José Mª Pagador acaba de presentar en el Registro de los Juzgados de Sevilla una demanda contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (ver texto íntegro de la demanda en otra información que publicamos hoy) en la que el periodista y director de PROPRONews plantea la inconstitucionalidad de la discriminación aplicada a los pensionistas en el reparto de las cargas sociales de la crisis, al ser la subida aprobada para ellos un 400% inferior a la de los funcionarios y políticos.
Ya se han presentado en España otras demandas pidiendo un aumento de las pensiones proporcional al IPC, demandas que han sido desestimadas hasta ahora en todas las instancias judiciales españolas, en base a la discrecionalidad del Gobierno, con arreglo a la normativa que él mismo aprobó, de subir como mínimo el 0,25%, cosa que efectivamente, está haciendo. Sobre lo definitivamente legal, o no, que sea esta medida –porque, evidentemente, justa no es- se pronunciará en su momento, si se declara competente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH), que ha admitido recientemente la demanda del pensionista Domiciano Sandoval y un grupo de abogados, en base a que la subida del 0,25% incumple la normativa comunitaria al no garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas. Por el momento, ya es un paso que el TEDH haya admitido la demanda, aunque está por ver el resultado tal como está planteada.
La demanda apela al principio de solidaridad y al derecho fundamental a la igualdad protegido por la Constitución.
Pero la demanda de José Mª Pagador, periodista jubilado, tiene otro sentido más acorde con lo que, en última instancia, juzgaría el TEDH y, por tanto, con mayores visos de prosperar. Porque si garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas con arreglo al IPC desde el punto de vista de los derechos humanos es un enfoque más o menos discutible, en cambio sería mucho más viable desde el punto de vista jurídico apelar al principio de solidaridad y al derecho fundamental a la igualdad y a la no discriminación, consagrados en el artículo 14 de la Constitución Española. Porque si el Gobierno sube el 0,25% las pensiones y el 1% (para este año consta en los Presupuestos Generales del Estado en trámite de aprobación una subida del 1,50%) los salarios de los funcionarios y los políticos, entre ellos el propio Gobierno, es decir, un 400% menos como mínimo para los pensionistas en términos porcentuales -diferencia que aumenta exponencialmente, hasta más del 7.000% en términos reales (ver La subida de sueldo de los políticos, hasta un 7.300% superior a la de la pensión media), está infringiendo palmariamente la norma constitucional.
EQUIPARACIÓN E INCONSTITUCIONALIDAD
Así pues, José Mª Pagador, en su demanda, no solo pide la equiparación de la subida de su pensión con la de los sueldos de funcionarios y políticos y el reintegro de lo dejado de percibir por este concepto desde que entró en vigor la reforma del PP de 2013, sino, lo que es más importante a efectos del interés general, que el Juzgado al que corresponda el caso plantee ante el Tribunal Constitucional “la CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD relativa al art. 37 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, que fijó una revalorización de hecho a los jubilados del 0,25 por ciento, por ser contrario al citado derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del art. 14 de la Constitución”, como dice textualmente la demanda.
El periodista confía en que la demanda, redactada por el bufete del prestigioso letrado del Colegio de Abogados de Sevilla, Francisco Calle Bautista, sea admitida a trámite y que un juez valiente plantee la cuestión de inconstitucionalidad que se solicita, aspecto este completamente novedoso en el enfoque que se ha dado hasta ahora a las reclamaciones de los pensionistas, por afectar a un derecho fundamental como es el de la igualdad. La cuestión es que, con un enfoque u otro, los pensionistas acaben consiguiendo un veredicto favorable sobre la injusticia de la subida de las pensiones y la arbitrariedad practicada por el Gobierno al cargar los costes de la crisis de manera tan desigual entre unos y otros colectivos sujetos a la misma norma constitucional.
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