Algunos territorios, como Extremadura, padecen una verdadera invasión de minería a cielo abierto. Da la casualidad de que estos territorios son los más despoblados, los que sucumben al discurso del prometido “paleo” de millones de euros y de miles de puestos de trabajo. Territorios donde las administraciones públicas exhiben su rapidez gestora a favor de esos grandes promotores, al tiempo que aplican la burocracia más desesperante para con los pequeños o medianos proyectos, esos que no prometen la luna. Y ahora, en Extremadura, y en Cáceres, está ocurriendo de nuevo.
Villanueva de la Serena, Extremadura.-
Las administraciones hacen la vista gorda y se saltan los trámites esenciales y de obligado cumplimiento, esos a los que deben poder acceder los afectados y los ciudadanos, y, cuando se dan cuentan, están metidas en una nueva “Isla de Valdecañas” (La esperada y muy merecida demolición de Valdecañas), sin haber salido todavía de un escándalo que no saben cómo resolver.
En medio de todo ello, una legión de necios, con algunos académicos y expertos por medio, arremeten contra los ecologistas, los periodistas críticos y el exceso de protección ambiental existentes y se quedan tan panchos. Todo ello sucede porque a los responsables del desaguisado de Valdecañas les ha salido gratis la historia de ilegalidades que se ha producido en una actuación tan irresponsable como fraudulenta.
Las administraciones hacen la vista gorda y se saltan los trámites esenciales y de obligado cumplimiento.
A mí este tema me trae recuerdos de hace medio siglo, cuando el uranio era un mineral estratégico que iba a cambiar el mundo. Las explotaciones mineras tenían menos papeles que una liebre. Siempre había un gobernador civil que daba el visto bueno a lo que hiciera falta, y si algunos ciudadanos le exigían el cumplimiento de la legalidad, se les ponía una buena multa para que dejaran de protestar. Por supuesto, aquellos promotores de “proyectos estratégicos” no se molestaban siquiera en dotar de un dosímetro, para medir la radiactividad que recibían los trabajadores y, mientras tanto, los trenes tóxicos y contaminantes permanecían horas y días en la estación de Magacela, hasta que salían con destino a otras instalaciones.
Ahora, a pesar del medio siglo transcurrido, la película se repite con aspectos muy parecidos: una multinacional tiene localizado el mineral, pero no le importa dónde está; se entiende con una empresa española de cierto nivel para “torear los temas con la Administración central”; el tercer interlocutor es una “empresita fantasma” en la zona de actuación para “allanar el camino con la Administración autonómica”; primero se saltan la burocracia e inician las actuaciones de “investigación” sin completar los trámites, sin hacer un estudio de impacto, sin facilitar la información exigida por la Unión Europea…; luego inflan los datos sobre “la enorme inversión” que van a realizar y “la gran cantidad de empleo” que van a crear. Y en medio de todo ello, empiezan a “engrasar” a algunos medios de comunicación y a algunas terminales administrativas, para empezar a cambiar la posición de la opinión pública. El resto ya se lo pueden imaginar.
Es cierto que en este caso hay una cosa nueva: los afectados están aprendiendo a luchar contra estos “poderes ocultos”, a distinguir entre el litio y el cesio y a saber de dónde vienen las presiones, que, al parecer, vienen de muy lejos.
El miércoles pasado el centro de Cáceres fue un clamor de protesta colorida que se ha plasmado en un vídeo para una televisión nacional. La película no ha terminado.
(Juan Serna Martín, exconsejero de la Junta de Extremadura, es un destacado intelectual y activista medioambiental, escritor y columnista).
SOBRE EL AUTOR
Juan Serna, un intelectual de la ruralidad y el ecologismo
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