Muchas mujeres andaluzas se han quedado sin el derecho a percibir una pensión de jubilación al no haber cotizado nunca a la Seguridad Social, o haberlo hecho de manera insuficiente. Son varias las razones que explican esta situación, pero sin duda las de mayor peso en este grupo de edad son las relacionadas con la asunción e interiorización de roles y estereotipos de género tradicionales, que las llevaron a abandonar el mercado laboral al contraer matrimonio y dedicarse al trabajo doméstico, al cuidado de los hijos y familiares. Aunque cada vez son menos las mujeres que no buscan trabajo para ocuparse del hogar, todavía hoy suponen el 38% de la población inactiva femenina, frente al 6% de la masculina. La brecha de género de las pensiones en Andalucía es uno de los problemas más graves que padecen las andaluzas.
Sevilla.-
Marina tiene 79 años. A los doce empezó a trabajar como interna, y continuó haciéndolo hasta los veintisiete, momento en el que se casó. En todo ese tiempo, que ella recuerde, nunca le dieron de alta. «En cambio a mi hermana sí le dieron de alta, y hace diez años se enteró de que podía solicitar una pensión no contributiva. Cuando mi sobrino fue a arreglarle los papeles le dijeron que había perdido cinco o seis años. Pero yo no puedo porque los señores no pagaron por mí.»
Al casarse, Marina pasó a dedicarse únicamente al cuidado del hogar. Más tarde, doce años después, volvió a trabajar limpiando en una casa por horas para aportar una ayuda con la que completar el sueldo de su marido. Todos los viernes, de 8 a 14. Lo que al principio iba a ser sólo una temporada se convirtieron en veinte años. En esta ocasión también sin estar dada de alta, aunque esta vez fue por decisión propia. «Yo empecé a trabajar para poder alcanzar a pagar unos gastos que teníamos en ese momento, pero mi marido no quería que lo hiciera. Así que al principio iba a ser por poco tiempo. Por eso cuando me dijeron de darme de alta dije que no. Pero luego, cuando ya pasó ese momento, quise continuar trabajando porque así tenía un poquito de dinero con el que ayudar a mis hijos, mandar dinero a mi madre o comprar cosillas para la casa. Y ya no volvimos a hablar más sobre darme de alta. Yo tampoco era consciente de cómo podría influir en el futuro» Cuando su marido se jubiló, pasó a cobrar su pensión. Marina no. Ella ahora se lamenta de no tener «una paguita», unos recursos propios, «para tener algo de dinero mío, aunque fueran 50 euros y poder comprarme mis plantas, o unas bragas, darme un caprichito si me da la gana y no tener que darle explicaciones a mi marido».
Ahora, al encontrarse a las puertas de la tercera edad, cuando el paso de los años se deja sentir en el cuerpo, cuando las fuerzas empiezan a faltarles, siguen dependiendo económicamente de sus maridos. A Marina es lo que más le pesa porque «me siento como si no valiese nada, desamparada. Cuando me pregunta la gente cuánto cobro les tengo que decir que no tengo nada. Él ha tenido su trabajo y ha traído el dinero a la casa. Pero yo no he estado parada. Para mí no han existido los días libres, no he tenido nunca vacaciones. Siempre ha tenido el plato encima de la mesa, la ropa limpia, la casa limpia. Me he ocupado de los niños, del colegio, hablar con los maestros, llevarlos al médico. Y ahora sigo igual. Bueno, ya no están los niños, pero la casa la sigo llevando yo. Me gustaría sentir que valgo más que solo fregar y limpiar.»
Como ella, son muchas las mujeres andaluzas sin derecho a percibir una pensión de jubilación al no haber cotizado nunca a la Seguridad Social, o haberlo hecho de manera insuficiente. Son varias las razones que explican esta situación, pero sin duda las de mayor peso en este grupo de edad son las relacionadas con la asunción e interiorización de roles y estereotipos de género tradicionales que las llevaron a abandonar el mercado laboral al contraer matrimonio y dedicarse al trabajo doméstico, al cuidado de hijos y familiares. Aunque cada vez son menos las mujeres que no buscan trabajo para ocuparse del hogar, todavía hoy suponen el 38% de la población inactiva femenina, frente al 6% de la masculina.
