Desde la antigüedad, los gobernantes y los políticos han disfrutado de una impunidad con la que eludían toda responsabilidad por sus abusos, excesos y errores. Gobernar “por la gracia de Dios” era la fórmula trucada para no responder ante los ciudadanos. Hoy no se gobierna en nombre de Dios en casi ningún país del mundo, pero el resultado suele ser el mismo. ¿Quién responde, por ejemplo, de los millares de ancianos muertos en las residencias de mayores en soledad y abandono durante la pandemia? ¿O quién responde del gasto ingente del dinero público en cosas totalmente accesorias? ¿O quién responde del hecho cierto de que el aumento de la carga impositiva no vaya acompañado de la correspondiente mejora de los servicios públicos?
Cáceres.-
A veces los errores de los políticos los pagamos los ciudadanos con la muerte. El caso más próximo es el de algunas residencias de ancianos en Madrid y otros lugares de España durante el confinamiento. Pero la mayoría de las veces los ciudadanos pagamos los errores de los políticos soportando más tributos y recibiendo menos y peores servicios públicos.
La responsabilidad de los gobernantes por sus errores, frecuentemente viene quedando impune desde la antigüedad. Hace ahora cincuenta dos años que, en el viejo edificio de la Facultad de Derecho de Salamanca, el profesor Tomás y Valiente, explicándonos Historia del Derecho, nos hablaba de la democracia. Aquel lejano día, el tema era el caudillaje visigodo. Esos caudillos elegidos por aclamación, o sea, como resultado de la pugna entre diversos aspirantes. Caudillos visigodos, que, como jefes absolutos del ejército victorioso, con la cristianización y la unción regia del monarca, hacen suyo el lema “caudillo por la gracia de Dios” y, por tanto, ante Dios responderían de sus actos. Recuerdo como, diciendo esto, el profesor Tomás y Valiente arrojó al aire una moneda con la efigie de Francisco Franco.
El tiempo pasa, pero muchos gobernantes siguen en el fondo deseando responder de sus errores en el más allá. En algunos casos esa acaba siendo la única vía, cuando los interminables y lentos procesos judiciales tienen que archivarse por muerte del gobernante implicado en el mismo.
Pero lo más frecuente, es que el político o partido político en el poder, cometa sus errores y el resultado sea, como mucho, que haya que indemnizar a los perjudicados. La cuestión es que la “pólvora del rey”, como llamaban los tercios españoles a los recursos públicos, que por ser públicos se malgastaban alegremente, son los tributos presentes o futuros que pagamos los ciudadanos.
Con frecuencia los tribunales condenan a las administraciones a cuantiosas indemnizaciones derivadas de acciones abusivas o erróneas de los políticos, pero que ellos no pagan.
Los entes públicos no tienen una máquina de hacer dinero. Existió dicha maquina hasta que la soberanía en la creación de dinero pasó a la Unión Europea. Los entes públicos tienen poder para establecer y exigir tributos y eso es con lo que cuentan, para cumplir cuantas obligaciones económicas asumen o se ven obligados a asumir.
EL VENCEDOR Y LOS TRIBUTOS
Tributar es un vocablo que nació para designar la obligación impuesta a los pueblos vencidos. En el pasado, los hombres libres no pagaban tributos. Los vencidos tributaban no sólo entregando oro, sino también productos de cualquier clase, e incluso “cien doncellas”, llegado el caso, que con la lamentable mentalidad de la época era una cosa más.
Afortunadamente hoy, al menos desde el punto de vista formal, el tributo es fruto de la decisión libre de los ciudadanos. Una decisión expresada a través de nuestros políticos en el Parlamento Español, y en las Asambleas de las Comunidades Autónomas.
Hoy, el obligado a pagar tributos es el hombre libre, sin exenciones para la nobleza como antaño, o sea, con generalidad e igualdad para todos los ciudadanos.
El tributo no es más que la exigencia de aportar una parte de lo que el ciudadano gana (Impuesto sobre la renta), una parte de lo que el ciudadano tiene (Impuesto sobre el Patrimonio e Impuesto de Sucesiones) o una parte de lo que el ciudadano gasta (Impuesto sobre el Valor Añadido). En torno a esto hay muchas variantes, pero que se reconducen a tres y un solo tributo verdadero.
