El Gobierno anunció ayer, en el marco del pacto antiterrorista, otra batería de medidas –que son de puro sentido común y no se entiende cómo no se han tomado antes- para prevenir y combatir el terrorismo, y especialmente el terrorismo yihadista, en nuestro país. Pero las medidas verdaderamente imprescindibles, como sacar el Ejército a la calle, aumentar las plantillas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, remunerarlas dignamente y dotarlas de los medios necesarios, siguen sin tomarse.
La pauta de por dónde va la acción del Gobierno en la prevención y el combate del terrorismo en España la dio hace unos días el ministro del Interior, al presentar un vídeo que podría titularse “Arréglatelas como puedas”. En esta pieza se dan una serie de patrones al ciudadano sobre cómo actuar individualmente en caso de ataque terrorista. El vídeo llega tarde y es tan elemental y falto de contenido, que cualquier adulto con dos dedos de frente podría dar esos mismos consejos sin necesidad de ser un experto en la materia. Sin contar que algunas de esas recomendaciones ministeriales pueden ser equívocas y contraproducentes, como la que dice “en caso de atentado, actúe con calma”, escena en la que se ve la imagen de un hombre impresa sobre una explosión, o aquella otra que recomienda “no se tire al suelo fingiendo haber sido abatido”, cuando permanecer de pie en caso de tiroteo o explosiones con metralla incrementa la posibilidad de sufrir daño, según expertos consultados.
El miedo a la reacción de los independentistas dilata una medida en vigor en todos los países de nuestro entorno.
Y ayer, miércoles, nuevamente hemos visto por dónde sigue la “inacción” gubernamental en este asunto tan grave y delicado. La reunión del llamado pacto antiyihadista alumbró una docena de medidas preventivas que se irán implementando a lo largo de 2018 -¿por qué no estaban ya en vigor? ¿Es que el ministerio desconoce la situación de riesgo extremo en la que vive España?-, entre las que se incluyen providencias tan elementales como un mayor control de fronteras, alquiler de vehículos y alojamientos turísticos o venta de bombonas de butano. En el caso de las bombonas, han tenido que pasar nada menos que cuatro meses desde los atentados de Cataluña –en los que explotó un chalé con más de cien bombonas acumuladas por los terroristas- para que el ministro Zoido “se apresure” a intensificar estos controles.
TARDANZA E INSUFICIENCIA
Todas esas medidas están muy bien, pero llegan tarde y son absolutamente insuficientes, teniendo en cuenta el riesgo al que nos enfrentamos y el destacado papel de España como objetivo de atentados yihadistas, por nuestra participación en la coalición internacional contra el ISIS, nuestro papel en la guerra de Irak o las peculiaridades de nuestro país por su pasado islámico. De manera que España no solo está amenazada por el yihadismo en el entorno global de los países occidentales, sino que ha sido declarada como objetivo directo y preferente por los terroristas. Los atentados de este verano en Barcelona y Cambrils y la cantidad de células e individuos desarticuladas y detenidos constantemente por nuestras eficaces –pero mal pagadas, peor provistas y lamentablemente equipadas- fuerzas de seguridad, dan una idea de que los planes de atentar en nuestro país no se detienen nunca.
España es objetivo preferente de los terroristas, pero el Gobierno no decreta la Alerta 5.
Y ahora resulta, además, que el riesgo se ha incrementado notablemente, a raíz del reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel por el incendiario presidente Trump, lo que ha determinado el comienzo de una nueva intifada en los territorios ocupados y un incremento de la amenaza yihadista a Occidente.
Este conjunto de circunstancias, sobre todo a raíz de los últimos atentados en Cataluña, aconsejaba elevar el nivel de alerta 4 a 5 (ver la siguiente información firmada por nuestro director el 25 de agosto pasado: El miedo del Gobierno al independentismo impide declarar la Alerta-5) y, como consecuencia de ello, poner en práctica en nuestro país una medida relativamente sencilla como es sacar al Ejército a las calles, sobre todo en las principales ciudades y en entornos y fechas de afluencia masiva. La inmensa mayoría de los países de nuestro entorno tienen al Ejército patrullando sus calles desde hace años. En Bruselas, en París, en Londres, en Roma, y en otras numerosas ciudades europeas, patrullas militares fuertemente armadas vigilan los lugares más sensibles. Su participación en el operativo antiterrorista, aparte de disponer de una mayor presencia de fuerza en caso de atentado, tiene una serie de efectos positivos sobre la ciudadanía y el turismo –que ve a los soldados con la confianza del refuerzo de la seguridad que representan- y sobre la propia lucha antiterrorista, al liberar de patrullar las calles a millares de policías especializados en otro tipo de tareas preventivas.
La paradoja de España es que ejercemos labores de contraterrorismo y pacificación en terceros países, mientras que, aquí, un ministro del Interior y un Gobierno acomplejados no se atreven, pese al riesgo que corremos todos, a decretar de una vez la Alerta-5 y a sacar al Ejército a patrullar las calles. ¿La razón última de esta dejación de responsabilidad? El miedo a los independentistas gallegos, vascos y catalanes y a su reacción ante una medida así en los territorios de sus respectivas comunidades autónomas, y al temor a seguir perdiendo apoyo ciudadano el partido en el Gobierno, que en algunas de esas regiones, por su nefasta política, ha pasado a ser una formación residual.