jueves, 8 diciembre, 2022
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La Plataforma ciudadana de Cáceres denuncia que el CEO de la mina de litio está imputado por un caso de presunta corrupción en Murcia

Ramón Jiménez Serrano es uno de los investigados en el “Caso la Sal” sobre la trama de la desaladora de Escombreras por importe de 600 millones de euros

La Plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres ha remitido a nuestra Redacción un detallado escrito en el que denuncia que Ramón Jiménez Serrano, el CEO de la nueva empresa “extremeña” interpuesta por Infinity Lithium -y van unas cuantas ya; la “nueva” se llama Extremadura New Energies S.L., así, en inglés, como si estuviésemos en Australia, que es donde viven los ejecutivos y los accionistas, que, en todo caso, seguirán a salvo de la contaminación que causaría la mina, pero que se llevarían los pingües beneficios del desafuero-, para imponer a Cáceres y a Extremadura la explotación a toda costa de tan nociva industria, está imputado en un caso de presunta corrupción en la Comunidad de Murcia, un caso que afecta al gobierno regional y a varios directivos de las empresas involucradas, entre ellos, el señor Jiménez Serrano. La Plataforma ha logrado esta información después de algunas semanas de investigación del asunto y de contrastarla con noticias publicadas desde 2018 por la prensa murciana y por medios nacionales.

Cáceres.-

El texto de la información que nos ha remitido la Plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres dice lo siguiente:

“Dentro de la trama urdida en torno a la Desaladora de Escombreras, “Caso La Sal”, proceso de investigación abierto por la Fiscalía de Murcia, se encuentra imputado e investigado un directivo que ha tenido un papel muy destacado en este entramado de supuestas corruptelas. Esta persona es, nada más y nada menos, que el nuevo CEO contratado por la empresa australiana de la mina de litio en Cáceres, Ramón Jiménez Serrano. Infinity Lithium coloca como director ejecutivo del proyecto “San José de Valdeflórez” a otro gestor de dudoso pasado.


“La fiscal ha acusado al Gobierno de Murcia y al grupo ACS, del que formaba parte Ramón Jiménez, de “planificar” un agujero de 600 millones de euros para beneficio privado”.


El desfile de directivos que contrata brevemente y despide la empresa no cesa en estos últimos años. Uno de los primeros, Vicent Ledoux-Peudielles, acabó marchándose con la competencia, por la falta de seriedad y futuro del especulativo proyecto (Infinity nombra nuevo director ejecutivo a un experto en proyectos de litio); le sucedió el fichaje estrella del famoso empresario sevillano Felipe Benjumea, que acababa de levantarse del banquillo de la Audiencia Nacional denunciado por presuntamente arruinar la tradicional y sólida empresa familiar Abengoa (El expresidente de Abengoa Felipe Benjumea, imputado por falseamiento de cuentas); y por supuesto, ni mucho menos hizo alarde de seriedad la empresa extractiva cuando contrató, por la puerta giratoria, al fugaz y controvertido líder político del único partido cacereño que defiende la mina desde el inicio, el casi extinto partido de Ciudadanos, Cayetano Polo. Ahora, el culebrón minero se centra en Ramón Jiménez Serrano, antiguo director general de Proyectos Integrados vinculado al Grupo ACS.

A la convocatoria de Jiménez Serrano con los vecinos de Cáceres, no acudió casi nadie.
A la convocatoria de Jiménez Serrano con los vecinos de Cáceres, no acudió casi nadie.

UN PRESUNTO FRAUDE DE 600 MILLONES DE EUROS

Los contratos que suscribieron estas empresas privadas y el Gobierno de Murcia, y el modelo de financiación determinaron que el erario público murciano asumiese obligaciones y costes “de tal envergadura que resulta injustificable este modelo de negocio”, completa la fiscal Isabel Neira Campos en su informe dirigido al juzgado de instrucción nº5 murciano, en el que apunta a los delitos de fraude, malversación de caudales públicos continuado, falsedad en documentos públicos y oficiales, cohecho, fraude de subvenciones, falsedades documentales continuadas y delito societario.


“Debido a la contaminación, Ramón Jiménez se vio obligado a falsificar presuntamente los análisis químicos y a ocultar las grandes cantidades de arsénico que arrojaban los medidores del agua”.


Por el contrario, los empresarios actuaban sin que sus decisiones pudieran afectar a sus accionistas: “garantizándose por 25 años sendos contratos muy lucrativos, que se hayan cumplido o no en cuanto al pago, son legalmente ejecutables”, concluye la fiscal, que alude a la millonaria reclamación del Grupo ACS, que en virtud y gracias a este contrato percibiría un total de 600 millones de euros.

El alcalde se juega no solo su reelección sino su credibilidad para siempre.
El alcalde se juega no solo su reelección sino su credibilidad para siempre.

