Es urgente renacionalizar lo privatizado

No se debe entregar a la empresa privada ni un servicio público más

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La Guardia Civil es mucho más eficiente. APROGC
La Guardia Civil es mucho más eficiente. APROGC

El caos que vive el aeropuerto barcelonés de El Prat es solo una muestra de las graves consecuencias que tienen para la ciudadanía las privatizaciones de los servicios públicos efectuadas por los gobiernos de la derecha. La ciudadanía reclama mayoritariamente la renacionalización de lo privatizado y la prohibición de privatizar ni un servicio público más.

Los intentos de privatizar los Registros Civiles son el último síntoma de este afán privatizador del Gobierno de la derecha, que está entregando –casi siempre a precio de saldo- los servicios públicos esenciales, muchas veces a empresas propiedad o dirigidas por amigos y parientes, y, en ocasiones, a cambio de mordidas. La privatización de hospitales en comunidades gobernadas entonces por el PP, como Valencia o Madrid, han puesto de manifiesto los circuitos de corrupción en los que se mueven este tipo de operaciones y la automática bajada de nivel de las prestaciones, con grave peligro para la salud de los ciudadanos, que cuando necesitan una atención verdaderamente profesionalizada, han de ser derivados del hospital privatizado a uno público. Lo mismo pasa con la seguridad de los aeropuertos, entregada temerariamente a empresas privadas que lo primero que defienden es, los empresarios, el beneficio, y los trabajadores, su salario, y que, cuando se llega a problemas tan graves como los que vive El Prat, en los que los ciudadanos se convierten en rehenes de unos y de otros, al final hay que echar mano de los de siempre, es decir, de los servidores públicos, en este caso, de la Guardia Civil, con la cual –como con la Policía- nunca antes hubo problemas en ningún aeropuerto. Y eso que sus agentes no puede decirse que estén bien pagados.

Las autopistas se quedan los beneficios pero socializan las pérdidas. FACUA
Las autopistas se quedan los beneficios pero socializan las pérdidas. FACUA

Servicios esenciales para el funcionamiento de las ciudades, como el agua, están privatizados desde hace muchos años en nuestro país, generando pingües beneficios a empresas privadas cuyo servicio en ocasiones deja mucho que desear y que han de recurrir a la ayuda pública cuando ocurre una emergencia. Y qué decir de la generación y distribución de energía, que produce beneficios de miles de millones a las eléctricas, las mismas compañías que cortan el suministro a familias pobres o que, con la aquiescencia del Gobierno, prorratean entre todos los españoles los costes de sus errores. Países tan avanzados como Alemania, conscientes de los riesgos que supone dejar en manos privadas servicios esenciales para la comunidad, están nacionalizando o municipalizando de nuevo, por ejemplo, las redes eléctricas y las de producción y distribución de agua potable, un proceso de recuperación del sector público que empezó hace una treintena de años en dicho país y que tiene un enorme éxito, con un servicio mucho más eficiente y una menor factura para los ciudadanos.

EL CASO DE LAS AUTOPISTAS

Un ejemplo claro de cómo los servicios se privatizan tan ricamente cuando son muy rentables, y cómo se echa sobre las espaldas de los contribuyentes las pérdidas cuando el negocio flojea, es el de ciertas autopistas españolas. Construidas sobre cálculos muy optimistas de número de usuarios y concebidas como un negocio de los buenos, cuando tienen beneficios estos van a los bolsillos de unos cuantos, pero si tienen pérdidas, las cargan sobre todos los españoles. Esto es lo que ha pasado con ciertas autopistas de peaje, que nos han costado a los contribuyentes alrededor de seis mil millones de euros, consecuencia de lo que se ha llamado “delirio megalómano de la era Aznar”.


Las privatizaciones deterioran los servicios y exponen al país a graves riesgos.


Y la cosa no acaba ahí. Las privatizaciones de servicios esenciales en puertos, aeropuertos, prisiones, etc., ponen en serio peligro el buen funcionamiento de los mismos. El ejemplo de lo que sucede estos días en El Prat es muy revelador. Cuando la Guardia Civil o la Policía atienden la seguridad de un aeropuerto –y eso que los agentes están peor pagados en muchos casos- no suele haber ningún problema; por el contrario, el servicio es mucho más seguro y profesional. En cambio, los empleados de una empresa privada de seguridad, en reclamación de una mejora de sus salarios pueden generar el caos que se está viviendo en el aeropuerto barcelonés, con las consecuencias de los terribles perjuicios para los viajeros y la negativa imagen que se da de España –un país eminentemente turístico- en el exterior.

Hay que recuperar los servicios estratégicos para el país.
Hay que recuperar los servicios estratégicos para el país.

Es hora de que otro gobierno más social y preocupado por la gente cambie las cosas. Si no, cuando nos demos cuenta, toda España habrá sido vendida a precio de saldo, el funcionamiento de los servicios esenciales y estratégicos dependerá de los intereses minoritarios de empresas y empleados, el funcionamiento del país se resentirá y cuando llegue una emergencia de verdad los concesionarios dirán que ellos no estaban preparados para eso.