El delirio de Carles Puigdemont y sus secuaces –no se puede llamar de otra manera a quienes quebrantan la ley- ha alcanzado dimensiones cósmicas con las dos purgas de gobierno que ha hecho en menos de dos semanas, cargándose de un plumazo a los consejeros que dudan de que la aventura soberanista tenga algún cimiento sólido y de que pueda llegar a ningún puerto. Una de las razones que siembran la duda entre políticos y funcionarios concernidos es la económica personal. Nunca como ahora fue tan decisiva la “força del canut” en la toma de decisiones. La desbandada ha empezado.
Este saludo que solíamos utilizar en Cataluña –aún hoy se dice en zonas rurales y en expresiones coloquiales de calle- y se extendió a toda España, “salut i força al canut”, ha terminado de alguna manera convirtiéndose en profético en relación con el desafío soberanista. El “canut” era el antiguo recipiente cilíndrico de cuero o tela donde antiguamente llevaba la gente las monedas. Força al canut -no está de más recordarlo- es el deseo de prosperidad y solvencia dineraria. En la mitología popular catalana canut es símbolo de fortuna. En el imaginario popular catalán y español, los catalanes son gente que tiende a cuidar como nadie su canut. Otro antiguo dicho popular catalán muy extendido antes del euro era la pela és la pela, expresado para manifestar que el interés económico prevalece frente a otras consideraciones. Pues bien, el llamado procés, esa martingala de estos dirigentes delirantes que -ejecutando lo que ya mucha gente llama con sorna en la comunidad autónoma “Operació Rescatalunya´48 horas”, ironizando sobre el despropósito de pretender declarar la independencia en las 48 horas siguientes al referendum si el sí gana por un solo voto, aunque haya votado solo el 10 % del censo- pretenden imponer a toda la sociedad catalana, mayoritariamente contraria a la secesión –como se ha visto en todos los procesos electorales de los últimos años-, empieza a fallar también por el lado del canut.
PATRIMONIOS EN PELIGRO
El primero en manifestarlo claramente ha sido el conseller de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget i Cantons, que hace unos días dijo, refiriéndose a las consecuencia penales y económicas de la deriva soberanista, que él estaba dispuesto a ir a la cárcel, pero no a perder su patrimonio. ¡Ah el canut! Porque la situación delictiva a la que conduce la aventura de Carles Pugdemont, Oriol Junqueras y los suyos, tiene, además de posibles penas de prisión para sus autores y cómplices, dos tipos de consecuencias pecuniarias según fuentes jurídicas. La primera, las multas o sanciones anejas a la propia pena de privación de libertad por la prevaricación. La segunda, la responsabilidad civil por la evidente malversación de los caudales públicos destinados al referendum ilegal. De ambas responsabilidades económicas responden todos y cada uno de los actores con su patrimonio, desde el primero hasta el último. Como dice un funcionario de la Generalitat expresando el sentir de la inmensa mayoría de sus compañeros, “poner tu firma en este asunto es ponerla en la liquidación irreversible de tus bienes y además, para nada, porque el referéndum no se va a celebrar ni Cataluña se va a independizar.”
Altos cargos de la Generalitat y numerosos funcionarios se están echando atrás por miedo a perder sus bienes.
Los Ayuntamientos ya están advertidos. Aquellos que faciliten el censo para el referendum ilegal sufrirán sanciones en las personas de quienes decreten y secunden dicha cesión, con multas de hasta 600.000 euros. Eso, sin contar la responsabilidad civil correspondiente.
EFECTO CANUT
Como consecuencia del efecto de la força del canut, numerosos miembros de todos los niveles del gobierno de la Generalitat, y una gran mayoría de funcionarios, han expresado en público, y sobre todo en privado, su voluntad de echarse a un lado. No van a poner en peligro su patrimonio para secundar algo ilegal que, además, no tiene viso alguno de prosperar. La vía de agua en el procés es tan enorme, que Puigdemont ha tenido que cesar también a otros cuatro miembros destacadísimos de su gobierno; nada menos que a la consejera de Presidencia y portavoz, Neus Munté, la consejera de Educación, Meritxell Ruiz, el consejero de Interior, Jordi Jané, y el secretario del Govern, Joan Vidal de Ciurana.
Las responsabilidades pecuniarias del “procés” pueden arruinar a muchos.

Lo más significativo de esta purga son los ceses de dos consejeros de suma importancia para la ejecución material del referéndum, el de Interior, responsable del operativo de seguridad y jefe natural de los Mossos d´Esquadra, y la de Educación, responsable de poner los colegios a disposición de la consulta ilegal. Ambos han visto muy claras las consecuencias de su implicación y Puigdemont les ha cesado para poner un cortafuegos a la creciente desbandada. El aparente ganador de la jugada es el vicepresidente Oriol Junqueras, líder de ERC. Pero lo que toda esta operación de sustitución de los tibios que temen por su canut pone de manifiesto es la inmensa debilidad de Junqueras. El vicepresidente no se atreve a enfrentar solo al cuestión y quería a su alrededor la unanimidad, a fin de diluir entre todos los miembros del Govern el peligro del canut propio. Pero no lo va a conseguir. Todos y cada uno de los firmantes y responsables de las decisiones ilegales, según juristas consultados por nuestro periódico, incurrirán en prevaricación y malversación de fondos públicos. Y todos y cada uno, aparte de las penas de prisión que pueda corresponderles, responderán con sus bienes.
MAS ES MENOS
El primero que con toda probabilidad va a sufrir en canut propio las consecuencias económicas de sus ilegales y carísimas decisiones es el antiguo president y líder de Convergencia Democrática de Cataluña, Artur Mas. El asunto está ya muy avanzado en el Tribunal de Cuentas que, en aplicación del artículo 38 de la correspondiente ley orgánica, va a pedir que el señor Mas y los que le secundaron en la aventura indemnicen al erario público en la cantidad que los costó a todos los españoles la consulta soberanista del 9-N de 2014, nada menos que 5,2 millones de euros. Eso sin contar los correspondientes intereses. De tal manera que los que en aquel momento firmaron las correspondientes órdenes de organización y ejecución de dicha consulta y sus gastos –el propio Artur Mas, Francesc Homs, consejero de la Presidencia, Irene Rigau, consejera de Educación, y Joana Ortega, consejera de Gobernación- responden de manera solidaria de la correspondiente indemnización. En teoría, cada uno de ellos toca a casi 1,5 millones de euros. Probablemente, en los próximos días el Tribunal de Cuentas impondrá la correspondiente fianza a todos ellos y, en caso de no abonarla, les embargará sus bienes de manera preventiva, para responder de la indemnización a que haya lugar en el probable caso de ser condenados.

Sin duda, es el ejemplo de los primeros cuatro que posiblemente tendrán que pagar de su canut por lo que hicieron lo que ha hecho recapacitar a tantos, de los que los cinco altos cargos del Govern recientemente cesados son tan solo la punta del iceberg. La desbandada ha empezado. De aquí al primero de octubre veremos mucho más.
El pueblo catalán, que es bienhumorado y cachazudo, el mismo que ha acuñado esta ocurrencia de la Operació Rescatalunya´48 h, comenta ahora otra gracieta que empieza a circular ya por la comunidad autónoma en relación a los consejeros y altos cargos que están dando la espantada. El chiste dice textualmente: referèndum no hi haurá pero aquest Nadal el pessebre es va a omplir de caganers. Resumiendo, esta Navidad el belén va a oler a caca más que nunca en Cataluña.