Aquellas mujeres que se encuentran en estado de necesidad podrían optar a solicitar una pensión no contributiva de jubilación. Para poder acceder a una deberían, entre otros requisitos, justificar carecer de ingresos suficientes, calculados en función del número de familiares que integran la unidad familiar. Estamos hablando de ingresar menos de 460–395 euros al mes en el caso de vivir sola, o menos de 785–673 euros al mes en el caso de convivir con su cónyuge. Teniendo en cuenta que la pensión media en el 2020 fue de 1267,45 euros mensuales podemos imaginar que son muchas las mujeres que se quedan sin posibilidad de recibir esta pensión no contributiva, que en 2021 oscila entre 402,80 y 100,70 euros mensuales más dos pagas, y que dependen económicamente de sus parejas.
Es el caso de Marina. Su marido percibe una pensión de 1076 euros. Al superar el mínimo exigido no puede solicitar la pensión. «Como llevamos una vida muy modesta nos alcanza con este dinero, pero sigue siendo de él, a la hora de pagar en el supermercado es él el que lo hace, y si ve algo… por ejemplo una crema para la cara, me pregunta que para qué la quiero, o me dice que no es necesario, y yo me siento fatal por tener que darle explicaciones. Yo ya me he acostumbrado después de tantos años, pero no me parece justo. Por eso, desde chiquitita, siempre le he dicho a mi hija que tenía que estudiar y ser independiente, que tuviera su sueldo para ella y no depender de nadie»
No existen datos al respecto de cuántas mujeres en nuestra comunidad autónoma se encuentran en la misma situación de dependencia económica en la que se encuentra Marina, pues tan solo se publican estadísticas sobre mujeres y hombres pensionistas, no sobre los «no pensionistas». Esta categoría no existe para el sistema. Sin embargo, podría hacerse una estimación de cuántas mujeres mayores de 65 años no disponen de ningún ingreso propio, por mínimo que sea, cruzando los datos acerca del número de mujeres que cobran algún tipo de pensión o ayuda social con los del padrón municipal.
Aplicando este criterio las estadísticas arrojan la cifra de 195.522 mujeres y 37.827 hombres que no reciben pensión o ayuda social. Un hombre por cada cinco mujeres si tomamos el total de la comunidad y que llega a dispararse a casi 48 mujeres por cada hombre si atendemos a las provincias, en este caso Jaén. Como se aprecia en el gráfico la distribución es bastante desigual, siendo en la provincia de Málaga donde es mayor el número de mujeres que no cobran ninguna pensión, y Huelva donde es menor.
Son cifras que, aun siendo una estimación, ponen de manifiesto la vulnerabilidad de la población femenina de mayor edad y el riesgo de pobreza al que se ven expuestas, tras toda una vida de trabajo no remunerado, de un trabajo que les fue asignado por razón de su género.
A diferencia de Marina, otras mujeres de su misma edad pudieron trabajar y cotizar lo suficiente como para poder tener una pensión contributiva de jubilación, aunque desde luego no era algo generalizado. Las estadísticas hablan por sí mismas y, como podemos observar en el siguiente gráfico, en todos los grupos de edad los hombres son mayoría. De hecho, en el último año, 290.774 varones frente a 179.514 mujeres en el grupo de edad de los 65 a los 74 años. Y en el de los más mayores, el grupo de edad de 85 y más años, 65.528 varones frente a 43.084 mujeres. Una cifra significativa si tenemos en cuenta la mayor esperanza de vida de las mujeres. En conjunto, las jubiladas representaron el año pasado en Andalucía el 38,1% del total de perceptores de pensión de jubilación, 4,2 puntos porcentuales más que en 2011 debido a la paulatina incorporación de la mujer al trabajo, pero todavía muy lejos de la paridad teniendo en cuenta que representan el 49% de la población en edad de trabajar.
Las pensiones de jubilación, al estar vinculadas a los salarios y a la estabilidad de las carreras de cotización, reflejan fielmente la brecha de género que las distintas generaciones de las hoy pensionistas han venido soportando hasta ahora. Aquellas que cotizaron lo hicieron con sueldos generalmente más bajos que los de sus compañeros, al igual que ocurre ahora, por lo que la cuantía de sus pensiones de jubilación ha sido de media 343 euros inferiores a las de ellos en 2020. La misma lógica que explica el menor número de jubiladas se aplica a las pensiones de viudedad y en este caso la proporción se invierte, unas 201.901 mujeres frente a 3.130 hombres. Y las cuantías de las pensiones de viudedad, que son generadas por la persona que fallece, son también inferiores en el caso de los viudos. Concretamente en 231 euros.
