En una larga “exposición razonada” de 63 folios fechada ayer y elevada a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por ser aforado el vicepresidente del Gobierno, el magistrado-juez del Juzgado Central de Instrucción nº 6, Manuel García Castellón, incrimina a Pablo Iglesias en una serie de presuntos delitos relativos al “caso Dina”, pieza separada del “caso Villarejo”. Si, tras esta diligencia del juez, el Supremo viese materia para imputar a Iglesias, este se vería abocado a dimitir de su cargo. Si no, quedaría definitivamente exculpado en este asunto
Madrid.-
El juez García Castellón ha elevado ayer al Tribunal Supremo esta prolija “exposición razonada” que reproducimos más abajo, en la que atribuye a Pablo Iglesias posible participación en la comisión de los presuntos delitos de “descubrimiento y revelación de secretos”, “daños informáticos”, “acusación y denuncia falsa” y “simulación de delito”, y de “falso testimonio” a otras dos personas especialmente vinculadas al caso, como es la propia Dina Bousselham. El Supremo, único órgano competente para enjuiciar a aforados -y Pablo Iglesias lo es en su doble condición de miembro del Gobierno y diputado-, de estimar la procedencia por todos o por alguno o algunos de los presuntos delitos que el juez detalla, podría imputar al vicepresidente segundo y en ese caso tendría que solicitar el correspondiente suplicatorio al Congreso de los Diputados para poder procesarle.
García Castellón es el mismo magistrado que acaba de imputar al exministro de Interior de Rajoy, Jorge Fernández Díaz, y a su cúpula.
El juez pide también al Supremo que, en relación con los presuntos delitos de “acusación y denuncia falsa” y “simulación de delito”, se llame también a declarar a Gloria María Elizo Serrano, Raúl Carballedo González y Marta Flor Núñez García; y por el de “falso testimonio”, a Dina Bousselham -la persona cuyo presunto robo del móvil ha dado origen a esta pieza separada- y Ricardo Antonio de Sa Ferreira, todos ellos vinculados de una forma u otra con el citado partido político.
EL EFECTO BUMERÁN
Las reacciones tanto del vicepresidente como de Podemos no se han hecho esperar, con unánime rechazo de las acusaciones, cuestionamiento del juez y negación de los hechos. El problema para la formación morada es su doble vara de medir cuando los cargos sometidos a escrutinio judicial pertenecen a la misma y cuando son de otros partidos. El efecto bumerán de las numerosas declaraciones condenatorias de Pablo Iglesias y de otros cargos de Podemos exigiendo dimisiones cuando los sospechosos de delito, acusados, imputados o procesados pertenecen al PP, al PSOE o a otros partidos, se vuelve ahora contra él, del mismo modo que los escraches contra políticos de signo contrario que alentaba antes de su entrada en el Gobierno han vuelto también como un bumerán contra su propia persona, hasta el punto padecer en su propio chalé de Galapagar el acoso de los vecinos, o de haber tenido que cancelar sus vacaciones este verano por la misma causa, hechos injustificables tanto en el caso de su domicilio como en el de cualquier otro político, cuyas familias y residencias privadas han de quedar siempre a salvo y al margen de la confrontación política.
Pero, además, en el caso del juez García Castellón, la estrategia descalificatoria de Iglesias y de Podemos vuelve a pecar de la misma falta de lógica y de coherencia, porque los políticos morados han celebrado positivamente decisiones de este mismo magistrado cuando los afectados pertenecían a otros partidos políticos. No hay que olvidar, por ejemplo, que, coincidiendo prácticamente en el tiempo con la incriminación de Iglesias, García Castellón acaba de imputar al exministro del Interior de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, así como a su segundo en el ministerio y a otros exaltos cargos, en la pieza del caso Kitchen, separada también del caso Villarejo. Y no es el único caso de políticos del PP que se las han visto con este magistrado, entre ellos, Ignacio González, Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes y otros.
En medios jurídicos españoles se destaca la profesionalidad y probada imparcialidad de este magistrado que, como todo humano, también puede cometer errores. Si en este caso hubiese error y no procediese lo solicitado, el Supremo denegaría la investigación del vicepresidente y este quedaría definitivamente exculpado por esta causa.
(Elia de Ros es una periodista con décadas de experiencia profesional en diferentes medios de prensa, radio y TV).
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