Si cualquier ciudadano o ciudadana fuera acusado de los presuntos delitos que figuran en las grabaciones de Corinna sobre el rey emérito, de seguro que el afectado se querellaría de inmediato contra los autores y los divulgadores de las grabaciones y las acusaciones en caso de ser falsas. Por eso no se entiende la inacción y el silencio del rey Juan Carlos y de la Casa del Rey Felipe.
No es de recibo en una democracia madura que en un asunto como este, en el que el rey emérito y anterior jefe del Estado es acusado de presuntos delitos de cobro de comisiones ilegales, lavado de dinero, evasión fiscal, utilización de testaferros para ocultar patrimonio y utilización de paraísos fiscales para ocultar la fortuna, la respuesta sea la inacción y el silencio. En PROPRONews hemos aguardado algunos días antes de pronunciarnos, por el respeto que nos merece la institución, esperando alguna reacción por parte del rey emérito y de la Jefatura del Estado. En vista del inexplicable silencio de uno y de otra, expresamos aquí la opinión de nuestro periódico sobre este caso que tan gravemente afecta a la familia real y a los servicios de seguridad y de inteligencia del Estado.
La Casa del Rey está obligada a dar explicaciones o a emitir alguna declaración y tomar medidas.
Si las acusaciones de que ha sido objeto -y que han tenido una enorme repercusión nacional e internacional, como uno de los peores escándalos que han afectado a las familias reinantes del mundo en los últimos años- son falsas, la única reacción que cabe por parte de Juan Carlos I es una querella criminal contra las personas que efectuaron esas declaraciones, contra las que las grabaron y contra las que las han difundido. De no ser así, se incrementa ante la ciudadanía la sospecha de que tales acusaciones pudieran basarse en hechos reales.
En cualquier caso, y dado que el escándalo no solo afecta al rey emérito, sino a toda la familia real de una forma u otra incluido el actual rey, y a la imagen de la institución poniendo incluso en peligro la estabilidad de la monarquía, no es aceptable que la Casa del Rey guarde este silencio sepulcral. En ocasiones anteriores, cuando los escándalos derivados de la conducta de Iñaki Urdangarín trascendieron a la opinión pública, el propio rey Juan Carlos, entonces en ejercicio, hizo declaraciones en su momento apelando a la ejemplaridad que debe rodear la conducta de los miembros de la familia.
Según se ha publicado, en aquella ocasión Juan Carlos I se reunió con Mariano Rajoy, el entonces ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, y el entonces fiscal general del Estado Eduardo Torres Dulce, y los cuatro llegaron a la conclusión de que “no sólo no se puede salvar a Iñaki Urdangarín sino que no se debe, pues no se puede poner en riesgo al Estado por intentar librarle. Las evidencias son abrumadoras y las instituciones sufrirían un daño irreparable«.
La querella o la no querella del rey emérito es la prueba del algodón en este asunto.
SITUACIÓN PEOR
Pues ahora, según numerosos observadores y analistas políticos, sin contar la opinión de la ciudadanía, la situación es bastante peor, no solo por la gravedad de los presuntos hechos conocidos, sino por la importancia de la persona afectada, nada menos que el rey emérito. Por eso, es inaudito este manto de silencio generalizado que ha caído sobre el caso, no solo por parte de los afectados, sino también por parte del Gobierno y de la Casa del Rey actual. La ciudadanía merece, cuando menos, una explicación. Y del mismo modo que, en el caso de Urdangarín y de la infanta, Felipe VI les apartó del entorno de la familia real, los españoles esperan ahora un gesto de algún tipo en relación con su padre. Pilar Urbano ya lo ha dicho con claridad: “Felipe VI debe echar a su padre de la familia real”. Salvo que todo lo publicado sea mentira y Juan Carlos opte por querellarse, que es lo que debería hacer en ese caso. La querella sí o la querella no es, en este asunto, la prueba del algodón de la inocencia o la culpabilidad del rey emérito.
Por el momento, la Audiencia Nacional ya ha tomado cartas en el asunto, y el propio Gobierno ha empezado a dar marcha atrás a su declaración anterior, sobre que las grabaciones de Corinna “eran antiguas” y que no las iban a “considerar”, abriendo luego la puerta a la posibilidad de una comisión de investigación.
Mientras tanto, alguien debería aconsejar a Juan Carlos que no se vaya a navegar como si tal cosa, como si no pasara nada, y menos en un velero que tiene por nombre Bribón. La navegación frustrada por el mal tiempo el otro día en Sanxenxo y el anuncio de que Juan Carlos participará en las tradicionales regatas veraniegas de Mallorca pone de manifiesto una asombrosa indiferencia real ante lo que sucede, si no una inconsciencia rayana en lo temerario. ¿No son conscientes Juan Carlos, Felipe y el Gobierno de la indignación y el enfado que embargan a la ciudadanía?
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