Al contrario de lo que ocurre con las pensiones contributivas, el perfil del pensionista no contributivo es claramente femenino y lo ha sido desde la creación de estas prestaciones en 1990, constituyendo el 63.3% de los perceptores de pensiones de jubilación. Pero a similitud de las contributivas, la pensión media del hombre es mayor que la de la mujer.
El mes de mayo de 2019 supuso un hito en cuanto al número de mujeres dadas de alta en la Seguridad Social, rompiéndose por primera en vez en España la barrera de los 9.000.000 de trabajadoras. La tónica se mantuvo, salvo en los meses de agosto y septiembre, hasta diciembre del mismo año. Desde entonces no se ha vuelto a superar esa barrera, acabando el 2020 con 878.000 mujeres dadas de alta, si bien hay que tener en cuenta el impacto que la crisis sanitaria actual debida al coronavirus ha tenido sobre el mercado laboral. La tendencia al alza en lo que respecta a la contratación femenina pone en evidencia la gran transformación que en las últimas décadas ha experimentado la sociedad española, donde la mujer ha ido ocupando cada vez más espacio en el mercado laboral. En el siguiente gráfico podemos apreciar su alcance, comparando la evolución de las tasas de empleo femeninas y masculinas por grupos de edad desde 1976 hasta 2020.
En el caso de los hombres se aprecia cómo en todas las series a medida que aumenta su edad aumenta también su participación laboral, decreciendo a partir de los 54 años. La curva correspondiente a 1976 supone tasas máximas de ocupación para casi todos los grupos de edad, y en ella se aprecia cómo el 51% del grupo de edad de 16 a 19 años estaba empleado, aumentando hasta una tasa del 86% en el grupo de 25 a 54, y decreciendo a partir de entonces hasta un 41% en el grupo de los de 55 años o más.
En el caso femenino la evolución es totalmente diferente y, como se aprecia en la misma curva de 1976, las mujeres entraban en el mercado laboral siendo jóvenes y alcanzando su máxima tasa de empleo entre los 20 y 24 años, el 34,97%, para abandonarlo a partir de los 25, edad en la que contraían matrimonio. Muchas de ellas no volvían a trabajar.
Mientras que en el caso masculino la curva mantiene su forma de U invertida prácticamente igual a lo largo de la serie, en el caso femenino se observa cómo la curva comienza a levantarse, las tasas de empleo de las mujeres mayores de 24 años aumentan paulatinamente y se mantienen, para adoptar finalmente la misma forma de U invertida del modelo masculino, si bien las tasas de empleo masculino siguen siendo más elevadas.
Sin embargo, esta mayor participación de la mujer en el mercado laboral no se ha visto correspondida con mejoras sociales que favorezcan el que sus salarios o jornadas de trabajo sean iguales a las de sus compañeros, o incluso que en un futuro sus pensiones sean también iguales. Los roles de género que han asignado a las mujeres el cuidado del hogar y de la familia, hijos y dependientes, siguen pesando en el desarrollo de sus carreras profesionales, determinando el que sean ellas las que mantengan tasas de contratación a tiempo parcial mucho más elevadas que las de ellos. En el gráfico puede apreciarse como esta tendencia se mantiene en el tiempo, representando en 2020 el 71.7% de las contrataciones a tiempo parcial.
Si bien el poder optar a trabajos a tiempo parcial puede ser en determinadas circunstancias una opción beneficiosa para empresas y trabajadores, el problema es que son las mujeres las que mayoritariamente optan por la reducción de la jornada para conciliar su vida familiar, lo que repercute negativamente en sus retribuciones presentes y futuras. En los gráficos siguientes podemos observar cómo el desigual comportamiento de hombres y mujeres que viven en pareja según tengan o no hijos perjudica claramente a las mujeres.
La «Encuesta Social 2019. Conciliación en el hogar: Hábitos y Actitudes de la Población Andaluza», elaborada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, pone de manifiesto que son las mujeres las que optan mayoritariamente por reducir las jornadas de trabajo o incluso abandonarlo para poder conciliar, mientras que ellos optan por realizar cambios en el trabajo para ganar más dinero, aunque les guste menos el trabajo. En esto parece que todavía queda mucho camino por recorrer.
Además de ser ellas las que copan las contrataciones a tiempo parcial, también desarrollan su trabajo en sectores fuertemente feminizados: en 2019 el 88,5% de las mujeres lo hicieron en el sector servicios. Y dentro del mismo, las ramas de actividad que emplearon un mayor número de mujeres fueron precisamente aquellos sectores que se corresponden con tareas que se identifican como femeninas, como son el comercio, los cuidados, la educación, la sanidad y el hogar, ocupando en su mayoría puestos que exigen una menor cualificación y por lo tanto están peor remunerados.
