La discriminación del paciente por su edad, un atropello y un crimen

Hay que rechazar la idea supremacista de que una persona de 95 años no es igual que una de 20 a efectos de sus derechos sanitarios

Por Elia De Ros

19 junio, 2021

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Decenas de miles de ancianos murieron solos y sin atención hospitalaria en las residencias. RTVE

¿Es igual, a efectos de atención sanitaria, un recién nacido que una persona de 20 años, o es igual un joven de 20 que una persona de 40? ¿En caso de colapso hospitalario, debe priorizarse al de menor edad y dar preferencia al recién nacido sobre el joven de 20, que, evidentemente, tiene una expectativa de vida veinte años menor que el primero, o al de 20 sobre el de 40, por lo mismo? Si una respuesta afirmativa a estas preguntas se consideraría aberrante, ¿por qué se admite que no es lo mismo que se muera una persona de 95 años que una de 20, como apuntó recientemente Fernando Simón, lo cual, aparte de una patochada, es la expresión suprema de la discriminación del paciente por su edad? ¿Puede una sociedad avanzada permitir que los mayores mueran solos y sin atención hospitalaria en sus residencias, como ha ocurrido en España durante la pandemia, porque ellos hayan dejado de ser prioritarios para algunos a causa de su edad? ¿Podemos seguir tolerando que se difunda esta idea injusta y cruel?

Madrid.-

Al menos 30.000 mayores han muerto en España en sus residencias a causa de la epidemia de coronavirus, en una terrible soledad sin familiares, sin atención médica adecuada en la inmensa mayoría de los casos, sin ser trasladados a hospitales con diferentes “excusas”, porque la prioridad en los servicios disponibles eran las personas de menor edad.

Circuló por España la idea, admitida por muchos, de que a los mayores había que dejarlos a un lado.

Con motivo del colapso que empezaron a sufrir los servicios de urgencia y las UCIs de los hospitales, de la falta de medios y de respiradores para todos, circuló por España la idea, admitida por muchos, de que a los mayores había que dejarlos a un lado porque, por su edad o por sus patologías, tenían la muerte más cerca y había que priorizar a los enfermos más jóvenes, que eran, según esta injusta filosofía sanitaria, los que mayor expectativa de vida tenían o mayores opciones de curarse.

Lo peor ocurrió durante la primera ola. En las primeras semanas de la catástrofe sanitaria del coronavirus murieron prácticamente sin atención médica dos tercios del total de mayores fallecidos en sus residencias, es decir, alrededor de 20.000 personas, y de ellas, más de 6.000 fallecieron aquí en Madrid.

UN AÑO DESPUÉS, LO MISMO

Ha pasado más de un año desde aquello y aún se sigue cuestionando el derecho de los mayores a recibir una atención sanitaria hospitalaria en igualdad con los pacientes de menor edad. Recientemente, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, del Ministerio de Sanidad -tan buen profesional por otra parte en lo suyo-, tuvo la osadía de decir que “no es igual que se muera una persona de 95 años que una de 20”.

Ha pasado más de un año y aún se sigue cuestionando el derecho de los mayores a recibir una atención sanitaria hospitalaria en igualdad con los pacientes de menor edad.

Lo que encierra esta declaración conecta directamente de modo tácito -aunque haya sido de forma involuntaria- con lo ocurrido en las primeras semanas y meses de la pandemia, cuando empezó a extenderse la idea de que los respiradores y las UCIs debían destinarse a los pacientes con mayor posibilidad de supervivencia, es decir, a los de menor edad.

Fernando Simón dice que no es igual una persona de 95 años que una de 20. RTVE

Desde el punto de vista ético esto es una aberración insostenible. Pero desde el punto de vista de los derechos civiles y sanitarios, es un crimen. En primer lugar, existe un parámetro universal en la atención hospitalaria que otorga derecho de atención por orden de llegada y según el estado del paciente. Si el paciente más grave además ha llegado antes, es a él al que hay que atender con todos los medios en ese momento, al margen de la edad que tengan él y sus “competidores” por UCI o respirador. Eso, sin contar otros matices, como que los mayores son los más vulnerables y, por tanto, los más llamados a una atención específica, o como que los mayores son los más han aportado, con su esfuerzo laboral y fiscal, a la existencia del sistema de salud.

