El coronavirus y las medidas económicas, fiscales y sociales que ha tomado el Gobierno para paliar el brutal desempleo generado, unidas a los cierres de empresas, los ERTES y los ERES, la avalancha de solicitudes de prestaciones, las dificultades para aplicar una normativa de emergencia surgida en cuestión de días y el inicio de la campaña de la Renta 2019 junto con el plazo de IVA y retenciones del primer trimestre, todo ello representa un enorme reto para los profesionales encargados de gestionarlo y resolver dudas y trámites de todo tipo, que se ven absolutamente desbordados por la avalancha de trabajo, con la dificultad de que todo ha de hacerse telefónicamente, en modo online o por correo postal.
Sevilla, Valencia, Madrid.-
En nuestro país son decenas de miles los gestores administrativos, asesores fiscales, asesores laborales, abogados, economistas, licenciados en Empresariales, administradores de fincas o graduados sociales, entre otros profesionales, que se ocupan cada día de asesorar a los ciudadanos en sus relaciones con el Estado, bien por motivo de impuestos, o por cualquier otra causa, como prestaciones diversas, desempleo, subvenciones, etc. Hay que imaginar, pues, en los momentos actuales, con el incremento de la actividad de emergencia que se desprende de aplicar la nueva normativa surgida desde el decreto del estado de alarma para regular la nueva casuística originada por tantos cierres de empresas, ERTES y ERES, paralización casi general de la actividad económica, afectación de autónomos y pymes, y un sinfín de casos de diversa índole, las dificultades sobrevenidas. A eso hay que añadir el período de declaración del IVA y retenciones del primer trimestre del año, que ha de hacerse hasta el día 20 de este mes de abril, y el inicio de la campaña de la Renta correspondiente a 2019, que empezó el 1 de abril, con el anuncio del Gobierno de que el 80 % de las declaraciones saldrá a devolver, lo que ha originado ya una verdadera avalancha de declaraciones de particulares, profesionales y autónomos, que necesitan desesperadamente liquidez en estos momentos de paralización de la actividad económica. Mientras tanto, Hacienda permanece cerrada y no se pueden realizar declaraciones presenciales y los servicios online están colapsados, lo que deriva una gran parte de esta demanda de gestión a los profesionales del ramo.
“¿Es cuestión de recaudar a toda costa o cuál es la explicación para no aplazar el primer trimestre?”, se preguntan los asesores.
Hemos palpado la opinión y el estado de ánimo de gestores y asesores en Sevilla, Madrid, Valencia y otros lugares de España, y la opinión general es unánime. “Estamos desbordados, no damos abasto con el trabajo que nos llega, y lo peor es que, en las actuales circunstancias, dado que las consultas no pueden ser presenciales y, por tanto, el cliente no puede entregarnos en mano su documentación ni plantear sus dudas de forma directa, las dificultades son muchas veces casi insalvables, y las tenemos que superar echando más horas e ingeniándonoslas de mil maneras para prestar el servicio”, dice un asesor fiscal de Madrid.
EL PROBLEMA DE LAS FACTURAS
Un colega suyo de Sevilla explica así la situación: “Para preparar las declaraciones de IVA, retenciones y pagos a cuenta, necesitamos tener las facturas. Dichas facturas tienen cada una su propio formato y por supuesto distintos tamaños. Además, los clientes nos las tienen que entregar y hacer las aclaraciones oportunas de posibles incidencias. Existe gran cantidad de establecimientos que no disponen del soporte informático necesario para su escaneo y envío. Asimismo, tienen que enviarnos los extractos bancarios en idénticas circunstancias, porque en las circunstancias actuales no podemos recibir ni recoger documentación en mano ni reunirnos personalmente con los clientes”.
“¿Cómo vamos a presentar IVA y retenciones del trimestre de las empresas que se están arruinando y generando una deuda, si no saben ni cómo van a comer?”
Las dificultades y dudas surgen de las propias normas de urgencia que ha decretado el Gobierno, y de cuyas contradicciones y falta de claridad o de posibilidades de implementación se quejan estos profesionales. Un gestor lo dice con rotundidad: “Señores del Gobierno, si toman medidas sobre algo, háganlo fácil. Si no, mejor que no hagan nada”. La queja incluye los decretos-ley sobre ERTES generalizados, que no pueden resolverse en cinco días; o las ayudas para autónomos, “que aún no tenemos claro si solo son para los amparados por el decreto, o para todos los que han cerrado, que son la gran mayoría”.
