La reciente sentencia del Tribunal Supremo que obliga a demoler la totalidad del complejo de lujo de Valdecañas -viviendas, hotel, golf, instalaciones deportivas, etc.- ha causado un enorme impacto no solo en Extremadura, donde se ubica el resort, sino en toda España, y ha merecido incluso un editorial del diario El País. En este periódico, que defiende la legalidad vulnerada, pero también propugna evitar demoler a estas alturas una obra tan importante, que da trabajo a tanta gente, y con un costo de alrededor de 200 millones de euros -derribo, más recuperar el estado natural de la zona, más indemnizaciones-, que debería pagar una región pobre como Extremadura, abrimos hoy nuestro espacio para el debate. El autor del presente artículo, un veterano y reconocido ecologista, subraya hoy, con toda razón, que los responsables del desaguisado no son los denunciantes, sino los políticos y los técnicos que se saltaron la ley.
Villanueva de la Serena, Extremadura.-
Sobre la Isla de Valdecañas ha corrido ya mucha tinta. Y me temo que seguirá corriendo, igual que sobre El Algarrobico, que ahí sigue, resistiendo al tiempo.
La guerra que algunas plumas doctas han emprendido contra el ecologismo no tiene fin. Parecen olvidar que la sentencia no la han dictado estos, sino un tribunal ―con algún magistrado extremeño― cuyas razones conoceremos en cuanto podamos leerla.
Conviene recordar que los responsables políticos y técnicos se ciscaron en un ordenamiento jurídico que ellos mismos habían propuesto a la UE.
La historia de esta urbanización es ya muy larga en el tiempo. He opinado sobre ella en dos artículos en los que dejé claro mi parecer -que vuelvo a reiterar hoy- sobre este desgraciado y vergonzoso episodio. Y el 12 de febrero pasado, el diario El País dedicó un editorial a este tema, titulado Isla de despropósitos, editorial que deberían leer algunos opinadores más o menos académicos y algunos medios de comunicación, por la mesura y lucidez con las que trata este tema y por el que no es justo ensañarse con las dos organizaciones ecologistas que lo llevaron a los tribunales antes de que se desarrollaran los hechos consumados.
Vendría bien recordar que hay unos responsables políticos y unos técnicos que se ciscaron en un ordenamiento jurídico que ellos mismos habían propuesto a la Unión Europea; también, que los promotores y buena parte de los compradores sabían bien las limitaciones legales existentes. Por tanto, a la hora de arremeter contra este “despropósito de los ecologistas” y apelar a la “seguridad jurídica”, deberían ser justos y recordar cuándo, dónde y quiénes se saltaron a la torera una legislación promovida y razonada por la Junta de Extremadura antes de ser aprobada por Bruselas.
Si existe alguna posibilidad de acuerdo que salve, al menos en parte, esta situación, tendrá que ser dialogando con las organizaciones que denunciaron en su día estas ilegalidades, en lugar de trasladarles a ellas la responsabilidad de aquellos a los que no se atreven a denunciar. Siempre que los tribunales aceptaran ese acuerdo, cosa que, a estas alturas, no será nada fácil resolver.
Los promotores del complejo y buena parte de los compradores sabían bien las limitaciones legales existentes.
Lean, pues, el editorial de El País mencionado tanto los que opinan como los medios en que lo hacen, para dar a su tratamiento de este conflicto algo más de credibilidad, además de para aprender las consecuencias que hay que tener en cuenta, de modo que hechos como este no vuelvan a repetirse.
Si es cierto que ahora hay una serie de proyectos para implantarse en Extremadura ―y parece ser que los hay―, abórdense bien desde el principio, a fin de que no tengamos que aparecer en la prensa nacional por chapuzas sucesivas. La mejor seguridad jurídica que podemos ofrecer es la de respetar las normas legales. Y si algo hay que cambiar, hágase antes del inicio de las obras, con la transparencia y el respeto al Estado de Derecho al que se debe una comunidad autónoma llena de posibilidades, a la hora de desarrollar proyectos que redunden en un desarrollo armónico y civilizado, donde la sostenibilidad y la legalidad sean algo más que palabras que se usan y luego no se respetan.
(Juan Serna Martín, exconsejero de la Junta de Extremadura, es un destacado intelectual y activista medioambiental, escritor y columnista).
SOBRE EL AUTOR
Juan Serna, un intelectual de la ruralidad y el ecologismo
OTRAS INFORMACIONES Y ARTÍCULOS
La unión de Don Benito y Villanueva de la Serena, un ejemplo para la España que se vacía
Si Pedro aguanta el pulso a las eléctricas…
Dudas, certezas y esperanzas sobre el cambio ambiental
Cáceres y la dignidad de un alcalde
Alberto Oliart, un embajador inolvidable de Extremadura en el mundo
La minería a cielo abierto y Cáceres, joya monumental