La declaración oficial del gobierno de Pedro Sánchez, de que el escándalo desatado en torno al rey Juan Carlos, tras las gravísimas afirmaciones de Corinna hechas públicas días pasados sobre la presunta fortuna ilícita del emérito y sus tejemanejes al margen del fisco español, no afectaba a Felipe VI ha asombrado a todo el mundo. La realidad es que tal escándalo afecta, y mucho, no solo al actual rey y de diferentes maneras, sino también a la imagen y estabilidad de la monarquía.
La ministra portavoz del gobierno de Pedro Sánchez, Isabel Celaá, aseguró textualmente el viernes pasado que “las grabaciones que afectan a Corinna afortunadamente no afectan al jefe del Estado, Su Majestad el Rey Felipe VI; son grabaciones antiguas y, por lo tanto, ni las consideramos”. Dichas declaraciones, efectuadas al término del Consejo de Ministros y en representación oficial del Gobierno, son asombrosas por tres motivos:
Para no caer en el mismo ilícito que su padre, un heredero debería renunciar a la fortuna ilícita, según fuentes jurídicas solventes.
En primer lugar, no es de recibo el enunciado, muy alejado de los usos debidos a la igualdad de géneros, con el que la ministra portavoz se refiere a “las grabaciones que afectan a Corinna”, cuando en realidad son grabaciones de declaraciones de la consultora que afectan a Juan Carlos y que, de no estar involucrado el rey emérito, no tendrían trascendencia alguna en nuestro país. La ministra, sin embargo, descarga en Corinna toda la “afectación” y elude mencionar al verdadero “afectado”.
En segundo lugar, la ministra dice que “son grabaciones antiguas y, por lo tanto, ni las consideramos”, cosa que clama al cielo. Si por ser antiguo un asunto hay que dejar de considerarlo, el PP estaría exento de todo escrutinio por una corrupción de décadas.
En tercer lugar, y esto es lo más importante desde un punto de vista político e institucional, la gratuita afirmación de la ministra de que “las grabaciones (,,,/…) afortunadamente no afectan al jefe del Estado, Su Majestad el Rey Felipe VI”, metiéndose en un jardín al que nadie la había invitado, sin que hubiese pregunta previa al respecto, y erigiéndose en audaz defensora de una situación insostenible cuyo alcance aún desconocemos, carece por completo de fundamento.
Temeraria afirmación del Gobierno de que el escándalo no afecta al jefe del Estado.
FELIPE VI, AFECTADO Y MUCHO
Fuentes políticas y jurídicas solventes consultadas por este periódico señalan que, por desgracia, el rey Felipe VI se ve afectado por el escándalo de cuatro maneras igualmente problemáticas y difíciles de resolver.
La primera, que no se puede obviar que Juan Carlos es su padre y anterior titular de la Jefatura del Estado, con el que estaba y está muy unido, por lo que un escándalo de esta naturaleza afecta al hijo tanto desde el punto de vista familiar como institucional y de imagen. La preocupación en la Casa del Rey debe de ser máxima.
La segunda, que por esa estrecha relación paterno-filial, alguien pudiera sospechar que Felipe VI estaba al tanto de las actividades económicas y de la conducta fiscal de su padre, salvo que Juan Carlos se las hubiese ocultado por completo a su familia durante tanto tiempo, cosa que habrá quien no se crea.
La tercera, que si Felipe VI actuó con el debido rigor con su hermana Cristina y con su cuñado Urdangarín por un asunto posiblemente de menor envergadura legal, hasta el punto de despojarles del título de Duques de Palma y de extrañarlos de la familia real, ¿qué le cabe hacer ahora con su padre, como jefe del Estado y de la familia que es ahora Felipe, si se confirmase la presunta conducta ilícita de su progenitor?
La cuarta, que Felipe VI es heredero, junto con sus hijas –entre ellas, la heredera del trono- y hermanas, de los bienes de su padre. Hemos consultado a diversas fuentes jurídicas y la respuesta es unánime. Ante la posibilidad de recibir una herencia presuntamente ilícita, tanto por su origen y opacidad, como por su comportamiento fiscal y por su refugio en paraísos fiscales, el heredero, si la aceptase, caería en la misma ilegalidad; la única manera de eludir esa responsabilidad, pues, sería renunciar a la herencia.
De modo que creemos que la ministra Celaá y el Gobierno se equivocan cuando dicen que “las grabaciones (,,,/…) afortunadamente no afectan al jefe del Estado, Su Majestad el Rey Felipe VI”. Por el contrario, le afectan y mucho, aunque él no haya tenido nada que ver.
(José Mª Pagador es periodista, escritor y fundador y director de PROPRONews).
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