La investigación constata que se planificó coordinadamente entre el Ente Público del Agua del Gobierno de Murcia y las sociedades mercantiles privadas investigadas (Hidromanagement S.L. y Grupo Cobra/ACS) de estas últimas era director Ramón Jiménez Serrano, el ahora CEO de Extremadura New Energies S.L. que planea la instalación de una mina de litio pegada a una ciudad Patrimonio de la Humanidad y de casi 100.000 habitantes. Todo un esquema urdido de contratos y sociedades constituidas cronológicamente según un premeditado orden aparentemente disociado entre lo público y lo privado, pero que en realidad obedece a un diseño único para conseguir que se construyese una planta desaladora en el valle de Escombreras.


“Después de todos estos hechos, ¿los políticos y administraciones públicas extremeñas necesitan más pruebas para no fiarse de esta empresa y de sus directivos?”


Los contratos que suscribieron las empresas privadas y el Gobierno de Murcia obligaron a que el erario público murciano asumiese obligaciones y costes al apartarse de los principios de “objetividad”, “publicidad” y “libre concurrencia”, que terminó por cargar a la parte pública todo el peso económico del proyecto. En su escrito, la fiscal reclama a la jueza que llame a declarar a Ramón Jiménez Serrano como consejero delegado de Tedagua S.A y director general de Proyectos Integrados vinculado al Grupo ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A.

El más risueño es Jiménez Serrano. PRESSREADER.COM
El más risueño es Jiménez Serrano. PRESSREADER.COM

TRAMA EMPRESARIAL PÚBLICO PRIVADA

La Asamblea Regional de Murcia puso en marcha una “Comisión Especial de Investigación sobre la construcción y puesta en funcionamiento de la Desalinizadora de Escombreras” donde se constata también la anterior información: “Ramón Serrano también ha sido un importante cargo societario en HYDRO MANAGEMENT SL, desde 2005 hasta 2015, ocupó cargos en TEDAGUA y fue director general en empresas del Grupo Cobra, todas ellas investigadas en el juzgado de Murcia, e incluidas como responsables civiles subsidiarias”.

Nos encontramos con una trama empresarial público/privada presuntamente ideada por los señores Ramón Valcárcel (presidente de la Comunidad Autónoma), también investigado en el sumario “La Sal II” y Antonio Cerdá (miembro del Consejo de Gobierno, responsable de agricultura y agua, presidido por el anterior y procesado en este mismo caso que le llevó a la dimisión), con la complicidad del grupo empresarial ACS, con el objetivo de dar cobertura a la especulación urbanística que planteaba la recalificación de más de 180 millones de m2 de suelo para construir 250.000 viviendas en los 45 municipios de la región. En ningún momento se planteó destinar el agua de la desaladora a los agricultores o a los núcleos de población ya existentes. Sin que constara documento, informe, estudio de necesidades, de impacto ambiental o solicitud de administración pública alguna, se diseñó un entramado societario que logró evitar, con absoluto desprecio a la normativa de contratación administrativa, la licitación y concurrencia pública para construir una planta desalinizadora a través de empresas privadas, que obtuvieron un evidente y exagerado beneficio.

Convocatoria vecinal para mañana. PSMC
Convocatoria vecinal para mañana. PSMC

MUNICIPIOS COMPROMETIDOS

Se firman contratos comprometiendo a los municipios a dispensar una cantidad de agua tres veces superior a la que podía producir la planta de Escombreras a pleno rendimiento.

Es evidente que la trama de empresas del grupo COBRA realizó contratos entre sí, inflando las facturas, cuestión ésta, que resulta sorprendente pues era perfectamente conocido que el mercado de la desalinización del agua era un negocio ruinoso, tal y como declararon los directivos del grupo ACS, entre ellos Ramón Jiménez, en su comparecencia ante la Comisión.

Meses antes de que el Ente Público del Agua constituyese la sociedad pública HIDRONOSTRUM SL, los señores Valcárcel y Cerdá ya tenían tomada la decisión de participar en el proyecto de desalación de la empresa HYDRO MANAGEMENT S.L., propiedad en su integridad del Grupo Cobra, que a su vez era propiedad del Grupo ACS. De esta manera, con la compra de DESALADORA DE ESCOMBRERAS S.A. por parte de la empresa pública HIDRONOSTRUM SAU, la Administración regional asumió como propias las obligaciones derivadas de los contratos con HYDRO MANAGEMENT S.L. (de arrendamiento por 25 años) y TEDAGUA (de operaciones y mantenimiento por 25 años), que puede suponer un coste de alrededor de 600 millones de euros a las arcas públicas.

Las empresas del Grupo COBRA presentes en la DESALADORA DE ESCOMBRERAS S.A., se aseguraron la venta de agua, sea consumida o no, a la empresa íntegramente pública, HIDRONOSTRUM SAU. Por consiguiente, la viabilidad económica de DESALADORA DE ESCOMBRERAS S.A. y, por tanto, los pagos de esta de los contratos suscritos con las empresas del grupo COBRA, para el arrendamiento de la planta con HYDRO MANAGEMENT SL y para las operaciones y mantenimiento con TEDAGUA, estaba garantizada. En definitiva, una trama perfectamente organizada que, a priori, beneficiaría al grupo COBRA a cuenta del erario público, se consumiese o no el agua producida. La Entidad Pública del Agua y el grupo COBRA lo único que no habían previsto fue la llegada de la crisis económica a partir del año 2008, con la consiguiente disminución de los ingresos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que fue la causa de los impagos de HIDRONOSTRUM SAU a DESALADORA DE ESCOMBRERAS, S.A. y, por tanto, de esta a las empresas HYDRO MANAGEMENT SL y TEDAGUA.

