Todavía no había cumplido dos años en el cargo y, aunque muchas medidas imprescindibles para la ciudadanía no habían sido tomadas por el Govern, enfrascado en el delirio de su «republiqueta», en cambio, el retrato oficial de Carles Puigdemont figura puntualmente en todas las instituciones y dependencias de la Generalitat y los ayuntamientos catalanes. Una muestra más de derroche y culto a la personalidad, incompatible con los tiempos que vivimos.
Con motivo de la huida de Carles Puigdemont a Bélgica y el seguimiento que los periodistas gráficos hicieron de su paradero en los primeros momentos, se ha popularizado una imagen reproducida por diferentes medios, en la que se ve un retrato oficial del ya expresident colgando de la pared de una dependencia de la Generalitat, como un símbolo de la dejación de sus responsabilidades y de su truculenta fuga. Hasta ese momento no podíamos imaginar que algunos presidentes autonómicos –no sabemos cuántos son y animamos a nuestros lectores de toda España que hayan podido verlos en sus respectivas autonomías para que nos faciliten fotos e información de esos retratos colgados en despachos y dependencias- hayan llevado el ridículo culto a la personalidad al extremo de distribuir su retrato oficial por las instituciones, organismos y dependencias oficiales de su región. Cataluña es una de esas regiones, mientras que en otras, como en Andalucía, esa práctica no existe.
El culto a la personalidad del Rey y de los presidentes nos sale demasiado caro a los ciudadanos.
Ya es ridículo que un presidente autonómico se haga un retrato oficial para entregar a sus visitas y para distribuirlo por su comunidad. Ni siquiera debería caer en esta práctica el jefe del Estado, fuera, si acaso, de la estricta docena de las altas instituciones nacionales donde su efigie pueda estar justificada. Pero es que, además de ridícula esa especie de trasnochado culto a la personalidad, tal costumbre es carísima y, de hecho, hay responsables institucionales que prescinden de admitir retratos oficiales para dedicar esos fondos a cuestiones de utilidad. Por ejemplo, según publicaba El País hace algún tiempo, el alcalde socialista de El Catllar (Tarragona), un pueblo de poco más de 4.000 habitantes, se negó a encargar el retrato del rey Felipe VI tras la abdicación de su padre, porque el coste es de «80 o 90 euros y tenemos otras prioridades en las que gastarnos el dinero». En cambio, colgó el retrato de Puigdemont «porque –dijo- nos lo envían gratis desde la Generalitat».
El culto a la personalidad de los gobernantes catalanes viene de atrás y este alcalde muestra en una imagen publicada por dicho periódico el almacén donde tienen guardados los retratos oficiales de otros expresidentes, como José Montilla y Artur Mas, que durante años presidieron el salón de plenos junto al del rey Juan Carlos, en una especie de polvorienta galería de trasnochados notables.
En Cataluña hay 947 municipios, pero las instituciones, dependencias, agencias, empresas públicas, colegios, etc. dependientes de la Generalitat son muchos más. Si calculamos que pueda haber en dicha comunidad no menos de 4.000 centros oficiales municipales y autonómicos con retrato de Puigdemont –como antes de sus antecesores-, y si el cálculo de coste del alcalde citado es correcto, tendríamos que cada vez que cambia el president, solo los retratos oficiales en esa comunidad representan un gasto de cerca de medio millón de euros. Y esto, multiplicado cada cuatro años por el número de autonomías que hacen lo mismo. Otro escándalo de despilfarro inadmisible.