Es precisamente en el colectivo de las empleadas del hogar donde sin duda podemos hablar de discriminación indirecta por razón de género, al estar integrado en un 88% por mujeres. En la actualidad las empleadas del hogar no tienen derecho a la prestación por desempleo, pueden ser despedidas sin causa y cotizan muy poco, lo que sin duda repercutirá en sus pensiones futuras de jubilación. Eso si es que están dadas de alta puesto que un gran número de ellas trabajan en negro, especialmente las que trabajan durante pocas horas a la semana. Fue el caso de Marina, hace ya de eso veinte años. Y es el caso de Ramona, que lleva dedicándose a limpiar en casas ajenas hace también veinte años. Como ella misma recuerda «cuando me separé y me quedé con los dos niños tuve que irme a casa de mi madre. Y yo no podía dejar que ella me lo pagase todo, porque eran mis hijos, y si les hacían falta unas deportivas pues era yo la que tenía que comprarlas, no mi madre. Así que me puse a trabajar limpiando».
Todo este tiempo lo ha hecho sin estar dada de alta. Ahora, a sus cincuenta años ya cumplidos, ha reclamado a sus nueve empresarias que regularicen su situación, encontrándose con la negativa de algunas. «Yo le dije a P. que yo quería que me diera de alta, que fíjate que si me pasa cualquier cosa y estoy de baja y me tengo que quedar en mi casa, es que no cobro nada. Y me dijo la mujer que no podía, que si esto, que si lo otro, y que si estaba pasando apuros y que sintiéndolo mucho iba a tener que dejar de ir. Así que me despidió y ¿sabes lo que hizo? Pues el marido, que tenía una empresa, mandó a la limpiadora de su empresa a su casa a que se la hiciera.»
El resto de las personas para las que trabaja ha accedido a pagar mancomunadamente el alta de Ramona, algo que todas saben que es ilegal, pero «así salimos todos ganando. Yo tengo mi alta y a ellas les sale más barato porque ahora pagan 35 euros y si me diera de alta cada una por separado tendrían que pagar mucho más. ¿Y quién va a saber si yo trabajo aquí o allá?».
Ramona espera cobrar su pensión dentro de unos años, una pensión mínima al igual que la de todas las otras Ramonas que, con su trabajo y sus cuidados, facilitan diariamente a otras mujeres el que puedan seguir trabajando para que, en un futuro, disfruten de unas pensiones dignas. Ellas, no.
METODOLOGÍA
Este reportaje es el resultado de dos meses de trabajo que pretendían discernir cuántas mujeres mayores de 65 años carecen de pensión o ingresos en Andalucía.
Para poder hacerlo tenía que obtener los datos de todas las mujeres andaluzas mayores de 65 que cobran pensiones contributivas y no contributivas, pensiones del sistema de clases pasiva y las que perciben ayudas asistenciales. He obtenido estos datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, de la Consejería de Igualdad, Políticas sociales y Conciliación, y del Ministerio de la Seguridad Social. Los referentes a las pensiones no contributivas y a las prestaciones PSPD (antiguo LISMI) los he obtenido después de solicitarlos a través del Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía.
Sin embargo, en lo que respecta a los pensionistas del sistema de clases pasivas, no he podido conseguir la información desglosada por sexo y edad. He solicitado estos datos, pero a fecha de hoy no he recibido respuesta. Por lo tanto, para realizar el cálculo he tenido que hacer una estimación de los mismos por edad y sexo. En las pensiones del sistema de clases pasivas se integran las pensiones de los funcionarios civiles y militares de la Administración General del Estado, cruces y medallas, las derivadas de la guerra civil y de actos de terrorismo, así como las prestaciones del VIH. El número de estos pensionistas en Andalucía, a diciembre de 2019, ascendía a 122.697. Para poder hacer la estimación he considerado un porcentaje de hombres y mujeres mayores de 65 igual al que tienen las pensiones contributivas del régimen general de la seguridad social. En concreto, el 36.6% de los pensionistas contributivos en Andalucía son mujeres, y el 37.14% son hombres. Aplicando el mismo porcentaje a las pensiones de clases pasivas, he obtenido que 44.935 corresponden a mujeres y 45.598 a hombres.
Para el resto de datos he acudido al INE y al IECA.
(María del Prado Melero Manzanilla es licenciada en Historia del Arte, escritora y técnica de televisión)