La recaudación de los tributos tiene el objeto de cubrir el coste de las infraestructuras y servicios públicos. Si queremos servicios públicos tenemos que tributar, y cuanto mejores servicios públicos queramos, más tributos tenemos que pagar. Pero hay otras vías. Se puede seguir emitiendo deuda pública y que nuestros hijos y nietos paguen nuestras infraestructuras y servicios de hoy. Se puede seguir yendo a los territorios más pobres y apropiarse inmoralmente de sus riquezas, destrozando sus territorios. Se pueden hacer guerras de conquista (hoy se les llama guerras económicas), como se han hecho durante miles de años a lo largo y ancho del planeta Tierra. Todas esas vías, y algunas más de menor entidad, siguen desgraciadamente abiertas y ejercitándose.
Un ejemplo: la Junta de Extremadura debe devolver ahora 20,6 millones de euros no justificados, gastados no sabemos en qué.
Pero hoy la cuestión son los errores de los políticos. Esos graves errores que acaban con sentencias de difícil ejecución, pero cuyo coste al final lo paga el Erario Público. Y lo paga con los tributos. Esos tributos que soportamos los ciudadanos. ¿Acaso piensan que va a acabar de otra forma “Isla de Valdecañas”, o cualquiera de los permisos de investigación o explotación mineras concedidos a empresas con ridículos capitales sociales, y a los que las administraciones responsables del control de esas actividades no exigen avales en cuantía suficiente para responder del daño que causen?
JUNTA DE EXTREMADURA, 20,6 MILLONES DE EUROS A DEVOLVER
El pasado día 19 de abril pudimos leer en la página del Poder Judicial que la Sala III del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de la Junta de Extremadura contra la sentencia de la Audiencia Nacional, de 24 de enero de 2020, que rechazó a su vez su recurso contra la resolución del Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de 10 de marzo de 2017, que requirió a la Junta extremeña la devolución de cantidades no justificadas (por importe de 20.650.724,39 euros) transferidas a esa Comunidad Autónoma en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2009-2012 y anteriores.
Además de devolver este dinero no justificado, pero gastado no sabemos en qué, ¿cuánto dinero ha devuelto y tienen pendiente de devolver la Junta de Extremadura y demás comunidades autónomas por los errores de gestión? Tal vez sea mejor no saberlo.
Hay Comunidades Autónomas, como es el caso de Extremadura, que con el sistema tributario vigente no pueden alcanzar autonomía financiera. Los recursos mineros, los recursos ambientales, nuestros ríos, nuestro aire, en suma, nuestras materias primas sirven para el desarrollo y enriquecimiento de España, pero no tributan aquí. A veces ni siquiera en la Hacienda Pública estatal, sino en las Haciendas Forales a mayor gloria y bienestar de nuestros territorios históricos. En Extremadura sólo dejan más miseria y desolación.
Hoy quiero invitar a todo el que lea mi artículo a un juego. El juego consiste en localizar una sentencia que, relacionada con su ciudad o comunidad autónoma, condene por anormal funcionamiento de los servicios públicos, o por actos políticos de creación de leyes para legitimar proyectos autorizados indebidamente, como “Isla de Valdecañas” en Extremadura, o por incumplimiento en el gasto de los fondos recibidos del Estado o de Europa. También puede ser por la autorización de alguna mina, sobre la que los tribunales sentencian que los informes de impacto ambiental estaban trucados: “caso Aznalcóllar”. Buscad y encontraréis ejemplos por doquier: en el campo del urbanismo, de la minería, de los concursos públicos, de la adjudicación de festivales, etc., etc. A continuación, evaluad el esfuerzo fiscal, o sea, los impuestos que hemos tenido que pagar los ciudadanos por los errores de nuestros políticos. Si además tenéis tiempo, buscad a ver si en algún raro supuesto los políticos que dieron el visto bueno al acto administrativo correspondiente, o aprobaron con sus votos las leyes declaradas inconstitucionales, han pechado con parte del perjuicio causado. Veréis que en la mayoría de los casos van a responder, como los caudillos, ante Dios y la Historia. Y de momento los ciudadanos vamos a pagar a través de los impuestos.
Evidentemente, hay políticos no sólo honestos e íntegros, sino eficaces y eficientes. Políticos que cometen errores disculpables y asumibles. Tengo la suerte de conocer a algunos de ellos y por eso aclaro que mis afirmaciones no tienen el carácter de generalidad, y sólo son aplicables a los responsables de actuaciones y normas jurídicas que los Tribunales de Justicia declaran nulas o inconstitucionales, de las que se derivan cuantiosos gastos para el Tesoro Público. Y el Tesoro somos todos.
(Alejo Hernández Lavado es doctor en Derecho, profesor universitario, delegado y asesor de Hispania Nostra y Europa Nostra, y un reconocido defensor del Patrimonio Cultural).
SOBRE EL AUTOR
Alejo Hernández Lavado, ilustre profesor y defensor del patrimonio, nuevo colaborador de PROPRONews
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