¿QUÉ MAYORES Y QUÉ JÓVENES?

Pero, además, la comparación a efectos de muerte o de atención médica entre una persona mayor y una joven, deja de sostenerse en la fría teoría cuando se desciende a la realidad. Porque al señor Simón habría que preguntarle cuál sería su postura si esa persona de 95 años candidata a ser discriminada fuese su madre o su padre. ¿O es que el candidato a recibir asistencia sanitaria hospitalaria es un ente sin humanidad ni afectos, al que hay que considerar exclusivamente en razón de su edad?

El mayor tiene exactamente los mismos derechos, incluidos los sanitarios, que el joven. RTVE

Otra cuestión fundamental es el propio estado del paciente. Porque hoy día se dan multitud de casos en que personas mayores de 65, 70, 80 y más años mantienen una salud excelente, mientras que otros más jóvenes, sea por la razón que sea -razones que a veces tienen que ver con negligencias propias, como sus dietas inapropiadas, obesidad causada por malos hábitos alimenticios, sedentarismo o consumo de sustancias tóxicas, entre otras causas- padecen un estado de salud notablemente peor que aquellos.

Aparte de otras consideraciones, los mayores son los más han aportado, con su esfuerzo laboral y fiscal, a la existencia del sistema de salud.

Una sociedad civilizada se caracteriza, sobre todo, por el trato y la atención a sus mayores. En el caso de la pandemia, la sociedad española no se ha portado bien con sus ancianos, especialmente en aquellas regiones donde gobiernos ultraliberales priman el interés privado sobre el público, donde se privatiza la sanidad en condiciones de obtener el mayor lucro a costa de los menores costes y, por tanto, a costa de la calidad y la cantidad de la asistencia que se presta a los ciudadanos y las ciudadanas. Lugares donde, en esa filosofía económica, los hospitales han de ser, ante todo, un negocio.

POSIBLES DELITOS

Lo ocurrido en las residencias de ancianos durante la pandemia no puede volver a repetirse. Y para evitarlo no solo hay que desplegar una mayor dosis de buena voluntad general, sino establecer unas pautas de obligado cumplimiento, que determinen el traslado inmediato de los mayores enfermos a los centros hospitalarios correspondientes, y a que se les aplique el protocolo de atención al margen de su edad. Si no, se estará incurriendo en conductas delictuosas por las que cabe exigir responsabilidad penal y civil.

En la pandemia la sociedad española no se ha portado bien con sus mayores, especialmente en regiones con gobiernos ultraliberales.

Precisamente, a finales de 2020 el Tribunal Supremo pidió una investigación sobre las muertes de ancianos en las residencias, solicitando a los jueces que “investiguen si estas muertes han estado asociadas a decisiones administrativas, políticas o de gestión, y si esas decisiones merecen reproche penal”.

La edad de las personas no debe condicionar ninguno de sus derechos ni la respuesta que a esos derechos debe dar el Estado y, en primer lugar, el Sistema Público de Salud. La aplicación del edadismo -la discriminación por la edad- a la atención sanitaria, repetimos, es un crimen. Las consejerías de Salud de diversas regiones, obviando el protocolo médico, aconsejaron a los trabajadores sanitarios a su mando, de forma interna, evitar el ingreso en la UCI de los pacientes de 80 años o más con coronavirus. Frente a esto, la SEMICYUC (Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias) ha vuelto a recordar que el juicio para la admisión hospitalaria de los pacientes debe estar basado exclusivamente en su estado y en su situación clínica. Desde luego, no se trata de incrementar el sufrimiento de pacientes terminales con intubaciones u otras maniobras innecesarias, sino de aplicar a cada uno el tratamiento que requiera, al margen de su edad biológica, y, en ningún caso, de impedir su ingreso hospitalario por esa causa.

La masacre de los 30.000 mayores fallecidos sin atención en sus residencias, a muchos de los cuales se les negó la atención hospitalaria que precisaban, no puede volver a repetirse. Y, desde luego, la exigencia de responsabilidades por este hecho atroz no puede darse por extinguida.

(Elia de Ros es periodista, con décadas de experiencia profesional en diferentes medios de prensa, radio y TV).