CAPTACIONES SIN LICENCIA Y ADULTERACIÓN DE ANÁLISIS

La Desaladora de Escombreras ha estado captando agua de la dársena sin las autorizaciones y licencias necesarias. Además, la captación de aguas en la dársena de Escombreras ha sido otro de los muchos errores de este proceso, dada la calidad de las aguas en ese lugar, debido a la contaminación de todo tipo y por los barcos que atracan allí, y que Ramón Jiménez se vio obligado a falsificar presuntamente los análisis químicos diarios y a ocultar las grandes cantidades de arsénico que arrojaban los medidores del agua, mezclándola con agua limpia u ocultando los datos directamente.

Queda en evidencia que desde enero de 2011 DESALADORA DE ESCOMBRERAS SAU (en ese momento propiedad 100% de HIDRONOSTRUM SAU) tiene problemas graves de liquidez que le imposibilitan hacer frente a sus obligaciones con HYDRO MANAGEMENT SL y TEDAGUA, lo que provoca sendas reclamaciones de deuda por la vía judicial y una deuda actual de 23,4 millones de euros.

Existe una evidente responsabilidad política, económica y social por los perjuicios ocasionados al erario público por parte de los señores Valcárcel, Cerdá y restantes miembros de los Consejos de Gobierno que tomaron parte en las decisiones, los representantes y miembros del ENTE PÚBLICO DEL AGUA y de los diferentes Consejos de Administración de las sociedades HYDRO MANAGEMENT SL, TEDAGUA, COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA, MANCOBRA SA,DESALADORA DE ESCOMBRERAS SAU e HIDRONOSTRUM SAU que participaron en una trama público-privada para una desaladora, sin que existiera ningún estudio de necesidades sobre la construcción de esta infraestructura, sin que se haya cumplido la normativa de contratación pública, asumiendo la Administración regional obligaciones muy gravosas para las arcas públicas regionales sin justificación alguna, y todo ello para beneficiar a empresas privadas y mantener un modelo urbanístico especulativo en la Región de Murcia.

Como puede apreciarse, en toda esta trama corrupta, la presencia en el eje de la misma de HYDRO MANAGEMENT SL, con Ramón Jiménez Serrano a la cabeza como presidente en la estructura societaria hasta su cese en 2015, además de en TEDAGUA, de la que era representante hasta 2014, y la participación en el ilegal triángulo societario del Grupo COBRA, de las que era director general, hacen que el CEO de la mina de Cáceres esté salpicado y pendiente de la justicia, resta totalmente su credibilidad por su dilatada experiencia en sortear normas y reglamentos, pero que viene muy bien para una empresa minera para Infinity Lithium, sabiendo que estas compañías extractivas han sido históricamente muy escurridizas en España. Y advertimos desde aquí a los empresarios locales para que no prueben a hacer contratos y negocios con él. Después de todos estos hechos, ¿los políticos y administraciones públicas extremeñas necesitan más pruebas para no fiarse de esta empresa y de sus directivos, que lleva especulando y jugando con los cacereños más de cinco años? No aprueben nada de lo que se puedan arrepentir, el futuro de Cáceres está en sus manos”.

El Cáceres que queremos, sin la destrucción que causaría la mina. PSMC
El Cáceres que queremos, sin la destrucción que causaría la mina. PSMC

Mañana tendrá lugar en Cáceres, en la Casa de Cultura “Rodríguez Moñino”, a las 20 horas, una reunión informativa de la Plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres con las Asociaciones de Vecinos de la ciudad. El espíritu mayoritario que se respira en la ciudadanía cacereña sigue siendo de masivo rechazo a la mina, como se ha puesto de manifiesto en numerosas manifestaciones y actos, y como quedó claro en la reciente reunión que el señor Jiménez Serrano pretendió mantener hace poco con dichas asociaciones, y que tuvo una asistencia mínima, por no decir inexistente.

(NOTA: Ayer, día 11, tras recibir la denuncia enviada a nuestra Redacción por la Plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres, este periódico envió un correo electrónico a Extremadura New Energies solicitando su versión de los hechos, a fin de contrastar la información. A lo hora de publicarla hoy, no hemos recibido respuesta de dicha empresa. En cualquier caso, nuestro periódico, como no puede ser de otra manera, está abierto a recoger cualquier comunicado o escrito que pueda enviarnos Extremadura New Energies o el señor Jiménez Serrano, y a corregir o desmentir cualquier extremo o dato de lo aquí publicado hoy, en el caso de que fuese erróneo o incierto)

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