Mientras en otro país democrático cualquiera se hubiera interpretado la detención de los cabecillas de la sedición catalana como algo que había que haber hecho hace mucho tiempo, aquí surgen numerosas voces desde el buenismo y la contemporización, que dicen que la juez Lamela ha sido excesivamente severa. ¿Cabe mayor flexibilidad y paciencia de un Estado, que admite el anuncio de la comisión de un delito a fecha fija y asiste impávido a sus preparativos y a su financiación con dinero público? Por fortuna, la autoridad se ha impuesto finalmente.
¿En qué país democrático se hubiera permitido lo acontecido en Cataluña durante años, sobre todo, a partir de la consulta ilegal del 9-N, por la que se le ha impuesto a Artus Mas y a su grupo una fianza de 5,2 millones de euros? ¿Qué país democrático permitiría sin actuar el anuncio de la comisión del peor de los delitos a fecha fija por parte de sus autores? El Estado ha sido demasiado blando durante los últimos años y por eso ahora parece dura una decisión judicial basada solo en el Derecho.
Los buenistas sostienen que hubiese sido «mejor» no encarcelar a estos presuntos delincuentes.
Carles y Cia, como Alicia, creían vivir en un ilusorio país de las maravillas independentistas, y se han topado –por fin, ¡ya era hora!- con el país de la autoridad que se presume en cualquier Estado democrático. Es la benignidad garantista del Estado, la inacción de Rajoy y el buenismo de tantos lo que ha puesto las cosas en la situación crítica en que nos encontramos, en la que parece que las medidas legales son el problema cuando en realidad son la solución.
A estas alturas de la comedia de la republiqueta, todavía hay ciudadanos y políticos que abogan por el buenismo y dicen que «lo mejor» hubiera sido no encarcelar a los sediciosos hoy presos. La de Guillermo Fernández Vara –que siempre pone velas al mismo tiempo a Dios y al Diablo y, al final, no solo no consigue quedar bien con nadie sino que además exhibe, sin darse cuenta, la pasta de la que está hecho- ha sido una de estas voces. ¿Alguien concibe que Alemania o EE.UU. hubiesen tolerado la consulta ilegal de sedición del 9 de noviembre de 2014 organizada por Artur Mas, y después hubiesen permitido sin hacer nada otros tres años de deriva independentistas al margen de la ley y con el despilfarro de decenas de millones de euros de dinero público? Estoy seguro que cualquier otro país democrático ni siquiera hubiera permitido aquella llamada consulta, que fue un referéndum de independencia en toda regla. De haberlo prohibido Rajoy y de haber actuado el Gobierno en consecuencia entonces, hoy no estaríamos en este abismo, porque, entre otras cosas, no se habría llegado al extremo penal de estas conductas. Lo que se hizo años antes con el llamado plan Ibarretxe indicaba claramente la pauta a seguir en el caso de Cataluña. Pero Rajoy dejó pudrir la situación de manera temeraria, casi suicida.
La autoridad del Estado ha tardado en imponerse, pero al fin lo ha hecho, y con todas las consecuencias.
Y hoy, cuando el Estado de Derecho impone su autoridad, cuando por fin empieza a solucionarse el asunto por la vía de la legalidad –que no otra cosa son las medidas adoptadas por la juez Lamela en relación con los sediciosos encarcelados-, vuelven a surgir las voces de estos papanatas del buenismo, que siguen dando alas a los que infringen la ley. Ni siquiera puede invocarse, para criticar las decisiones de la Audiencia Nacional, la del Supremo de dar un poco más de plazo para que los imputados del Parlament puedan preparar su defensa. Primero, porque la defensa se puede preparar aunque se esté en prisión. ¡Estaría bueno que todos los delincuentes tuvieran que permanecer en libertad hasta que sus abogados terminasen de preparar sus defensas! El absurdo es monumental. Y segundo, porque la discrecionalidad que el Estado atribuye a los jueces permite que, ante un mismo caso, un magistrado actúe de una manera y otro de otra, siendo, las dos, perfectamente aceptables en derecho. Quien sostenga lo contrario ignora las bases de nuestro –y de todo- ordenamiento jurídico.
DELITOS
Si dos individuos alientan a una masa enardecida que cerca a una docena de guardias civiles y a una secretaria judicial en el cumplimiento de sus funciones, encerrados en una institución sin dejarles salir durante casi un día entero; si esa masa destroza tres vehículos de la Guardia Civil y roba presuntamente el armamento que se guardaba dentro; y si aquellos dos individuos se suben al techo de los coches destrozados y desde esa plataforma hacen alarde de su acción y persisten en su rebeldía destructiva –sin contar otras actuaciones y antecedentes de los llamados Los Jordis-, ¿qué se espera que haga la autoridad judicial? ¿Qué les premie?
Y si todo un Parlament, un Govern y el grupo mayoritario en la Cámara llevan años infringiendo la ley, desobedeciendo a la Constitución y a su propio Estatuto de Autonomía, hasta el punto de que con dinero público, prevaricado y malversado, se atreven a convocar un referéndum de independencia y a proclamar una república independiente, y todo ello contra más de la mitad del electorado y la población catalana, ¿qué tiene que hacer la autoridad judicial? ¿Felicitarles por sus ejemplares acciones?
España es un país con la autoridad hoy recuperada –por fin- frente a los delincuentes del independentismo y este es un acontecimiento inédito en décadas, que los ciudadanos inteligentes y honrados hemos de celebrar, aunque lamentemos, lógicamente, el coste social, económico y político que eso tiene. Un país donde el Estado de Derecho funciona es un país digno de sus ciudadanos. Poner a buen recaudo a presuntos delincuentes, sean políticos, policías, atracadores o socialités, cuando hay indicios claros de delito, no es una opción, sino una obligación de los magistrados. Al mismo tiempo que entraban en prisión los sediciosos catalanes, el Estado detenía, por blanqueo de capitales y cohecho, al excomisario Villarejo, a su mujer y al excomisario Salamanca, que fue el jefe policial del aeropuerto de Barajas nada menos, y se revocaba, por reincidencia, la suspensión de la condena de Fernando, el hijo de Ortega Cano. Son ejemplos no baladíes, que indican que la Justicia es igual para todos, al margen de sus credenciales. Del mismo modo, está en prisión otro presidente de Comunidad, Ignacio González, que lo fue de la de Madrid; o pasó varios años entre rejas un líder separatista vasco llamado Arnaldo Otegui, sin contar los numerosos políticos, militares, policías, altos cargos, altos empresarios y hasta jueces que han cumplido o cumplen pena por sus delitos. Y no ha pasado nada. Porque la ley es igual para todos y los independentistas catalanes –que han cometido, además, (presuntamente) los peores delitos que puede cometer un político en ejercicio, que son intentar quebrar la unidad de España y financiar ese dislate con dinero público- no pueden ser una excepción.
Así que yo les pido a estos buenistas españoles –con los populistas ni lo intento, porque esos sí que son un caso perdido-, buenistas de los que Fernández Vara es un cándido prototipo, que se alegren de que España haya recuperado por fin la autoridad perdida, den por buenas las resoluciones de una juez valiente e independiente, apoyen el Estado de Derecho y se dejen de zarandajas que solo dan alas a los delincuentes. Puigdemont y los suyos no son, ni mucho menos, Alicia en el país de las maravillas. Y ahora, al despertar de su delirio, han descubierto que España es, como no podía ser menos y como lo son todos los países democráticos del mundo, un país con autoridad.