El espectáculo que hemos visto hoy en el Congreso de los Diputados, de la utilización por parte del Gobierno del PP de casos horribles de niños y jóvenes asesinados, y de la manipulación de sus padres y familiares, es nauseabundo y obsceno. Tampoco se puede dedicar más atención a unas víctimas que a otras en función del tirón mediático del caso, ni invitar al Congreso a personas traspasadas de dolor, para argumentar demagógicamente, distraer de la propia corrupción y fracaso, y buscar réditos electorales de las pasiones desatadas por un crimen horrendo.
Es muy fácil vender a la ciudadanía la propaganda del máximo rigor –solo falta proponer la cadena perpetua sin revisión y la pena de muerte- contra estos crímenes horrendos con víctimas infantiles o adolescentes. Pero eso, aparte de execrable oportunismo, populismo y demagogia, no solo no soluciona el problema de la violencia contra los más indefensos –precisamente con la prisión permanente del PP en vigor han ocurrido estos crímenes-, sino que, además, atenta contra los principios de una democracia civilizada y humana como la nuestra. En países con penas mucho más rigurosas que incluyen la de muerte –por ejemplo, EE.UU.- a diario suceden los peores asesinatos y matanzas, sin que el horizonte de tan terrible castigo disuada a los asesinos. Y en otros países –como México- donde, además de la legal, existe una pena popular del ojo por ojo y una pena de muerte de facto que arroja decenas de millares de asesinatos cada año (alrededor de 25.000 en 2017), el “factor venganza” no tiene efecto disuasorio alguno.
No se puede invitar al Parlamento a víctimas de ninguna clase para utilizarlas contra el adversario político.
Un Parlamento tampoco está para introducir elementos de confrontación externos al propio ámbito de la cámara –como si la confrontación interna no bastase- a fin de argumentar contra el adversario con la sangre de las víctimas presente. Es natural que los padres y familiares de las víctimas promuevan para los asesinos de sus hijos castigos lo más duros posibles –ya digo, podemos hablar incluso de la pena de muerte- y es comprensible que encaucen a través de iniciativas diversas su dolor por la pérdida horrible de sus seres más queridos, y del servicio que creen prestar a la sociedad, reuniendo firmas para endurecer las penas. Eso siempre ha sido así y siempre será. Es perfectamente entendible.
TRAMPOSO PP
Lo que no es admisible es que, en pleno debate de esta problemática, los partidos de la derecha, especialmente el PP –que es al que más falta le hace una inyección electoral en la irreversible decadencia que vive actualmente-, inviten a la tribuna del Congreso a los padres y familiares de esas víctimas, y que además sus diputados se atrevan a señalarles con el dedo como argumento vivo y visible, contra los que sostienen que la ley penal española –no solo lo digo yo, también lo dicen los más importantes penalistas de este país- ya es lo suficientemente dura, bastante más que otras de nuestro entorno europeo.
Basta ver las escenas de Zoido visitando dos veces a la familia del niño Gabriel Cruz en Almería –como si no tuviese trabajo que hacer en su despacho oficial en Madrid-, e incluso yendo a su funeral y entierro, y aceptando gustoso la bufanda infantil que le regaló la madre; o basta ver los aspavientos contra los diputados discrepantes y los aplausos de los diputados del PP a las familias de las víctimas en la balconada del Congreso; o basta ver la cara de trilero de Rajoy recibiendo después a los padres y los familiares de esos niños y jóvenes asesinados y sentándose con ellos, rodeado de ellos, en el sofá; y basta ver la difusión reiterada e insistente de esas imágenes en TVE y demás medios gubernamentales y de la derecha, para darse cuenta de que todo eso obedece a una maniobra propagandística orquestada en el peor momento político y electoral de un PP asediado por la corrupción, por la contestación feminista, por la rebelión de los pensionistas y en el declive de sus expectativas electorales.
El ministro Zoido jamás ha ido ni una ni dos veces a estar con las familias de ningún otro niño o joven desaparecido o asesinado, y menos si eso sucede fuera de Andalucía. ¿Qué va a hacer a partir de ahora? Si lo hace una vez tendría que hacerlo siempre, para evitar agravios comparativos, pues todas las víctimas tendrían el mismo derecho a contar con su presencia. De donde se deduce que la labor de un ministro del Interior no incluye esas efusiones que, en todo caso, o son para todos o no son para nadie.
Agravio comparativo por cómo se vuelca el Gobierno con unas víctimas y sus familiares y no con otras.
VÍCTIMAS EN LA TRIBUNA DE INVITADOS
Nadie ha invitado jamás a la tribuna del Congreso a ninguna víctima del austericidio, por ejemplo, parados, pobres, desahuciados, jubilados con pensiones de miseria, preferentistas, ahorradores arruinados por bancos rescatados por el Gobierno, para utilizarlos como argumento vivo y visible contra las propuestas del adversario político. ¿Y por qué los incontables sufridores de la crisis -entre ellos las numerosas personas que se han quitado la vida en proporciones como jamás se habían visto en España- van a tener menos derecho que los padres y familiares de víctimas de esta otra violencia a estar presentes como invitados en el Congreso para que un partido los utilice como arma arrojadiza contra otro?
La derecha española, con uno u otro nombre, ha gobernado la mayor parte del tiempo desde 1939 hasta la actualidad, y jamás hubo, ni siquiera en el franquismo, iniciativas legislativas que abogasen por la pena de reclusión perpetua (revisable o no). Recordemos que durante todo ese tiempo, ETA no solo mató a un presidente del Gobierno llamado Carrero Blanco, sino que también perpetró inicuas matanzas en atentados que acabaron con decenas de personas a la vez, incluidos civiles, mujeres y niños en alto número. Ni siquiera se adoptó una iniciativa legal semejante tras los atentados yihadistas de Atocha, que mataron casi a 200 personas e hirieron a 2.000.
¿Por qué ahora, de nuevo, este renovado afán punitivo del PP? ¿Por qué esta acentuada devoción por un asunto tan delicado? ¿Por qué invitar precisamente ahora, en un momento de pasiones sociales desatadas por el asesinato del niño Gabriel Cruz, a los familiares de víctimas de ese tipo de violencia a un debate parlamentario que trata precisamente de esa problemática? ¿Por qué este afán del PP de volver a introducir en el código penal un “factor social de venganza” precisamente ahora? ¿Por qué fue el PP el único partido de todo el Congreso que votó a favor de la prisión permanente revisable que él mismo engendró dentro de la nefasta Ley de Seguridad Ciudadana pepera (que tantos derechos ciudadanos ha recortado por otras partes, no lo olvidemos) aprobada en marzo de 2011 aprovechando su mayoría absoluta y a solo dos meses de las siguientes elecciones generales? Son preguntas que cualquier lector razonable puede hacerse, más allá de dejarnos llevar todos por la irracionalidad pasional de estos días bajo la influencia de un crimen horrendo. La respuesta la tiene cada cual.