidiendo la posibilidad de ahorro que hubiera supuesto para las arcas públicas una oferta económica mejor en un concurso de libre concurrencia, inicié una investigación periodística para esclarecer dichos hechos y poder publicarlos con veracidad, para lo cual me dirigí en primer lugar a la Junta de Extremadura.
Sin embargo, desde el principio de mi investigación en 2012, la Junta de Extremadura, tanto durante el mandato del señor Monago Terraza, como durante el siguiente mandato de D. Guillermo Fernández Vara, hizo caso omiso de mis reiteradas solicitudes de información, que realicé incluso por mediación de letrado, una información que estaban obligados a facilitarme por ser datos oficiales y asuntos de interés público, y ser yo un profesional de la información perfectamente facultado para realizar mi trabajo. Con esa pertinaz resistencia a facilitarme dichos datos, la Junta de Extremadura incumplió durante ocho largos años la normativa vigente en materia de transparencia de las instituciones públicas. Probablemente creyeron, erróneamente, que yo me cansaría y terminaría desistiendo. Finalmente, avanzado el año 2019, el señor Fernández Vara, después de advertirle que solicitaría dicha información por vía judicial, y después de publicar yo diversas informaciones criticando públicamente su incumplimiento, cedió finalmente a mis requerimientos y me facilitó de manera oficial, por fin, la información solicitada.
Al considerar que esos hechos podían ser constitutivos de delito, y en cumplimiento de mi deber ciudadano, decidí dar traslado de los mismos a esa Fiscalía. Mi propósito inicial era personarme ante la misma para poner estos hechos en su conocimiento de manera presencial. No obstante, la irrupción de la epidemia de coronavirus, los meses iniciales de confinamiento, las sucesivas olas de la pandemia y el hecho de residir fuera de Extremadura, me hicieron posponer mi personación, para eludir posibles riesgos de contagio para ustedes y para mí. Esta ha sido la causa del retraso de esta comunicación que, ahora, y después de desistir nuevamente de comparecer personalmente ante esa Fiscalía a causa de la gravedad de la sexta ola de la pandemia, les remito por correo ordinario y electrónico, con mis disculpas por la demora de haber dilatado durante dos años la puesta en conocimiento de estos
HECHOS
1º.- D. José Antonio Monago Terraza fue presidente de la Junta de Extremadura entre el 7 de julio de 2011 y el 4 de julio de 2015 y, como tal, máximo responsable del Consorcio del Patronato del Festival de Mérida.
2º.- Dª. Trinidad Nogales Basarrate fue consejera de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura y, por tanto, responsable directa del citado Consorcio, por pertenecer este al área de su departamento, durante el mismo período.
3º.- Hasta 2011 inclusive, la Junta de Extremadura y el Consorcio, bajo el mandato de los anteriores presidentes, gestionaron directamente el Festival de Teatro Clásico de Mérida, nombrando a los respectivos responsables (director, gerente, etc.), con la correspondiente asignación de salario a cada uno de ellos, siempre dependientes de la Administración Pública.
4º.- Durante los años anteriores a la gestión del señor Monago Terraza como presidente, en la gestión del Festival y su Consorcio se produjeron graves irregularidades presuntamente delictivas que, como sabe esa Fiscalía, dieron lugar a diversos procedimientos penales ya sentenciados o en curso.
5º.- Al llegar los señores Monago y Nogales a la presidencia de la Junta y a la Consejería de Cultura, respectivamente, denunciaron dichas irregularidades, lo que abrió el camino a los procedimientos legales que se abrieron a continuación entonces.
6º.- Con la excusa de poner fin a las ilegalidades anteriores y al desastre económico en que había caído el Festival, los señores Monago y Nogales, y con acuerdo del pleno del gobierno de la Junta de Extremadura, decidieron privatizar o externalizar el evento.
7º.- Tal decisión habría sido consecuente con la causa por la que se tomaba si, al ejecutarla, se hubiesen respetado los procedimientos a que la ley obliga a las Administraciones Públicas cuando se trata de fondos públicos, en cuyo caso no estaríamos hoy exponiendo este asunto ante esa Fiscalía. Pero, lejos de ello, la Junta de Extremadura y el Consorcio adjudicaron directamente, sin el preceptivo concurso público, la explotación del Festival en sus ediciones de 2012 a 2015, ambas inclusive, por un importe total en torno a los 14 millones de euros (sin incluir los premios Ceres que, por su especificidad, son objeto de otra comunicación del abajo firmante a esa Fiscalía), a D. Jesús Cimarro/Pentación Espectáculos.
8º.- Con estas acciones se conculcó flagrantemente la normativa vigente en materia de concursos públicos, que impide la adjudicación a dedo cuando se trata de contratos de esta naturaleza y por tan elevado importe, y se marginó al resto de los empresarios teatrales españoles y se despreció su derecho a concurrir en un procedimiento contractual financiado con cuantiosos fondos públicos.
9º.- Con ellas, se privó, además, al erario público extremeño, de realizar la explotación del Festival en condiciones posiblemente más ventajosas, de haber podido concurrir otras empresas y haber podido ganar alguna de ellas con una oferta mejor, con el consiguiente ahorro para las arcas públicas.
10º.- Los hechos descritos en esta comunicación son perfectamente verificables y de dominio público, y fueron corregidos de inmediato por la siguiente Administración, que en 2016 y años sucesivos, hasta el actual, inclusive, sacó a concurso, como era preceptivo, la adjudicación del Festival.
CONSIDERACIÓN FINAL
Algunos gobernantes y cargos públicos tienen un sentido de la administración y la política basado en la arbitrariedad y el abuso de los medios públicos. La falta de respeto a la ley a la que estamos obligados todos y, muy especialmente, las Administraciones Públicas, y la altanería e impunidad con que algunos la infringen en materia de contratos, además de un claro perjuicio a las arcas públicas, constituye un escándalo que desacredita a los poderes públicos y a la democracia.
Como ciudadano y como periodista he sentido siempre la necesidad, además de informar fielmente de lo que sucede, de denunciar en los medios en los que he ejercido mi profesión y también, cuando ha sido necesario, ante la Justicia, los abusos de poder y los hechos presuntamente delictivos de los que he tenido conocimiento, como hago en este momento, en la confianza de que esa Fiscalía tomará en consideración lo aquí expuesto, lo investigará y, si lo estima procedente, iniciará procedimiento o lo trasladará a la instancia judicial correspondiente.
En….., a 12 de enero de 2022
Fdo. José Mª Pagador Otero/Periodista/DNI…
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