El prior del mal llamado Valle de Los Caídos pretende imponer su voluntad sobre la justicia y el Gobierno de España y sigue negándose a la exhumación de los restos del dictador. Tras la sentencia firme del Tribunal Supremo, no cabe otra alternativa que hacer cumplir la ley al recalcitrante “religioso”, aun empleando la coerción y sancionándole como merece. Si cualquier ciudadano civil de este país actuara de manera parecida ante una resolución judicial, sería inmediatamente detenido y puesto a disposición del juez. Pero, además de su inadmisible rebelión, el prior desprecia a la autoridad legítima e incluso falta al respeto a la vicepresidenta del Gobierno, a la que niega el mínimo tratamiento deferente a que está obligado.
T. F-N. Madrid.-
El encabezamiento del escrito con que el prior de la basílica del Valle de los Caídos ha contestado al requerimiento de la vicepresidenta del Gobierno para que cumpla la sentencia del Tribunal Supremo que autoriza la exhumación de los restos del dictador de dicho templo, adolece de entrada de una inadmisible falta de respeto a la señora Carmen Calvo y de un claro desprecio a la autoridad civil del Estado.
Este cura insurrecto incluso le niega a la vicepresidenta del Gobierno el simple tratamiento de “Señora Doña”.
Como puede observarse en uno de los documentos que reproducimos junto a esta información, que es la contestación del prior, Santiago Cantera Montenegro, al requerimiento del Gobierno para que acate la ley y obedezca la sentencia, el caritativo y respetuoso fraile se dirige a la vicepresidenta como “Carmen Calvo Poyato”, omitiendo incluso el tratamiento de “Señora Doña” y, por supuesto, el de “Excma. Sra.”, que es el que le corresponde por el alto cargo que ostenta.
Dicho trato cuasi vejatorio, que además desvela un matiz machista de claro desprecio a la mujer, contrasta con los respetuosos escritos que el mismo prior envía a otros cargos del Estado de menor rango, por ejemplo, al presidente del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, la institución pública que es la propietaria y responsable última del Valle de los Caídos, al que -como puede observarse en otro documento que acompaña a esta información- se dirige como “Ilmo. Sr. D. Alfredo Pérez de Armiñán y de la Serna”.
Invitamos a los lectores a que repasen el documento suscrito por Santiago Cantera y enviado al Gobierno a través de la vicepresidenta, para que aprecien la soberbia, el desprecio a la ley, la falta de respeto y la prepotencia con la que este cura falangista, que incluso ha sido candidato de Falange Española Independiente para las elecciones generales de 1993 y las Europeas del año siguiente, se manifiesta en relación a una sentencia nada menos que del Tribunal Supremo.
LA REBELIÓN VIENE DE LEJOS
La rebelión de este cura contra la autoridad del Estado que, a través de Patrimonio Nacional, es el propietario del Valle de los Caídos, viene de lejos. Precisamente en el documento dirigido al señor Pérez de Armiñán, Santiago “y cierra el Valle de los Caídos” Cantera exige nada menos que el control absoluto del acceso a dicho complejo, de modo que reclama todas las llaves del recinto incluidas las que obran en poder del Estado, su legítimo propietario (El prior disputa al Estado las llaves del Valle de los Caídos).
La sociedad española asiste asombrada y más que indignada al espectáculo de este cura fascistoide que impide, “por sus santos cojones, y nunca mejor dicho” -como nos ha comentado un lector-, cumplir una de las últimas aspiraciones de la Transición española, como es sacar la momia de Franco de un lugar donde nunca debió estar. La Justicia debería actuar ya de oficio contra el susodicho prior. Y el Gobierno debería hacer cumplir la sentencia del Supremo de manera inmediata, aun con el uso legítimo de la fuerza si fuese necesario, al tiempo que también debería acabar con los muchos privilegios de que todavía disfruta en nuestro país la Iglesia Católica, en materia de financiación de su actividad ordinaria con fondos públicos, subvenciones diversas y numerosas, exenciones de impuestos, inmatriculaciones abusivas de inmuebles, presencia masiva en colegios y cuarteles, financiación de centros educativos religiosos y tantos otros; privilegios de los que dicha iglesia no goza en ninguno de los países de nuestro entorno.
Seguramente si el Estado español tomase de una vez por todas la decisión de separar definitivamente a la Iglesia Católica de lo que es el funcionamiento civil de nuestra democracia -como ocurre, por ejemplo, en Portugal o en Francia-, la Iglesia no sería un obstáculo para el avance de la sociedad y dejarían de existir curas insurrectos como el tal Santiago Cantera.