martes, 29 noviembre, 2022
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¿Bancos intocables?

La pirueta del Tribunal Supremo sobre el impuesto de las hipotecas induce a la sospecha de que desde las altas instancias del Estado se protegen los intereses de la banca por encima de los de la ciudadanía.

Da la sensación de que ciertos “estamentos” españoles, como la banca y la iglesia, son todavía intocables, dado que sus intereses se sitúan aún por encima de los de la ciudadanía y visto que el Estado no solo lo consiente, sino que incluso los protege. El espectáculo que está dando estos días el Tribunal Supremo en el caso de a quién corresponde abonar el impuesto de las hipotecas hace sospechar que hay organizaciones poderosas de nuestro país que siguen siendo intocables.

En España hay, como mínimo, dos organizaciones o grupos de poder –podríamos incluso llamarlos estamentos, dado que en muchos aspectos todavía tienen connotaciones cuasi feudales- prácticamente intocables, cuyas utilidades y manejos se sitúan muchas veces por encima de los legítimos intereses de la sociedad y de la ciudadanía. Una de ellas es la iglesia católica, una institución cerrada que en sus relaciones con el Estado se rige por un arcaico concordato que sostiene, ya avanzado el siglo XXI, unos privilegios más propios del Antiguo Régimen; un grupo de poder que protege a sus miembros bajo una nube de oscurantismo incluso cuando sus pastores abusan sexualmente de sus corderos; una “empresa” capaz de apropiarse impunemente de bienes de dominio público como la mezquita-catedral de Córdoba, entre otros innumerables.


Iglesia y banca han sido tradicionalmente protegidos en España por el poder político por encima de la protección que se debe a la ciudadanía.


El otro “estamento” es la banca, una organización indudablemente imprescindible para el buen funcionamiento de la economía, pero que, constituido en poder fáctico, en lobby endogámico, es capaz de imponer sus intereses sobre los de la ciudadanía y atender antes a su cuenta de resultados que al impacto social de su actividad.

Ambos, iglesia y banca –dinero y fe o fe y dinero, que, a los efectos que comentamos, tanto monta- han sido tradicionalmente protegidos en España por el poder político por encima de la protección que se debe a la ciudadanía. Por eso la iglesia sigue gozando, aun bajo gobiernos de izquierda, de una serie de privilegios insostenibles -como su régimen jurídico, su capacidad de actuar como agente económico encubierto, sus privilegios fiscales, etc.-, y por eso la banca, aun bajo gobiernos de izquierda, se mantiene en una burbuja proteccionista que hace que, cuando gana dinero, se lo embolse tan ricamente, mientras que, cuando lo pierde o se vea en situación de riesgo, el Estado acuda en su ayuda con el dinero de todos los españoles.

LA ESPAÑOLÍSIMA LEY DEL EMBUDO

Una sociedad como la española puede tener millones de pobres para cuyas necesidades no hay dinero y, en cambio, es capaz de salvar a la banca con una inyección de casi 80.000 millones de euros, de los cuales, según el propio Banco de España, 60.000 millones no se recuperarán nunca.

Y si un banquero comete un delito (y hablamos de banqueros, no de advenedizos como Rato), tampoco hay problema porque, aunque resulte condenado, el Gobierno –da igual si de izquierda o de derecha- acudirá de inmediato en su ayuda con un oportunísimo indulto o con un ventajoso acuerdo.

Hay que recordar, sin embargo, que en Islandia, el Gobierno dejó caer a los bancos de las malas prácticas, cuyos responsables fueron a la cárcel con largas condenas, y que las pérdidas de las entidades no se enjugaron con dinero público.

En España, por el contrario, basta que una sentencia del Tribunal Supremo atribuya a los bancos el impuesto de las hipotecas que hasta ahora pagaban los ciudadanos –con un coste total que puede oscilar entre los 6.500 millones de euros y los 24.000 millones, dependiendo, o no, de la retroactividad- para que otro sector del mismo tribunal con su presidente a la cabeza se revuelva de inmediato y paralice automáticamente la aplicación de dicha resolución gravosa para la banca. Nueva aplicación de la muy española ley del embudo. El embrollo es de tal calado que ni siquiera los juristas mejor informados consultados por nuestro periódico han podido dilucidar qué va a ocurrir y si al final serán, o no, los bancos los que abonen dicho impuesto y si la medida tendrá, o no, efectos retroactivos. Pero una cosa está clara: en cuanto algo afecta negativamente al sector financiero, enseguida surge incluso en la administración de justicia –aunque hasta ahora no hubiese un precedente ni siquiera parecido a esto- alguien con autoridad para intentar cubrir a la banca con un manto protector. Por eso, todavía a estas alturas del siglo XXI, la ciudadanía española sigue preguntándose si la banca –como la iglesia- continúa siendo intocable.

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