En Internet se ha hecho viral la carta de un asesor que, entre otras cosas, dice lo siguiente: “¿Quién tiene que hacer todo eso (si la Administración está paralizada)? Porque nosotros, asesores de esas empresas, estamos agotados y cansados de buscarnos la vida para no dejar tiradas a las pymes, y también tenemos derecho a ponernos enfermos y quedarnos en casa con nuestras familias. Nadie nos informa de los trámites. (El Gobierno) suelta la noticia por la televisión sin estar preparados, y se quedan tan anchos. La Administración correspondiente para informarnos en estos momentos, no atiende, no cogen el teléfono. (…/…) Busquen la forma de hacerlo todo automático y fácil. Pero hay gente que en su casa no tiene ordenador (lo suelen tener en los negocios) y mucho menos, impresora. Y encima tienen que tener escaner. ¿Pero estamos locos? Y como empresa, ve y busca a todos los trabajadores para que firmen el enterado del ERTE, cuando está prohibido salir a la calle. Y para las ayudas a los autónomos, mandan a la gente al banco a pedir certificado de titularidad de la cuenta, últimos recibos pagados de autónomo… ¿Pero no está prohibido salir de casa? ¿Tan necesario es tener un certificado oficial o una cartilla? Y en cuanto a las facilidades de aplazamiento de los impuestos del primer trimestre, que han de declararse del 1 al 20 de abril, a fecha de hoy todavía no los han aplazado ni suspendido.”
DOCUMENTACIÓN Y EMPRESAS CERRADAS
El rosario de quejas añade: “¿Cómo vamos a recoger la documentación de las empresas? La mayoría de las pymes están cerradas. Tienen algo de documentación en sus negocios, pero no toda. Y la contabilidad debe ser real, ordenada y fiel, según establece la ley; pero si nos obligan a presentar el trimestre vencido, será de todo menos real y fiel. ¿Es cuestión de recaudar a toda costa o cuál es la explicación para no aplazar el trimestre? ¿Cómo vamos a presentar IVA y retenciones de las empresas que se están arruinando y generando una deuda, si no saben ni cómo van a comer? Según la Agencia Tributaria, se concederán aplazamientos hasta 6 meses con los 3 primeros meses sin intereses, pero eso lo único que significa es generar más deuda a las pymes.”
“¿Cómo vamos a recoger la documentación de las empresas si la mayoría de las pymes están cerradas?”
Y se solicita públicamente que se anule el trimestre que hay que declarar en abril, se haga un semestre excepcional en fechas del segundo trimestre y se den facilidades de aplazamiento hasta seis meses.
CAMPAÑA DE LA RENTA
Un experimentado asesor de Sevilla señala: “Se anunció la apertura de la campaña de Renta para el 1 de abril de 2020, amparada en que el 80% de las declaraciones saldrá a devolver y se podrán presentar telemáticamente. Esto llevará a una ingente cantidad de contribuyentes que querrán hacerla cuanto antes, para tener liquidez. La Agencia Tributaria no atiende presencialmente al estar cerradas todas las Administraciones, lo que llevará a colapsar los teléfonos de atención al contribuyente y cómo no, a nosotros, presionando, por la imperiosa necesidad de liquidez. Muchos, si el borrador les sale a devolver, lo confirmarán sin tener en cuenta que puedan tener otras fuentes de rentas que deban incluir, lo que generará gran cantidad de requerimientos de información tributaria. ¿Y a quiénes llamarán entonces? A nosotros.
Así que se solaparán las liquidaciones trimestrales con datos inciertos de la campaña de renta, y aunque la Ley obliga a mostrar la imagen fiel de la contabilidad, ya nos dirán cómo hacerlo sin poder acceder a los datos”.
Asesores de Valencia y de otras ciudades españolas consultados por nuestro periódico vía internet o telefónicamente son de la misma y unánime opinión. El no aplazamiento de las obligaciones tributarias va a generar muchísimos problemas, confusión, anulaciones y requerimientos y, para los profesionales del asesoramiento, una sobrecarga de trabajo y de dificultades no imputables a la actividad ordinaria, muy difícil de gestionar. Un problema que ya están sufriendo hoy.
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