Hay un aire de rebelión contenida en el seno de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado por las medidas que viene tomando el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en los últimos tiempos, unas, derivadas de decisiones del Gobierno y otras, del propio departamento. Tal es la indignación y tan crispados están los ánimos, que los representantes policiales han emitido durísimos comunicados y han llegado a plantar a la cúpula policial en reuniones convocadas al efecto, y advierten del peligro que corre la ciudadanía por la inseguridad que crean estas medidas.
Fuentes policiales tildan de inexpertos, bisoños y torpes –no reproducimos la literalidad de los calificativos por respeto a los lectores- a los miembros políticos de la cúpula de Interior. “Son peores que los de la etapa de Jorge Fernández Díaz, que ha sido una de las peores que hemos padecido”, señalan estas fuentes. Las gotas que han colmado el vaso –sin ser, sin embargo, los asuntos de mayor calado- han sido, por un lado, la orden de refuerzo de la seguridad del aeropuerto de El Prat, después de haber privatizado estos servicios en este como en el resto de los aeropuertos españoles, en una comunidad, además, como Cataluña, donde las fuerzas de seguridad estatales se sienten repudiadas por el soberanismo y la Generalitat, y abandonadas por la autoridad central; “como lo prueba el hecho de nuestros bajos salarios, la falta de incentivos, el descenso constante del número de efectivos, por la gente que se marcha o se jubila y cuyas bajas luego no se cubren, dejando muy menguadas las plantillas”, añaden nuestros informantes. Y, por otro lado, las recientes avalanchas de inmigrantes subsaharianos por el paso fronterizo de Ceuta, no saltando vallas o eludiendo controles, sino haciéndolo a la carrera por la propia aduana, sorprendiendo, con una maniobra tan elemental como previsible, a las escasas fuerzas que custodiaban el paso y, sobre todo, a la autoridad política, que es la que debe prever este tipo de situación y establecer planes en previsión de tales contingencias.
Los contados agentes que a esa hora de la noche prestaban servicio en el paso fronterizo, algunos de los cuales resultaron gravemente heridos, se vieron literalmente arrollados por varios centenares de inmigrantes desesperados que lograron pasar a la carrera. El resultado de este nuevo fallo es imputable, en primer lugar, como señalan estas fuentes, a la escasez de las plantillas que se ocupan de una cuestión tan delicada, pero, sobre todo, a la falta de previsión de la Delegación del Gobierno.
ESCÁNDALO MINISTERIAL
Con todo, no son estos dos problemas los más graves a los que se enfrentan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Uno de los mayores escándalos políticos con repercusión en la Policía y la Guardia Civil se produjo a mediados de junio, cuando el Gobierno, para atraerse los votos del PNV a fin de aprobar los presupuestos generales del Estado, cedió a la Ertzaintza competencias reservadas en exclusiva por ley a la Policía Nacional, competencias que semanas más tarde fueron también cedidas a los Mossos d´Esquadra, en unos desesperados intentos de última hora del Gobierno de Mariano Rajoy de contentar a la Generalitat en medio de la deriva soberanista. Ante estos hechos, la Confederación Española de Policía (CEP), la Unión Federal de Policías (UFP) y el Sindicato Profesional de Policía (SPP), es decir, la práctica representación sindical al completo de la Policía española, emitían uno de los comunicados más duros que recordamos contra el Ministerio del Interior y contra el Gobierno, comunicado que, por su interés, reproducimos íntegro al término de esta información. En resumen, el Gobierno ha dado acceso a ambas policías autonómicas a la división de coordinación internacional que en Madrid canaliza todos los asuntos de seguridad de interés para España en relación con Interpol, Europol y la oficina Sirene (Schengen). Esto, según fuentes policiales nacionales, representa un grave paso atrás y una injerencia en asuntos que no son competencia de las policías autonómicas, y que están reservados por ley a los cuerpos nacionales. “Es como si en Estados Unidos el Gobierno diera acceso a la policía de un Estado determinado a cuestiones de dimensión internacional reservados a las agencias nacionales, como el FBI o la CIA”, señalan estas fuentes.
La torpeza del titular de Interior y de su cúpula supera a la de sus predecesores, según fuentes policiales.
Con posterioridad a estos hechos, se ha sucedido una cadena de medidas políticas que ha terminado de exacerbar la indignación de los cuerpos de seguridad españoles. Entre ellas destaca la remodelación en Interior ejecutada, por sorpresa y sin contar con ambos cuerpos, a finales de julio pasado. En la Policía y en la Guardia Civil caía como una bomba la noticia de que el ministro Zoido había eliminado de un plumazo la figura del director general operativo en uno y otro cuerpo, un puesto reservado hasta ahora a un mando policial y a un mando de la guardia civil del máximo rango. A partir de esa medida, el enfoque y las decisiones quedan al albur de políticos y no de profesionales, “gente sin experiencia ni preparación alguna en materia de seguridad, como el director general de la Policía, Germán López Iglesias”. Y no solo por lo que afecta al fondo. La bomba ha sido también por las formas. Por ejemplo, al número dos de la Guardia Civil, el general Pablo Martín Alonso, se le cesó telefónicamente, sin que cuarenta y ocho horas después hubiese recibido al menos una llamada del ministro Zoido. La indignación policial rebasó todos los límites, hasta el punto de que, al día siguiente, los cuatro sindicatos policiales mayoritarios, por unanimidad se levantaron de la reunión convocada por el ministro Zoido y daban plantón a la cúpula de Interior, por lo que consideran una reforma puramente política y no profesional de la Policía española.
LOS PEOR PAGADOS
Así las cosas, y siendo los cuerpos nacionales los peor pagados del país, a pesar de que sobre ellos recae el peso principal de la seguridad ciudadana y nacional aun en las comunidades que cuentan con policía propia, a ellos es a los que más se les exige y, desde luego, los que ostentan un mayor nivel de eficacia. Por término medio, un guardia civil y un policía nacional cobra entre 900 y 1.000 euros mensuales menos que un ertzaina o un mosso, e incluso menos que los policías locales de muchas zonas. En estas condiciones de precariedad –que no solo afecta al salario, sino a muchas otras circunstancias de su trabajo- la Policía y la Guardia Civil mantienen a España a salvo del terrorismo y logran una resultados de seguridad ciudadana entre los mejores del mundo. Pero esta situación no se puede mantener por mucho tiempo más. Si todavía no se han visto afectados los servicios es por el sentido de la disciplina, la responsabilidad y la profesionalidad de la Policía y la Guardia Civil. Pero conviene atajar el problema de manera prioritaria, antes de que se resienta uno de los pilares en los que descansa nuestra democracia y la envidiable convivencia en seguridad de nuestro país, y cuyo mérito es, sobre todo, de dichos cuerpos.
