La Constitución lo dice bien claro, pero a ellos, acostumbrados a hacer de su capa un sayo, les da igual. España es un país aconfesional, pero políticos de todos los partidos presiden procesiones, condecoran imágenes de santos y vírgenes, les rinden honores gubernamentales o militares cuando mejor les parece y, en definitiva, trasgreden lo establecido en nuestra norma máxima. Son los políticos capillitas. Pero, ojo, no es una desviación exclusiva de la derecha. Políticos capillitas los hay en todos los partidos.
En España se denomina como “capillitas” a las personas proclives a las manifestaciones religiosas externas, procesiones, hermandades, y especialmente a las aficionadas a la Semana Santa. El concepto -y su práctica- está muy extendido sobre todo en Andalucía, pero de hecho puede aplicarse a toda España, incluidas las comunidades históricas. Basta señalar que este año hemos tenido ocasión de escuchar por primera vez saetas cantadas en euskera, al paso de la procesión del Cristo de los Pobres en el mismísimo Bilbao, con letras del escritor y librero vasco Beñat Arginzoniz.
El artículo 16º de la Constitución deja bien claro lo que hay que hacer a este respecto.
Todo eso está muy bien cuando se trata de particulares, aunque no pocos ciudadanos ateos, agnósticos y de otras confesiones, se quejan todas las Semanas Santas por la ocupación que los católicos hacen de las calles, vías y plazas públicas de toda España, estorbando el tráfico, dificultando el acceso a los garajes y domicilios particulares, molestando con el ruido de las músicas y los tambores al vecindario muchas veces hasta altas horas de la madrugada, llenando de cera y desechos las aceras y los pavimentos. Y todo ello con un coste que luego se paga con dinero público, incluidos los impuestos de quienes no participan de esa fe.
Pero lo peor viene cuando los representantes públicos -bien porque quieren hacer ostentación pública de su fe, bien porque consideran que las instituciones que representan deben estar presentes en esas manifestaciones religiosas de una determinada confesión, la católica-, participan en ellas de manera ostensible y oficial, contraviniendo a conciencia lo que dice nuestra Constitución. Y más, cuando esos representantes ponen al servicio de dichos actos confesionales elementos o personal del Estado, como son las unidades y las bandas de música militares pagadas con el dinero de todos.
Ni siquiera con la excusa de que ese trato de favor a la confesión católica se extendiera al resto de las confesiones por igual, sería de recibo esa práctica del “capillismo” político. Porque el Estado, lo dice la Constitución, es aconfesional no solo en relación con una religión, sino con todas.
TRATO DISCRIMINATORIO
Aun así, el trato es desigual y discriminatorio, porque a estos mismos políticos que en cualquier época del año se suman, con el cargo que ostentan y toda la parafernalia de su autoridad, a toda clase de celebraciones y festividades religiosas católicas y especialmente estos días de Semana Santa, jamás se les ve en actos o celebraciones religiosas de judíos, protestantes, ortodoxos, testigos de Jehová, evangélicos, bahaístas, hinduístas, budistas, sintoístas o musulmanes. Y hay que recordar que los ciudadanos españoles o residentes en España pertenecientes a estas otras religiones son alrededor de cinco millones es decir, el 11% de la población. Pero es que los ateos y los agnósticos –que también ellos tienen derecho a decir algo en esta materia- son cerca del 22%. De modo que en España hay casi un 33% de población no católica. Sin contar a los católicos que solo lo son nominalmente, porque no son practicantes, y que representan el 44%.
¿Qué hace el jefe de un Estado aconfesional besando públicamente los pies de un Cristo?
Las autoridades de este país ignoran y agravian con su presencia, participación, colaboración y dotación de medios a las manifestaciones religiosas católicas nada menos que, como mínimo, a un 33% de la población española, que padece este verdadero abuso de autoridad infractor de la legalidad constitucional.
