El Gobierno de España, por la conducta de su presidente, vicepresidente y algunos ministros, está incumpliendo gravemente su promesa de lealtad al jefe del Estado y de guardar y hacer guardar la Constitución. Los últimos acontecimientos de vetos, ataques al Rey y connivencia con los independentistas suponen una ruptura flagrante y gravísima de la promesa formal que hicieron en su toma de posesión.
Primero ha sido el chalaneo con los independentistas que quieren romper España y acabar con la democracia que los españoles aprobamos en referéndum en su día y que ahora, si hubiera que volver a votar sobre ella, sería aprobada, contra lo que creen algunos antisistema que hoy se sientan en el mismo Consejo de Ministros, por una mayoría tan grande o mayor que entonces. Y luego ha seguido la campaña contra el jefe del Estado, programada y ejecutada en una sospechosa cascada de actuaciones intolerables.
El veto al Rey ha venido directamente del Gabinete de Moncloa.
LOS MINISTROS DE PODEMOS PROMETIERON LEALTAD AL REY Y A LA CONSTITUCIÓN
Las inadmisibles cesiones a Bildu, a JxCat, a ERC que se han ido produciendo a lo largo del tiempo, con el paulatino blanqueamiento de los asesinos de ETA, de sus cómplices y de quienes les dan cobertura política; la complicidad del PSE que, por boca de su líder, Idoia Mendía, ha resaltado “el compromiso de Bildu con la gobernabilidad de España”, cuando lo que realmente quieren los filoetarras, que nunca han condenado su violencia, es desmembrar el país; las negociaciones con los separatistas catalanes y la cesión paulatina de atribuciones y responsabilidades que corresponden al Estado; la búsqueda del apoyo a los Presupuestos Generales del Estado de quienes tienen como objetivo supremo la independencia de sus regiones y la ruptura del marco constitucional y democrático vigente, a cambio de cesiones inadmisibles; la vergonzante puesta en marcha del indulto a los independentistas catalanes justamente condenados por el golpe de Estado que perpetraron el 1-O y el proyecto de modificar la ley para que otros futuros golpes salgan lo más baratos posible desde el punto de vista penal; el veto al jefe del Estado, que por primera vez en democracia no ha podido presidir la entrega de despachos a los nuevos jueces, un veto que, según ha podido saber este periódico de una alta fuente gubernamental, viene directamente del Gabinete de Moncloa; el ataque subsiguiente del ministro Garzón contra el Rey, al que ha acusado nada menos que de “maniobrar contra el Gobierno (en mayúscula en su tuit) democráticamente elegido” y de “incumplir la constitución (en minúscula en su tuit, lo que desvela el respeto que le tiene a la norma suprema) que impone su neutralidad”; el apoyo del vicepresidente Iglesias a Garzón y contra el jefe del Estado; el silencio cómplice de Pedro Sánchez, responsable máximo del veto a la máxima autoridad del Estado; todo ello representa una traición no solo a la palabra dada, puesto que Sánchez, Iglesias y Garzón prometieron solemnemente “lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución”, por su flagrante deslealtad al jefe del Estado, sino, sobre todo, a la propia Constitución y a la ciudanía española.
Los últimos acontecimientos vuelven a desvelar el valor de la palabra dada de estos dirigentes empeñados en causar problemas donde no los hay y, en cambio, en gestionar pésimamente los verdaderos problemas.
INCONCEBIBLE EN OTRO PAÍS
En cualquier otro país democrático sería inconcebible que el Gobierno vetase la asistencia del jefe del Estado a un acto cualquiera, y menos a uno tan importante desde el punto de vista institucional y de la entidad de uno de los poderes que sustentan el entramado estatal como son los jueces. Y aquí no cabe ahora el dilema monarquía o república, porque lo evidente es que Felipe VI es el jefe del Estado a todos los efectos mientras nuestro sistema político sea el que es, que lo será por mucho tiempo. Pero este ataque al jefe del Estado es mucho más grave, porque representa también un ataque a toda la ciudadanía. En efecto, mientras que un líder político representa solo a sus votantes, es decir, a un sector concreto de la sociedad, el jefe del Estado nos representa a todos los españoles sin excepción y es a través de él que los españoles asistimos a ese acto institucional concreto, o a una reunión internacional de líderes mundiales, o a una sesión de la ONU. Por tanto, el veto al Rey es un veto a la soberanía nacional, de la que una parte tan minoritaria del abanico ideológico pretende apropiarse por entero, utilizando la fuerza del abuso de poder.
Iglesias y los suyos no se dan cuenta del favor que le están haciendo a la propia monarquía que quieren derribar.
Seguramente Iglesias y compañeros mártires no se dan cuenta del favor que le están haciendo a la propia monarquía que tanto odian, porque cada ataque suyo hace subir la aceptación de la Corona y de este Rey en particular. Y creemos sinceramente que este creciente apoyo de la ciudadanía española a la monarquía vigente es inversamente proporcional al menguante apoyo que el electorado brinda a Podemos, cuyas perspectivas conducen cada día más a la irrelevancia. Solo hay que ver la representación que Podemos llegó a tener en el Congreso y el Senado y la que tienen ahora, o a debacle electoral sufrida por dicha formación en las últimas elecciones autonómicas de Galicia y País Vasco, todo lo cual apunta a que el hundimiento del suelo electoral de la formación todavía no ha alcanzado su cota más baja. Pero todo llegará, porque los votantes no son tontos y la inmensa mayoría se ha dado cuenta ya del engaño y las contradicciones de estos inflamados activistas contra “la casta” que se han convertido en “casta” en cuanto han tocado moqueta, coche oficial, mansiones y sueldazos.
Prometer un día “lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución”, y comportarse después con la deslealtad manifiesta al jefe del Estado y a España de los últimos acontecimientos, vuelve a desvelar el valor de la palabra dada por estos dirigentes empeñados en causar problemas donde no los hay y, en cambio, en gestionar pésimamente los verdaderos problemas de un país que se ahoga sanitaria, social y económicamente a causa de la epidemia de coronavirus, mientras los hospitales y las escuelas se desbordan o colapsan, faltan miles de médicos, enfermeros y profesores, y la desunión, y los enfrentamientos de dirigentes e instituciones tienen en vilo a una ciudadanía más que indignada, harta y furiosa.