No es de recibo que un político como Vicente Álvarez Areces, que fue presidente del Principado de Asturias por el PSOE, permanezca en su escaño de senador tras conocerse el fallo judicial que condena a abultadas penas a algunos relevantes subordinados suyos por la corrupción que tuvo lugar bajo su mandato. La coherencia política y la renovación que está experimentando el nuevo PSOE exigen que el senador socialista dimita inmediatamente.
José Luis Iglesias Riopedre, exconsejero socialista de Educación de Asturias, acaba de ser condenado por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo a 6 años de prisión, multa de 400.000 euros e inhabilitación especial por diez años para cargo o empleo público, por un delito continuado de prevaricación, en concurso con un delito de falsedad en documento mercantil, y por un delito continuado de fraude a la administración y otro delito continuado de cohecho. Junto a él, y dentro del Caso Marea, también llamado Caso Renedo, el mayor escándalo de corrupción ocurrido en el Principado de Asturias durante la etapa de gobierno socialista, ha sido condenada su segunda en la Consejería, María Jesús Otero Rebollada, directora general de Planificación, Centros e Infraestructuras, por un delito continuado de prevaricación, como cooperadora necesaria, en concurso con un delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil, y por un delito continuado de malversación de causales públicos y otro de falsedad en documento mercantil, a 9 años y 6 meses de prisión, 18 años de inhabilitación absoluta, multa de dos millones y medio de euros, más otros 6 meses de cárcel y otros 6 de multa a razón de 12 euros diarios; en total, pues, 10 años de privación de libertad.
El escándalo del caso Marea ocurrió siendo Areces presidente de la comunidad asturiana.
También ha sido condenada la exfuncionaria Marta Renedo Avilés, que fue jefa del Servicio de Procesos Administrativos, de la Dirección General de Modernización del Principado -y cuyo apellido da su primer nombre al caso, dado que sus acciones ilícitas fueron las que terminaron poniendo en evidencia la trama corrupta- a 9 años de prisión, 18 años de inhabilitación y multa de 480.000 euros, por un delito continuado de falsificación de documento oficial y mercantil, en concurso con un delito continuado de prevaricación, un delito continuado de malversación de caudales públicos y un delito de cohecho.
Las responsabilidades políticas de la corrupción deben asumirlas todos los líderes, empezando por Rajoy.
También se condena a cuatro empresarios que participaron en los hechos que dieron lugar a este escándalo de amaño de contratos para la administración autonómica, desviación de dinero público y percepción de generosas dádivas y regalos por parte de los implicados. El total de multas que deberán satisfacer los excargos y empleados públicos y los empresarios asciende a más de seis millones y medio de euros. Se calcula que el total de las cantidades defraudadas oscila en torno a los seis millones de euros.
En Andalucía, Chaves y Griñán asumieron a la fuerza el coste político de su responsabilidad y están a la espera de juicio.
La sentencia, notificada a las partes el pasado 1 de septiembre, se hará pública el jueves de esta semana, día 7. El retraso se debe al gran volumen del fallo, que ocupa más de mil folios.
DIMISIONES
Como consecuencia del resultado indubitable de este escándalo de corrupción tras la contundente condena de sus responsables, no cabe duda de que las responsabilidades políticas alcanzan a quien entonces era el superior de los cargos y funcionarios condenados, el entonces presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces. El PP asturiano, en un ejercicio de hipocresía mayúscula, se ha apresurado a pedir su dimisión de su actual cargo de senador socialista. Esta petición sería creíble y coherente si el PP de Asturias, como el PP nacional, hubiese pedido ya la dimisión de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, por el escándalo múltiple y continuado de corrupción que enloda a dicho partido y que le salpica a él directamente, no solo como responsable político, sino también como presunto perceptor de sobresueldos en dinero negro, tal como apuntan los papeles de Bárcenas.
Pero al margen de estas consideraciones que ponen en evidencia la doble vara de medir de algunos partidos políticos, es evidente que el nuevo PSOE, que lucha por su renovación y regeneración, debe tomar cartas en el asunto y pedir el acta de senador al señor Álvares Areces.
Con el expresidente socialista del Principado de Asturias se pone de manifiesto una vez más la parasitación que cargos públicos de unos y otros partidos hacen de la vida pública, al llevar décadas –en ocasiones, prácticamente toda la vida- viviendo de la política. Porque para el señor Álvarez Areces, que cumplió nada menos que 74 años el pasado día 4 de agosto, ya ha pasado con creces la hora de retirarse a cobrar su jugosa pensión de jubilación, en lugar de continuar en su mejor pagada poltrona senatorial, taponando -como otros muchos cargos del viejo PSOE y del PP que llevan décadas viviendo de la política- toda opción de renovación de las instituciones y toda posibilidad de acceso a cargos por parte de políticos jóvenes. Vicente Álvarez Areces empezó su vida pública con cargo como mínimo en 1983, cuando fue nombrado director provincial en su tierra natal del Ministerio de Educación y Ciencia. Desde entonces hasta hoy no ha dejado jamás de percibir un sueldo público, y van treinta y cuatro años.
Jóvenes militantes de su partido consultados por PROPRONEWS consideran que, en efecto, debe dimitir después de tantos años en política –“deben limitarse los mandatos a ocho años como máximo, computando todos los nombramientos y cargos”-, y más tras las abultadas condenas de sus subordinados directos, “que de una u otra manera ponen de manifiesto su responsabilidad política al menos in vigilando. También los expresidentes Chaves y Griñán han tenido que aceptar sus responsabilidades políticas por la fuerza de los acontecimientos y ahora están a la espera de juicio. Del mismo modo –añaden estas fuentes-, Mariano Rajoy y tantos dirigentes del PP deben dimitir de inmediato por su evidente responsabilidad, al menos política, en la corrupción de sus partidos”.