DESFACHATEZ DE TODOS LOS COLORES
La desfachatez de los dirigentes políticos de uno y otro signo, contraviniendo la aconfesionalidad establecida en la Constitución, es palmaria, pese a las protestas, quejas y denuncias de ciudadanos y organizaciones laicas. Con vergüenza ajena asisten de nuevo este año muchos ciudadanos disconformes, a los hechos consumados de la decisión de la ministra de Defensa de ordenar banderas a media asta en todos los acuartelamientos, instalaciones militares y dependencias del ministerio durante todo este fin de semana “por la muerte de Cristo”. Los mismos gobernantes que están comidos por la corrupción o mienten en sus currículums, patronean pasos religiosos o participan en devotos besapiés. Hemos visto a María Dolores de Cospedal dar la salida a la procesión del Cristo de la Brigada Paracaidista y a cuatro ministros del Gobierno, entre ellos, el de Justicia, asistir a la procesión del Cristo de los legionarios.
Pero los gobernantes del PP no son los únicos. Ahí tenemos al mismísimo Rey, Felipe VI, en el besapié del Cristo de Medinaceli, en el que hemos visto también a la ínclita Cristina Cifuentes. O al alcalde gaditano de Podemos, José Mª González “Kichi”, procesionando con el Nazareno de su ciudad, después de haberle dado la medalla de Cádiz a la Virgen del Rosario. O Susana Díaz, tan amante del Rocío y miembro de la Hermandad de la Esperanza de Triana, de la que es costalero su marido; la presidenta participa activamente en la Semana Santa, incluso llevando coronas de flores con la leyenda PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA pagadas por todos los andaluces; sin contar que la televisión pública andaluza, que ella controla, se pasa toda la Semana Santa retransmitiendo procesiones día y noche. O Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura, hermano de la Cofradía del Descendimiento de Olivenza, capataz del paso de la Soledad, que asiste y participa en nombre de la Junta en estas y en múltiples procesiones católicas, como la de la Virgen de la Montaña en Cáceres, o la de la Virgen del Campo en Aliseda y, como su antecesor, el muy capillita (solo para unas cosas, claro) Monago, cuelga las fotos y difunde estas informaciones en la web oficial de la Junta de Extremadura que pagan todos los ciudadanos. Y, como ellos, muchos más, incontables, participando en procesiones, otorgando medallas honoríficas a vírgenes y a santos y cosas por el estilo, como el que fue alcalde socialista de Sevilla, Monteseirín, o el actual alcalde socialista de Valladolid, Óscar Puente, o el que fue ministro del Interior, Fernández Díaz, o el actual, Juan Ignacio Zoido…
NORMATIVA CLARA
La normativa que establece al respecto la Constitución española, y que estos mismos políticos aplican rigurosamente en unos casos pero en otros no, dice claramente en su artículo 16º párrafo 3º:
Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.
Y, por analogía, cuando dice “las demás confesiones”, incluye de manera tácita a ateos y agnósticos a los que no se respeta en absoluto, concernidos también, y quizá más que nadie, por esta transgresión intolerable de la aconfesionalidad del Estado que practican estos dirigentes capillitas.
Las quejas y denuncias de las entidades laicas son constantes, sin que, como ocurre con la corrupción, eso sirva para detener el abuso. Este año, incluso el Defensor del Pueblo, ante la denuncia de un ciudadano, se ha visto obligado a advertir públicamente que este tipo de comportamientos atentan contra el principio de la aconfesionalidad del Estado. Pero hay quien va más allá y considera que debería presentarse denuncia judicial contra quienes, además de infringir ese mandato constitucional, utilizan fondos públicos para costear los gastos que eso conlleva.
Es este un aspecto de la práctica institucional española que no casa ni con la modernidad de nuestro país ni con lo que es común en Europa. En Francia, país laico por excelencia, sería intolerable una conducta de este tipo. Y lo mismo puede decirse de Gran Bretaña, Países Bajos, Alemania o Portugal.
(Las fotografías que ilustran este artículo proceden de diversos medios, redes y foros, a los que expresamos nuestra gratitud).