Cada vez se hace más patente que si los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado hubiesen actuado antes en Barcelona –cosa que les fue impedida por los Mossos d´Esquadra presuntamente por orden del presidente de la Generalitat y de su consejero de Interior- posiblemente se habrían podido evitar los atentados de Las Ramblas y Cambrils, y el mucho más grave que los terroristas preparaban contra la Sagrada Familia y que casi con toda seguridad se hubiese consumado de no haberse producido accidentalmente las explosiones de Alcanar.
Si lo denunciado hoy conjuntamente por las organizaciones profesionales mayoritarias de la Policía Nacional y la Guardia Civil –el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardia Civiles (AUGC)- es cierto, puede haber indicios de criminalidad en la actuación de la Generalitat a través de su máximo responsable, el presidente Carles Puigdemont, y del consejero de Interior, Joaquim Forn, en la fallida prevención, neutralización y evitación de los atentados de Barcelona y Cambrils.
En un inusualmente duro comunicado hecho público hace unas horas por ambas organizaciones policiales se denuncia, en primer lugar, “la exclusión y aislamiento sufrido por ambos cuerpos durante la investigación y la gestión del atentado sufrido en Barcelona el pasado jueves”.
El comunicado señala que, “una vez más, la debilidad de las instituciones y de los responsables políticos de nuestro país, ha provocado que la experiencia, y la estructura a nivel nacional presentes en la Policía Nacional y en la Guardia Civil en el ámbito de la lucha antiterrorista, haya sido marginada de forma dolosa en la investigación, con un único objetivo: el de trasmitir una imagen al exterior de nuestras fronteras de un estado catalán “autosuficiente”, instrumentalizando para ello sin ningún tipo de reparo la seguridad pública, asumiendo por ende los errores y consecuencias que de esta praxis puedieran derivarse”.
Las organizaciones de los cuerpos de seguridad nacionales firmantes del escrito, detallan, entre otras cosas, que se impidió el acceso de los TEDAX de la Guardia Civil a la casa de Alcanar tras la explosión. Estamos convencidos de que, de haber actuado a tiempo la Guardia Civil, se habría dado una alerta antiterrorista esa misma noche, imposibilitando o dificultando el atentado que tendría lugar en las Ramblas diecisiete horas después. El escrito de ambas organizaciones profesionales que manifiesta el sentir de decenas de millares de agentes de ambos cuerpos, al reiterar su apoyo y elogios públicos al trabajo llevado a cabo por los Mossos d´Esquadra después de los atentados, están exculpando tácitamente a los agentes de la policía catalana de la responsabilidad de tales decisiones, y señalando, indirecta pero claramente, a la Generalitat –por las presuntas órdenes dadas en este sentido-, y al Gobierno de la nación y al Ministerio del Interior –espantados por la deriva soberanista-, por la creciente dejación de funciones que desde hace años vienen realizando en materia de seguridad en Cataluña.
PRESUNTO DOLO
Hay en el comunicado de ambas organizaciones policiales nacionales un aspecto importantísimo a la hora de depurar responsabilidades por lo sucedido en Barcelona y Cambrils, no ya por los atentados en sí, sino por el cúmulo de fallos, descoordinaciones, faltas de cooperación, exclusiones premeditadas, presuntas directrices de no contar con las policías nacionales, etc., que posiblemente dieron lugar a que los terroristas, aun fallando en su empeño primero de volar la Sagrada Familia, tuvieran éxito incluso en sus acciones impovisadas de Barcelona y Cambrils, asesinando a quince personas e hiriendo a más de cien, todo lo cual puede ser achacable a los cargos públicos catalanes que establecieron las pautas o emitieron las órdenes correspondientes a la policía catalana. Este aspecto es el que se refiere al dolo. El comunicado denuncia con total claridad la “forma dolosa” en que, según las organizaciones firmantes, la Policía Nacional y la Guardia Civil fueron excluidas de las investigaciones, dolo que, evidentemente, no puede ser atribuido a los Mossos d´Esquadra –que reciben órdenes de los dirigentes políticos catalanes-, sino a estos últimos, es decir, al presidente de la Generalitat y al consejero de Interior.
El Fiscal Superior de Cataluña debería actuar de oficio ante la denuncia pública de las organizaciones mayoritarias de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
El Código Penal señala en su artículo 5º la atribución de la responsabilidad penal según haya habido dolo o imprudencia. Eso nos lleva al artículo 10 del citado código, que establece textualmente: “Son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley”. Y los artículos siguientes son determinantes en este sentido y pudieran ser de aplicación a lo que se denuncia en el citado comunicado.
Según relevantes fuentes jurídicas consultadas por nuestro periódico, la imputación tácita a los dirigentes de la Generalitat de la “forma dolosa” que formulan las organizaciones firmantes del comunicado –millares de agentes de la ley- pudiera dar lugar a la apertura de un procedimiento para depurar posibles responsabilidades por lo ocurrido en Cataluña. En este sentido incluso se podría pedir que el Fiscal Superior de Cataluña actuara de oficio. Porque esta farsa ha llegado ya demasiado lejos y no puede costar la vida de más personas. Así de claro.
